Mecanismo de respuesta rápida: ¿punto de inflexión?
Editorial La Jornada
El gobierno de Estados Unidos puso en marcha el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) al considerar que hay suficiente evidencia de que Grupo México, de Germán Larrea, violó de manera sistemática los derechos de los trabajadores de la mina San Martín, ubicada en Sombrerete, Zacatecas.
El MLRR está previsto en el tratado de libre comercio entre los países de América del Norte (T-MEC) y se activa cuando uno de los Estados miembro reclama que una empresa de otro país niega a sus empleados los derechos de libre asociación y negociación colectiva. En Sombrerete, la violación se ha prolongado durante 16 años, periodo en que la multinacional ha desconocido la huelga emplazada en exigencia de condiciones laborales dignas y cumplimiento de las normas mínimas de seguridad; ha empleado grupos de choque para apoderarse de las instalaciones; ha operado la mina con esquiroles; y ha entregado ilegalmente el contrato colectivo de trabajo (CCT) a un ente sin representatividad sindical.
Todo ello, pese a procesos judiciales que han escalado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyas resoluciones obligan a Larrea a reconocer la huelga y la titularidad del Sindicato Nacional de Mineros sobre el CCT.
Más allá del caso específico de San Martín, que se aplique el MLRR es un triunfo para los obreros de la industria extractiva, pues abre la posibilidad de invocarlo también en los conflictos existentes en Cananea, Sonora, y Taxco, Guerrero, donde se reproducen situaciones análogas: Grupo México mantiene a los mineros privados de sus derechos y de su fuente de ingresos por un empecinamiento brutal en imponer sus términos por encima de la ley, del sentido común y de cualquier consideración por las vidas de los trabajadores que realizan una actividad intrínsecamente peligrosa.
De manera paradójica, el T-MEC, muchas veces usado por Washington y Ottawa para intervenir en asuntos internos de México y tratar de que los intereses corporativos prevalezcan sobre la soberanía nacional, en esta ocasión representa una oportunidad invaluable para poner coto a los abusos del magnate, quien durante años ha burlado la ley en total impunidad. Cabe esperar que las autoridades laborales mexicanas pongan manos a la obra para asegurarse de que Grupo México corrija las irregularidades señaladas por el mecanismo de respuesta rápida, y que este procedimiento marque un punto de inflexión en las condiciones laborales y de seguridad en toda la industria minera que opera en territorio mexicano.
