Urge una nueva política petrolera
Hace 85 años, al enfrentarse en rebeldía las compañías petroleras contra el Estado mexicano, Lázaro Cárdenas decretó la expropiación de sus bienes, poniendo así el petróleo al servicio del desarrollo de México y el bienestar de los mexicanos.
En estos 85 años muchos han sido los altibajos de la industria petrolera: desde un desarrollo en las condiciones y con los objetivos previstos al dictarse la Expropiación hasta serios intentos por revertirla, desde un desenvolvimiento fluido de las cadenas productivas de los hidrocarburos hasta serios deterioros y obsolescencias en las diferentes ramas de la industria provocadas por entreguismo, incapacidades, incuria y corrupción.
Hoy la industria petrolera en el mundo, y la nuestra no se excluye de ello, está inmersa en la crisis ambiental del planeta, que está exigiendo la transición para disminuir la más rápidamente posible combustión de hidrocarburos para dejar su lugar a fuerzas motrices de la industria, los transportes y los hogares que no emitan gases de efecto invernadero; que está exigiendo enfrentar con responsabilidad y firmeza los efectos nocivos del cambio climático. Esta exigencia mundial, y nacional en nuestro caso, llama a la reorientación del desenvolvimiento de nuestra industria petrolera, que significa, al mismo tiempo, su profunda renovación.
A partir de que desde principios de los años 80 del siglo pasado se abandonó la política de prolongación de las cadenas productivas y la integración racional de nuestra industria petrolera, se le orientó a un extractivismo que se ha prolongado ya por más de cuatro décadas, al que se asignó el objetivo de maximizar la obtención de recursos fiscales, con el solo límite del agotamiento de los yacimientos, aun a costa de una irracional sobrexplotación. Así, una parte sustantiva de los recursos obtenidos se ha venido consumiendo en gasto corriente.
Nada ha contribuido al impulso de una industria petrolera racionalmente integrada ni a una diversificada y potente industrialización del país.
Descremar yacimientos para cumplir metas políticas de producción constituye una grave irresponsabilidad técnica y económica, que ha venido dañando por cuatro décadas el patrimonio de la nación. Es tiempo ya de que el Estado mexicano deje de ver los yacimientos de hidrocarburos como una ubre que se ordeña para obtener recursos para gasto corriente y cubrir emergencias. Los recursos del Estado para inversión debieran provenir de una profunda reforma hacendaria, progresiva, y del ejemplo del propio Estado de invertir sus recursos con responsabilidad para generar efectivo crecimiento de la economía y efectivo bienestar de la población, además de que la racionalidad, la transparencia de sus manejos y los efectos benéficos de sus inversiones debieran ser motivo de atracción para la necesaria inversión privada que debe complementar el desarrollo nacional. Al liberar las finanzas públicas del ancla petrolera, podría conciliarse el aprovechamiento de los hidrocarburos también con objetivos de sustentabilidad ambiental y seguridad energética.
Es tiempo, entonces, de otorgar ya a Petróleos Mexicanos autonomía presupuestal y de gestión, dotándolo así de la flexibilidad operativa necesaria para actuar dentro y fuera del país, al mismo tiempo que mejore su transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, asignándole además un mandato de seguridad energética, responsabilidad social, protección ambiental, seguridad industrial y creación de valor.
La conducción de este organismo no debe depender más, como en la práctica sucede, de la visión y decisiones de la Secretaría de Hacienda. La autonomía de Pemex debe hacer que su gobierno se deje cabalmente en manos de su Consejo de Administración, debidamente restructurado para que los consejeros estén plenamente dedicados a la gestión del organismo y no requiera para la toma de decisiones de la autorización de entidades ajenas, como hoy la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por ejemplo, para convenir alianzas. Las decisiones de Pemex debieran tomarse por su Consejo de Administración y corresponder a sus planes de negocios aprobados por el Congreso. Lo mismo puede decirse para el otro organismo principal del sector energético: la Comisión Federal de Electricidad.
La política entreguista centrada en la extracción de petróleo, instrumentada en el país desde los primeros años 80, ha conducido a integrar de manera subordinada nuestra industria energética al área de América del Norte, estableciendo la dependencia de nuestro país respecto a los abastos de gas natural, gas LP, petroquímicos y combustibles.
La contrarreforma de 2013 y 2014, constitucional y en las leyes secundarias, sigue vigente y vigente en consecuencia el riesgo de que a otra administración pudiera ocurrírsele profundizar el retroceso político, económico y de soberanía que ha representado, y la nación perdiera totalmente el control de los recursos del subsuelo. Se requieren ya las iniciativas de ley para poner fin a ese riesgo.
Petróleos Mexicanos debe abandonar el extractivismo orientado a satisfacer necesidades fiscales y limitar gradualmente la extracción de hidrocarburos a los requerimientos del consumo nacional; debe definir con claridad la política de manejo de las reservas, con horizontes de mediano y largo plazos; suspender la quema o venteo de gas a la atmósfera y recuperar este recurso como activo de la propia industria; vincular sus programas de refinación y petroquímica a una política general de energía y de prolongación y diversificación de las cadenas productivas.
Se debe eliminar la condición establecida en el numeral 4 del artículo decimocuarto transitorio del decreto de reforma de 2013, que establece que los ingresos petroleros deben aportar hasta 4.7 por ciento del PIB para cubrir el presupuesto de ingresos de la Federación, obligación en la práctica imposible de cumplir y contraria al párrafo 3° del 27 constitucional.
El gas debe dejar de ser considerado un mero subproducto del aprovechamiento petrolero. Representa actualmente 48 por ciento del consumo primario de energía. Por otra parte, la producción ha caído de 7 mil 31 millones de pies cúbicos diarios en 2009 a 3 mil 910 a finales de 2022. Hoy se cubre con producción nacional sólo 35 por ciento de la demanda interna, y si a esta cantidad se le resta el gas que se emplea en los procesos de Pemex, resulta que se está importando el 90 por ciento del consumo nacional, prácticamente todo de Texas, lo que coloca al país en alto grado de vulnerabilidad.
Es urgente determinar el potencial de los yacimientos no convencionales, en lutitas, de las cuencas de Burgos, Sabinas, Tampico-Misantla y algunos sitios de las cuencas del sureste, al tiempo que se adopta una estrategia de seguridad energética y de asociación de Pemex para producir en el extranjero, invirtiéndose, por otra parte, en plantas separadoras de nitrógeno para disminuir la quema de gas. Debe, además, realizarse una revisión del régimen fiscal respecto a la regalía aplicable, los límites de deducción y la introducción de un porcentaje de recuperación de costos en favor de Pemex, como el que reciben quienes obtuvieron contratos de producción compartida en licitaciones de la administración anterior, y en el caso de la tasa del derecho de utilidad compartida, diferenciar entre hidrocarburos y gas natural no asociado, de modo que éste pueda extraerse, al menos, sin pérdida para Pemex.
Para evitar eventuales arbitrariedades e injusticias, debe abrogarse el primer párrafo del artículo 8° transitorio de la reforma constitucional de 2013, que señala que las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, así como la transmisión y distribución de energía eléctrica, tendrán preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo, elevando así el extractivismo a rango constitucional, desconociendo, entre otras cuestiones, las formas históricas de vinculación no material de las comunidades y de la sociedad con el territorio.
El desarrollo tecnológico ha favorecido el aprovechamiento a gran escala de las energías renovables: viento, sol, la fuerza de las mareas, etcétera, en la industria, el transporte y los usos domésticos y urbanos. Los hidrocarburos, al no ser más su utilización principal la producción de combustibles, a diferencia de lo que algunos sostienen, tienen por delante una vida larga, cuyo aprovechamiento con responsabilidad y cuidado debe prolongarla lo más posible, pues su utilización con mayores beneficios sociales y económicos se encuentra en la petroquímica y en la industrialización en su sentido más amplio.
Ahora bien, sólo podrá haber una empresa petrolera nacional competitiva si está apoyada en una sólida base científica, tecnológica y de capacidad de gestión que puede y debe darle el Instituto Mexicano del Petróleo. Es momento de abandonar la relación de naturaleza estrictamente comercial que se ha impuesto entre Pemex y el IMP, y hacer descansar esta relación en una colaboración y complementariedad que contribuyan a sentar las bases para un desarrollo del sector petrolero energéticamente eficiente, económicamente sostenible y ambientalmente sustentable.
Reivindicar la soberanía nacional sobre los recursos petroleros, consolidar la rectoría del Estado en el sector, fortalecer a Pemex como entidad pública y prepararla para la transición energética, sentar las bases de un sistema sectorial de innovación tecnológica y dar certeza a la inversión privada complementaria, necesitan de un esfuerzo serio y profundo, altamente responsable de presente y futuro, tanto por parte del Estado como de la administración de Pemex. La nación reclama este esfuerzo con urgencia. Sería la mejor forma de conmemorar el 85 aniversario de la Expropiación que decretara Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938.
