¿Por qué Trump enfrenta elecciones con un expediente e investigación abiertos?
En Washington hay investigaciones que nacen para el espectáculo y otras que, sin aspavientos, dejan cicatrices institucionales. La que hoy vuelve a rodear al presidente Donald Trump pertenece a la segunda categoría. No porque esté activa en tribunales, sino porque nunca se cerró. Quedó suspendida. Congelada. En pausa.
Y en política, una pausa no es absolución: es tiempo prestado. Que quede claro…
Con las elecciones intermedias asomándose en el calendario, ese detalle técnico —que el trumpismo intenta minimizar— se vuelve central. El expediente sigue ahí. Documentado. Ordenado. Esperando.
¿Quién es Jack Smith? ¿ por qué incomoda?
Conviene detenerse un momento en el personaje que detonó esta historia: John “Jack” Smith. No es un congresista buscando reflector ni un activista togado. Es un fiscal federal de carrera, especialista en corrupción pública y delitos complejos, que fue nombrado fiscal especial precisamente para investigar asuntos que el sistema considera demasiado sensibles para un fiscal ordinario.
Smith no llegó a improvisar. Llegó con una instrucción clara: investigar si Trump intentó revertir ilegalmente el resultado de la elección de 2020 y si retuvo documentos clasificados tras dejar la Casa Blanca. Y llegó con un perfil que explica por qué su testimonio pesa: ha perseguido casos de alto nivel, incluso en tribunales internacionales. No juega para la tribuna. Juega para el expediente.
Por eso su comparecencia ante el Congreso no fue un alegato político. Fue algo más incómodo: una explicación fría de por qué existían pruebas suficientes para acusar penalmente a un expresidente. Smith no pidió condena mediática. Dejó constancia. Y en Washington, dejar constancia es sembrar minas a futuro.
El dato clave —y el que Trump prefiere que se diluya— es que los casos no se cayeron por falta de pruebas. Se suspendieron porque el Departamento de Justicia sostiene que no se procesa penalmente a un presidente en funciones. No por misericordia, sino por estabilidad institucional.
Dicho sin eufemismos: Trump no gobierna limpio; gobierna protegido temporalmente.
Esa realidad explica su agenda doméstica mejor que cualquier discurso: Necesita un Congreso que funcione como escudo, no como contrapeso. Necesita deslegitimar a fiscales y jueces para que, llegado el momento, el expediente parezca “opinable”. Necesita convertir la investigación en bandera política, no en carga.
Las intermedias, entonces, no son una elección más. Son un plebiscito encubierto sobre si Trump conservará ese escudo.
El 6 de enero: la herida que no cicatriza
El expediente del asalto al Capitolio sigue siendo el más corrosivo porque no es técnico ni administrativo. Es constitucional. Smith sostuvo que Trump sabía que había perdido y aun así impulsó una estrategia para desconocer el resultado, hasta que el conflicto se trasladó a la calle.
Eso no entusiasma a los votantes duros —los reafirma—, pero espanta al electorado bisagra, ese que decide distritos clave en elecciones intermedias. Trump puede ganar ruido; el Partido Republicano puede perder asientos.
Documentos clasificados: el talón de Aquiles
Si el 6 de enero es político, el caso de los documentos es quirúrgico. No hay épica, no hay discurso: hay posesión indebida, ocultamiento y obstrucción. Es el expediente más fácil de reactivar cuando el escudo presidencial caiga y, paradójicamente, el menos defendible ante la opinión pública.
Por eso casi no se habla de él. En política, el silencio también es estrategia.
El problema de fondo no es Trump. Es el mensaje que podría quedar instalado: si logras volver al poder, el sistema congela tus responsabilidades. Eso no rompe la democracia de golpe; la erosiona por acumulación.
Y por eso el Congreso insiste. No para condenar hoy, sino para dejar el camino trazado.
Trump no está apostando a gobernar mejor. Está apostando a llegar a las intermedias con suficientes fichas para que el expediente no avance. La mano no es popularidad. La mano es control.
Porque la pregunta real no es si lo investigan “como criminal”. La pregunta es: ¿cuánto poder necesita un presidente para que la ley tenga que esperar?
