Entre el shock y el riesgo: Cartografía política de seguridad de EU a partir de la alerta en Mexicali

La alerta de seguridad emitida por Estados Unidos el lunes 24 de agosto, en la que advierte a sus ciudadanos suspender los viajes o actividades en Mexicali por “posibles amenazas”, más que una medida preventiva, es parte de la estrategia de seguridad nacional de dicho país que, disfrazada de combate al narcotráfico, busca una mayor intervención en México al proyectar un estado de riesgo latente, tal como lo demuestra su cartografía política.

Las recomendaciones de la alerta incluyeron evitar acercarse a los edificios gubernamentales en Mexicali el 25 de agosto debido a supuestas amenazas que no fueron especificadas. Fue hasta la tarde de ese día que se dio a conocer que las agencias estadunidenses habían interceptado una comunicación del grupo delictivo “Los Rusos”, en la que manifestaban sus intenciones de colocar y hacer estallar artefactos explosivos en dos edificios de gobierno en la capital bajacaliforniana (sedes de la Policía Municipal y de la FGR).

La acción sería una represalia ante el decomiso de 120 kilogramos de pastillas de fentanilo -equivalentes, según las autoridades, a cuatro millones de dosis- ocurrido días antes en una casa de seguridad de dicha célula en Mexicali. Este operativo fue efectuado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal en colaboración con la Administración de Control de Drogas (DEA) de EE.UU.

En un primer momento, las autoridades de los tres niveles de gobierno en México mencionaron que la información sobre las amenazas “no estaba asegurada”, sin embargo, fue notorio el reforzamiento de la seguridad y vigilancia en varios edificios públicos y áreas de gobierno en Mexicali. Incluso hubo algunas dependencias estatales que suspendieron labores. La falta de información clara y oportuna generó un estado de incertidumbre y zozobra entre la población mexicalense. 

Si bien, desde que inició la actual administración de Donald Trump se han decretado cerca de treinta alertas de seguridad específicas para diferentes regiones y estados en México, la de Mexicali tiene características distintas a las anteriores. La mayor parte de estas alertas se relacionan con hechos consumados, ya sea actos de violencia que ocurrieron como respuesta a alguna acción de gobierno en contra del crimen organizado (como pasó tras el abatimiento de “El Mencho” o la captura del “R1”) o por el incremento de clima de violencia e inseguridad en ciertos lugares o regiones del país (narcorretenes, robos, enfrentamientos armados, desapariciones, etcétera).

La particularidad de la alerta en Mexicali radica en dos factores: por un lado, se trató de una amenaza latente con una fecha específica de ejecución; por el otro, la posibilidad de clasificar el acto como terrorismo, dado que preveía ataques con explosivos en instalaciones públicas, lo cual alimenta la narrativa de “narcoterrorismo” del gobierno de Trump.

Estos hechos se pueden interpretar como parte de lo que Naomi Klein llamó la “doctrina del shock”, pues la alerta -real o magnificada- ante un posible acto “narcoterrorista” provocó un estado de conmoción y parálisis social, el cual sirve para legitimar la agenda de seguridad estadunidense: más militarización, más “mano dura” y más intervencionismo. Su efectividad fue notoria al observar múltiples comentarios en redes sociales que agradecían al gobierno de dicho país por la alerta y que solicitaban un mayor involucramiento del mismo en el combate al crimen organizado en el país.

Las alertas de viaje de EE.UU. son un instrumento eminentemente político. No sólo reflejan estadísticas objetivas de riesgo, sino también criterios geopolíticos y geoeconómicos. Esto se puede evidenciar en su mapa de alertas de viaje (https://travelmaps.state.gov/TSGMap/), el cual clasifica a los países del globo en cuatro niveles de riesgo: 1. Ejercer precauciones normales; 2. Incrementar las precauciones; 3. Reconsiderar el viaje, y 4. No viajar.

El mapa sitúa en nivel 4 a naciones consideradas adversarias de EE.UU. como Rusia, Corea del Norte, Venezuela o Irán. En cambio, ubica en categorías de menor riesgo a países aliados que pueden enfrentar riesgos de seguridad similares a otras naciones no alineadas y clasificadas en riesgo mayor. Asimismo, resulta paradójico que la clasificación de máximo riesgo recaiga también en países cuya desestabilización ha sido consecuencia de la política exterior de EE.UU, como Irak, Afganistán, Libia, Siria, Somalia, Nigeria o Haití.

Por otro lado, el único país que tiene una desagregación del riesgo a nivel estado es México. En dicho mapa se coloca en nivel 4 a estados como Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. En nivel 3 sitúa a Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora. El resto de estados se encuentran en nivel 2, salvo Campeche y Yucatán, que están en nivel 1.

Esta clasificación presenta un problema de escala común en la cartografía, el cual también revela una intencionalidad política. Al emplear la escala estatal pareciera que el riesgo es homogéneo en todo el territorio que comprende el estado, sin embargo, si se selecciona una escala mayor es probable que el riesgo resulte heterogéneo territorialmente. Asimismo, es inverosímil que el riesgo pueda cambiar tan drásticamente por el solo hecho de traspasar una frontera estatal, como ocurre en las fronteras entre Tamaulipas (nivel 4) y Nuevo León (nivel 2) o entre Sinaloa (nivel 4) y Nayarit (nivel 2).

Algo distinto ocurre con el mapa de alertas de viaje a México del gobierno de Canadá (https://travel.gc.ca/destinations/mexico), el cual tiene la misma clasificación, pero con mayor detalle espacial. En primer lugar, no asigna a ningún estado el nivel 4. En cambio, hay varios estados clasificados en nivel 3, a los que se añade como excepción determinados lugares en su interior que sitúa en nivel 2 (casos de Mazatlán y Los Mochis en Sinaloa o de Pátzcuaro y Morelia en Michoacán). Lo mismo para ciertas carreteras y aeropuertos. También establece zonas fronterizas con un mayor nivel de riesgo al de todo el estado. Tal es el caso de la franja de 50 km que divide a Jalisco de Michoacán, o la de 20 km que separa a Nayarit de Sinaloa y Durango.

Aun cuando es indudable que existe una grave situación de violencia e inseguridad en varios estados y regiones de México, la cartografía del riesgo de ambos países evidencia sus diferencias en materia de política exterior hacia nuestro país. Para el caso estadounidense el mapa de riesgos es una herramienta instrumental de su Estrategia de Seguridad Nacional (diciembre, 2025), que utiliza el discurso del “narcoterrorismo” y de que el país supuestamente está siendo controlado por los cárteles, como un instrumento de presión política e intervención. De ahí que sea necesario tener una visión crítica respecto a estas alertas de seguridad para poder enfrentar de mejor forma la política del shock con la que nos pretenden paralizar y someter.

*Geógrafo y activista.