Rompecabezas | Revelación que incomoda: Washington, drones y soberanía en la eterna tensión México–EU
A punto de concluir una semana de altibajos en la relación entre nuestro país y los Estados Unidos, cuando el Washington Post publicó que, a inicios del segundo mandato de Donald Trump, funcionarios de la agencia antinarcóticos, DEA, plantearon la posibilidad de ejecutar ataques militares contra cárteles mexicanos, incluyendo la opción de drones sobre laboratorios y operaciones dirigidas a líderes criminales. Según la publicación, esa idea fue discutida en los primeros meses de la administración republicana, cuando varios cárteles fueron catalogados como organizaciones terroristas extranjeras.
De acuerdo con el diario, la propuesta generó alarma dentro del propio Ejecutivo estadounidense y fue frenada tanto por la Casa Blanca como por el Pentágono. Las razones eran claras: implicaba un conflicto frontal con la soberanía de México y carecía de un marco legal sólido que justificara acciones militares directas en territorio extranjero.
Aunque nunca pasó de un ejercicio conceptual, la sola existencia de la discusión es significativa. Washington puso sobre la mesa la posibilidad de intervenir militarmente en México con el argumento de que los cárteles han causado más muertes a ciudadanos estadounidenses que cualquier grupo terrorista en la historia reciente.
Y el dato no es menor: cada vez que en Washington se debate la posibilidad de intervenir en México, se erosiona un poco más la noción de soberanía. La revelación no habla de un escenario abstracto, sino de planes operativos que, en determinado momento, solo necesitaban la autorización política para ejecutarse.
Para México, el mensaje es claro: la seguridad interior sigue siendo vista por Estados Unidos como un asunto de seguridad nacional propio. Y mientras los cárteles sigan afectando directamente a la población estadounidense, las presiones por una acción más contundente estarán presentes.
La reacción desde México ha sido hasta ahora la del silencio prudente. La presidenta Claudia Sheinbaum recibió incluso un elogio indirecto: Derek Maltz, exadministrador interino de la DEA, reconoció sus esfuerzos en incautaciones y arrestos. Sin embargo, el elogio viene acompañado de un matiz: “se debe hacer mucho más”.
Este tipo de declaraciones coloca al gobierno mexicano en un terreno incómodo. Por un lado, presume cooperación con Washington; por el otro, acepta tácitamente que la vara con la que se mide su política de seguridad no es la protección de los mexicanos, sino la cantidad de vidas estadounidenses salvadas.
La relación bilateral en materia de seguridad es asimétrica por definición. Estados Unidos cuenta con los recursos militares, de inteligencia y financieros para imponer el ritmo del diálogo. México responde tratando de equilibrar cooperación con defensa de su soberanía. En los hechos, sin embargo, los márgenes de maniobra son limitados.
Trump ya había insinuado públicamente su disposición a “golpear” a los cárteles en territorio mexicano. Ahora sabemos que la DEA intentó convertir esa retórica en propuestas concretas. El hecho de que no se ejecutaran no significa que hayan sido descartadas para siempre: quedaron archivadas como una opción latente.
El debate se da, además, en un contexto más amplio. Estados Unidos ha realizado en meses recientes operaciones militares contra embarcaciones venezolanas, acusadas de participar en narcotráfico. Caracas denunció las acciones como ilegales y como un pretexto para justificar una presencia militar en aguas caribeñas.
Ese precedente regional aumenta la presión sobre México. La lógica es simple: si Washington justifica intervenciones directas contra “narcolanchas” en el Caribe, ¿qué impediría un día replicar la fórmula en laboratorios clandestinos en territorio mexicano?
Entre la cooperación y la dependencia
El dilema de México es complejo. Aplaudir la cooperación significa mostrarse alineado con Washington, pero también evidenciar dependencia. Rechazarla de manera frontal implicaría arriesgarse a sanciones políticas y económicas. Por eso, la estrategia mexicana suele ser de bajo perfil: reconocer avances, prometer más operativos y mantener abierta la interlocución.
No obstante, esa lógica tiene un costo: México queda atrapado en un juego donde la narrativa dominante la dicta Estados Unidos. La seguridad mexicana se mide en Washington, no en la Ciudad de México.
La revelación del Washington Post debería motivar un debate más profundo dentro de México. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar que la estrategia contra el narcotráfico se defina a partir de los intereses de otro país? ¿Cuál es la política de seguridad nacional propia, más allá de la cooperación bilateral?
Ni en el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador ni en los primeros meses de la presidenta Sheinbaum ha existido un diseño claro de seguridad que trascienda la reacción a las presiones externas. La fórmula parece repetirse: se espera a que Washington exija resultados, y entonces se acelera la respuesta mexicana.
La propuesta de ataques militares contra cárteles en México nunca se ejecutó, pero el hecho de que se discutiera revela la fragilidad de nuestra soberanía frente a las prioridades de seguridad de Estados Unidos. El equilibrio actual se sostiene en elogios condicionados y cooperación vigilada.
El problema de fondo es que México no ha logrado construir una estrategia que dialogue de igual a igual. Mientras eso no ocurra, el país seguirá en la incómoda posición de depender de los tiempos, narrativas y decisiones de Washington.
monique.duran@outlook.com
