Sembrando Vida, evaluación y riesgo
Uno de los programas sociales emblemáticos del gobierno obradorista, y en continuidad con el de Claudia Sheinbaum, es el de Sembrando Vida (SV). La propia presidenta propuso, en la reunión del G20 en Brasil el pasado noviembre, que los países integrantes del bloque destinaran 1% del gasto militar a implementar internacionalmente SV, lo cual significaría la reforestación de 15 millones de hectáreas.
En México SV se anunció en octubre de 2018 para entrar en operaciones en 2019. Consiste en el otorgamiento de tres tipos de apoyo: económico mensual, adicional y en especie para la producción agroforestal. El programa tiene por objetivo atender zonas campesinas con mayores índices de pobreza. Para ser beneficiario se necesita cumplir con cuatro requisitos: ser sujeto agrario en municipios de rezago social, ser mayor de edad, acreditación de la legal posesión del predio, en su mayoría propiedad social (ejido y/o comunidad agraria), o en su caso, un contrato de aparcería, y tener disponibles 2.5 hectáreas para trabajar un proyecto agroforestal. SV intenta cubrir la meta de 1,139 hectáreas a lo largo de 23 entidades federativas. Se enfoca en fomentar prácticas forestales con agricultura, se basa en la introducción de sistemas agroforestales y sistemas de maíz intercalado con árboles frutales, no se permiten modelos silvopastoriles, se considera una extensión o superficie para siembra de básicos.
Las diferencias sociales y regionales relativas a las condiciones específicas de marginación en las comunidades rurales son un reto mayúsculo para la operatividad de SV, hay regiones en las que personas no alcanzan a reunir las 2.5 hectáreas disponibles de forestación que requisita el programa, en otros casos deforestan para llegar a la superficie requerida en las condiciones exigidas, otros donde por contratos de aparcería se dividen propiedades mayores para disponer de superficies susceptibles de recibir apoyo.
Las experiencias han ido documentando la variabilidad de circunstancias que han debido irse resolviendo en campo, algunas de ellas no ha sido posible por razones de omisión, insuficiencia, o de plano contradicción en las disposiciones normativas. Es posible clasificar estas necesidades de solución en dos planos: de carácter operativo-documental y de carácter institucional, la parte operativa tiene que ver con mecanismos prácticos de aplicación del programa, decisiones de origen de insumos, técnicas aplicadas, alternativas o elaboración de documentos requeridos o complementarios; las de carácter institucional tienen que ver con el diseño normativo, reglamentario, de criterios legales y deben ajustarse para hacer posible la asignación de apoyos a familias necesitadas, o al menos evitar o minimizar obstáculos.
Es aún demasiado temprano para que los mecanismos de evaluación puedan ofrecer conocimiento sólido sobre los resultados de SV, sin embargo, en el seguimiento es crucial que los mecanismos de evaluación de tengan referencia fundamental en el grado de disminución de la pobreza de las familias, de ahí la importancia detallada de las caracterizaciones sociodemográficas y que éstas puedan realizarse de manera transversal y longitudinal, es decir, por un lado que se puedan hacer comparaciones entre familias beneficiadas y aquellas que por cualquier razón hayan quedado fuera del programa; y comparaciones a lo largo del tiempo que permitan ir conociendo el efecto que va teniendo SV en el mejoramiento de las condiciones de vida, este conocimiento también será útil para hacer ajustes en la institucionalidad y operatividad del programa.
Por otro lado, un riesgo es persistente, en programas pasados como Pronasol, Oportunidades, Progresa, Prospera, los operadores jugaron un papel protagónico al aprovechar su influencia en la política local y hasta nacional. En SV no existen registros que muestren una supervisión a directivos, operadores y técnicos, esta influencia, poder de decisión y de convocatoria, a la larga genera riesgos de comportamiento sesgado. Sin embargo, y en justicia de la supervisión de SV, es necesario señalar las continuas capacitaciones y revisión del cumplimiento de metas que son registradas a mes trabajado para poder entregar el pago del jornal, las auditorías permanentes de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación sobre el uso de los recursos que en el caso de SV llegan directamente a los grupos comunitarios beneficiados, y finalmente también el registro estadístico de árboles plantados que lleva a cabo la Secretaría de Agricultura y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
*Profesor Investigador
El Colegio de la Frontera Norte, Unidad Mexicali
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