Rompecabezas | ¿Washington planea operaciones encubiertas en México?

Una exclusiva de NBC —basada en funcionarios en activo y exfuncionarios— describe que la Casa Blanca y el Pentágono planifican una misión con tropas y oficiales de inteligencia de Estados Unidos en territorio mexicano para golpear a los cárteles, bajo autoridad de “Título 50” (operaciones encubiertas), con ataques con drones y participación de la CIA. Aclaran que no es inminente, pero el entrenamiento inicial ya empezó y el diseño contempla operar aun sin coordinación plena con México.

Desde febrero pasado, Washington designó a seis cárteles mexicanos (y a los grupos MS-13 y Tren de Aragua) como organizaciones terroristas extranjeras (Foreign Terrorist Organizations, FTO, por sus siglas en inglés), un marco que expande facultades legales para espionaje y acciones encubiertas; la orden ejecutiva que abrió la puerta es de enero. 

En paralelo, el gobierno de Trump lleva más de una docena de ataques letales contra embarcaciones “sospechosas” en el Caribe y Pacífico —con 64 muertos reportados— y sin evidencias públicas detalladas. Este es el tablero donde ahora se coloca la ficha “México”.  

El escenario más reciente pone sobre la mesa el asesinato del alcalde Carlos Manzo, lo que tensó aún más la política interior. En ese clima, la presidenta Claudia Sheinbaum ya había fijado línea en abril: “No a la intervención ni injerencia; México coordina y colabora, pero no se subordina”, respuesta directa a los primeros reportes de drones de Estados Unidos contra cárteles en México. Hoy esa postura choca con la nueva baraja de Washington.  

La jugada de la Casa Blanca redefine el perímetro de la cooperación de seguridad: de apoyo discreto a posibles acciones directas en México. El uso de Título 50 traslada el mando a la comunidad de inteligencia, difumina rendición de cuentas y complica la diplomacia: es más fácil negar, más difícil coordinar. Para la presidenta Sheinbaum, aceptar esa cancha significa pagar el costo político de una cooperación percibida como subordinación; rechazarla pone en riesgo otros expedientes (aranceles, migración, fentanilo). 

El marco jurídico ya cambió… y México llega tarde. Con los cárteles catalogados como FTO, agencias y militares estadounidenses disponen de herramientas de “contraterrorismo” (sanciones, inteligencia ofensiva, persecución extraterritorial). México puede objetar soberanía, pero el andamiaje legal estadounidense ya está activado y se expande a socios y bancos que traten con esas redes. Eso recalibra la cooperación: cada solicitud de información o sobrevuelo ahora puede invocarse como parte de un teatro antiterrorista, no solo antidrogas.  

La campaña de ataques marítimos en el mar Caribe, frente a Venezuela —con decenas de muertos y sin pruebas públicas— generó apoyos y críticas dentro de Estados Unidos. Trasladar esa lógica a suelo mexicano multiplica riesgos: errores de inteligencia, daños colaterales, crisis diplomática en horas. Cualquier incidente en Michoacán, Jalisco o Tamaulipas podría reventar la narrativa de “coordinación” y encender nacionalismo en México. Si Washington opera en silencio y el hecho se filtra, el costo lo paga Palacio Nacional. 

El factor Sheinbaum: entre el “no” público y el “sí” operativo. La presidenta rechazó la intervención en público y, a la vez, amplió vuelos de vigilancia de la CIA y reforzó despliegues y extradiciones, según reportes. Es la ambigüedad necesaria de toda relación asimétrica: cooperar sin ceder bandera. Pero la muerte de Manzo —alcalde incómodo para el régimen por exigir seguridad— desordena el relato y eleva el costo de cualquier concesión a Washington. 

¿Qué quiere Washington realmente?

Disuasión, narrativa doméstica contra el fentanilo en año políticamente cargado para los estadounidenses, y márgenes legales para operar rápido donde la cooperación sea lenta. El mensaje del presidente Donald Trump ha sido duro: México “controlado por los cárteles”, respeto personal a Sheinbaum… pero sin cheques en blanco. Ese discurso ata el tema México a la seguridad nacional estadounidense, elevando cualquier desacuerdo al nivel de amenaza. 

Lo que viene en la frontera política, es que, si Washington formaliza la misión, podríamos observar en el futuro cercano tres escenarios:

1.  Coordinación condicionada: México acepta más ISR que significa Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, es decir: Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento, como bases legales acotadas y líneas rojas (no botas en el suelo), a cambio de alivios en comercio y migración.

2.   Doble pista: negación pública, cooperación técnica silenciosa; alto riesgo de filtraciones y desgaste interno.

3.   Choque abierto: México denuncia intromisión, convoca foros regionales y judicializa sobrevuelos o incidentes. Washington responde con presión económica y campaña retórica.

Y es que, con el homicidio de Manzo como símbolo, cualquier error de cálculo puede incendiar la conversación pública.

La exclusiva de NBC no es una filtración menor: representa una señal clara de la dirección que pretende tomar Washington. La presidenta Sheinbaum puede rechazar públicamente cualquier forma de intervención, pero si la violencia local continúa extendiéndose y los alcaldes siguen siendo blanco del crimen, el costo político y diplomático de mantener esa negativa aumentará cada semana. 

La relación entre México y Estados Unidos entra así en una fase de alta complejidad, donde la Casa Blanca avanza con operaciones encubiertas bajo el Título 50, la prensa internacional vigila los resultados y el gobierno mexicano se ve obligado a definir hasta dónde está dispuesto a cooperar o a confrontar. En este escenario, lo que está en juego no son percepciones, sino vidas reales.