Manifestantes en San Quintín reducen bloqueos tras acuerdos
Luego de más de cinco horas de reunión entre manifestantes y el secretario general de Gobierno del Estado, Alfredo Álvarez Cárdenas, se alcanzaron acuerdos que permitieron destrabar parcialmente el conflicto social en San Quintín, donde de cinco bloqueos carreteros activos solo permanecerán dos, ubicados entre la delegación de San Quintín y Camalú.
Durante el encuentro se acordó la conformación de una comisión integrada por al menos cinco regidores del Ayuntamiento, la cual será la encargada de analizar el proceso de posible destitución de funcionarios municipales señalados por los manifestantes. Dicha comisión revisará toda la documentación que sea presentada, así como los perfiles de quienes podrían ocupar los cargos en caso de que proceda algún relevo.
Uno de los requisitos establecidos es que los nuevos perfiles propuestos deberán ser residentes del municipio de San Quintín.
Como parte de los acuerdos, también se llevará a cabo una auditoría externa al Ayuntamiento de San Quintín, la cual será realizada por personal ajeno a la administración municipal. Los costos de esta revisión serán cubiertos por el Gobierno del Estado, con el objetivo de garantizar imparcialidad y transparencia en el análisis de las finanzas municipales.
Además, se informó que la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado iniciará un expediente para revisar el actuar de la presidenta municipal, Miriam Cano Núñez, en el contexto del conflicto que derivó en los bloqueos.
Conflicto escaló
El conflicto escaló luego de que, tras la ruptura del diálogo entre manifestantes y autoridades municipales, los bloqueos carreteros pasaron de tres a cinco en distintas delegaciones centrales del municipio. Las manifestaciones se instalaron en el kilómetro 190 frente al Centro de Gobierno, frente al Santuario en San Quintín, en el bulevar Primero de Mayo y la carretera Transpeninsular en el Ejido Emiliano Zapata, en Vicente Guerrero, así como en la delegación de Camalú.
En ese momento, la vocera del movimiento, Isela García, solicitó la intervención directa del Gobierno del Estado y de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda para atender el pliego petitorio presentado por los inconformes.
Por su parte, la alcaldesa Miriam Cano había declarado previamente que no modificaría su postura por presiones externas, al asegurar que los señalamientos contra su administración carecen de sustento jurídico y que su gobierno actuaría conforme a la ley, privilegiando el diálogo y los procesos institucionales.
