Transiciones | La gestión del agua en la frontera con EU: el potencial de los niveles locales
En comparación con otras regiones del país, la gestión del agua en la zona fronteriza con Estados Unidos presenta características muy particulares que influyen en sus formas de gestión tanto binacionales como a los niveles regionales y locales. Por un lado, las ciudades y comunidades fronterizas tienen una relación histórica con sus contrapartes estadounidenses que se traduce ciertamente en contrastes marcados de desarrollo y de esquemas de manejo del agua, pero también en la existencia de redes formales e informales entre las comunidades a cada lado de la línea fronteriza. Por otro lado el modelo político administrativo de facto existente en México se traduce en una hegemonía del nivel federal en la figura de CONAGUA, en todo lo relacionado con la toma de decisiones en torno a la gestión del agua.
En el plano binacional, el Tratado de Aguas signado por México y Estados Unidos en 1944 establece al organismo binacional CILA/IBWC como su instancia operativa, cuyas comisionadas atienden el mandato federal en cada caso, omitiendo por principio a los niveles locales. En las últimas décadas, esta estructura rígida ha tendido a flexibilizarse, sobre todo a partir del surgimiento de los programas binacionales de protección ambiental que siguieron a la firma del llamado Acuerdo de la Paz en la década de 1980, que introdujeron el insumo local en su desarrollo e instrumentación. En este sentido sobresale la sección estadounidense de CILA/IBWC, a través de una creciente interacción con los gobiernos locales y estatales en las entidades fronterizas de aquel país, cosa que no ha sucedido con la sección mexicana en línea con la preeminencia de CONAGUA como el actor central en todo lo referente a la gestión del agua dentro del territorio nacional.
En el ámbito local, existe una dependencia absoluta de los niveles estatales y locales que tienen que ver con el manejo del agua en las regiones correspondientes, en las decisiones, normatividades y proyectos de financiamiento de CONAGUA. Los organismos responsables son prácticamente instancias ejecutoras, y tienden a concentrarse más bien en aspectos técnicos relacionados con el manejo de agua en bloque a las zonas urbanas y agrícolas, y la administración y mantenimiento de los servicios de agua potable y drenaje en las ciudades, así como el tratamiento de aguas residuales.
A primera vista, el panorama local descrito daría idea de una ausencia de capacidades locales para hacer frente a los desafíos que plantea la gestión del agua en la frontera. Sin embargo y a partir de la década de 1980, han ganado presencia grupos de actores tanto fuera como dentro del ámbito gubernamental a ambos lados de la línea fronteriza que mantienen redes formales e informales con sus contrapartes, y de los que han surgido diferentes iniciativas de abordaje y solución a las problemáticas hídricas y ambientales en sus regiones. Esta actividad aunque incipiente, se ha concentrado en los sistemas urbanos binacionales más grandes, como son las regiones Tijuana-San Diego y Juárez-El Paso. Otros estudios han encontrado un potencial importante en la frontera México-Texas, en el conglomerado que forman el Valle del Río Grande con los municipios adyacentes de Tamaulipas.
Para México, las experiencias mencionadas son una muestra de la importancia que ha adquirido la gestión de agua en la frontera con EU, cuyas características y complejidad imponen nuevos retos para un modelo de política hídrica centralizado y limitado al territorio nacional, y la necesidad de reconocer este creciente papel que los actores y los niveles gubernamentales en los espacios subnacionales tienen en el sentido de aportar conocimiento y experiencia a los objetivos y alcances de la política hídrica federal.
Ciertamente ya hay un avance con la firma del Acta 320 que define un marco conceptual para la cooperación binacional en el caso de la cuenca del río Tijuana, pero la instrumentación plena de estos esfuerzos no será posible sin un compromiso real de apertura operativa del modelo centralizado federal que reconozca y fortalezca este recurso.
