Rompecabezas | Tensión migratoria en ascenso: deportaciones de EU reconfiguran agenda con México
La política migratoria entre México y Estados Unidos atraviesa un nuevo punto de tensión tras el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre la expulsión de más de medio millón de inmigrantes indocumentados, una cifra que se suma a los dos millones de personas que, según las autoridades estadounidenses, han abandonado el país desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
La medida, impulsada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y acompañada por una amplia reestructuración del liderazgo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), confirma la orientación de línea dura que marcará la política migratoria de Washington durante los próximos meses.
De acuerdo con un comunicado de prensa del DHS, 527 000 personas fueron deportadas formalmente, mientras que 1.6 millones optaron por auto-deportarse bajo el programa de “retorno voluntario”, que ofrece incentivos económicos y la aplicación digital CBP Home, mediante la cual los migrantes pueden programar su salida. El esquema, presentado como una alternativa “humanitaria”, ha sido cuestionado por organizaciones de derechos humanos y académicos que advierten sobre un modelo coercitivo disfrazado de voluntariedad.
En el ámbito interno, la decisión refleja divisiones dentro del propio DHS. Reportes de prensa en Washington señalan un enfrentamiento entre dos bloques: uno encabezado por el zar fronterizo Tom Homan y el director del ICE, Todd Lyons, que propone concentrarse en personas con antecedentes penales o con órdenes de deportación vigentes; y otro liderado por la propia Kristi Noem, el asesor presidencial Corey Lewandowski y el comandante de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino, quienes impulsan una estrategia más amplia, dirigida a cualquier persona en situación irregular.
La reestructuración administrativa del ICE —que implica el relevo de directores en oficinas clave de Los Ángeles, San Diego, El Paso, Phoenix, Denver, Portland, Filadelfia y Nueva Orleans— consolida el predominio del segundo grupo y evidencia el intento de Donald Trump por reafirmar el control político sobre el aparato migratorio. El mensaje es claro: recuperar la narrativa de “orden y autoridad” que marcó su primer gobierno, incluso a costa de tensar las relaciones diplomáticas.
Para México, los efectos de esta ofensiva son inmediatos. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezada por Juan Ramón de la Fuente, a mantener coordinación con el DHS y con la red consular mexicana en Estados Unidos para garantizar el respeto a los derechos humanos de los connacionales. Sin embargo, fuentes diplomáticas reconocen que el incremento en las repatriaciones está presionando la capacidad operativa del Instituto Nacional de Migración (INM) y de los albergues estatales, particularmente en los estados de Baja California, Sonora, Chiapas y Oaxaca.
La presidenta Sheinbaum ha sostenido que “México no aceptará medidas unilaterales que vulneren los derechos de las personas migrantes”, aunque su gobierno mantiene la línea de diálogo permanente con Washington. No obstante, analistas advierten que la asimetría de poder entre ambos países podría limitar la capacidad mexicana para condicionar acuerdos o exigir compensaciones por el impacto humanitario y logístico de las deportaciones masivas.
A diferencia de etapas anteriores, el actual contexto político estadounidense combina un discurso electoral de mano dura con una operación administrativa centralizada, lo que multiplica los riesgos para los migrantes mexicanos y latinoamericanos. Al mismo tiempo, aumenta la posibilidad de que México sea empujado a desempeñar el papel de “contenedor” de flujos humanos que Estados Unidos no desea admitir.
Diversos organismos internacionales han advertido que el aumento de deportaciones no resuelve las causas estructurales de la migración —violencia, pobreza y desigualdad—, sino que desplaza el problema hacia el sur. En este escenario, la diplomacia mexicana deberá equilibrar cooperación y soberanía, procurando que la nueva etapa migratoria no se traduzca en una carga unilateral.
