Los pactos de impunidad: nos faltan 43

En esta ocasión, los resultados del tercer informe que entregó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en septiembre de 2014 no fueron un escándalo nacional. En esta ocasión, en San Lázaro, no se exigió una investigación más profunda sobre los hechos para castigar a los probables responsables de los delitos cometidos contra los normalistas, pero tampoco surgió el apabullante grito que muchos esperábamos: «¡ya cayó, ya cayó, la verdad histórica ya cayó!» En esta ocasión, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no recibió en Palacio Nacional a los padres de los 43, pero tampoco portó una playera durante su acostumbrada conferencia de prensa «mañanera». Sí, en esta ocasión, el Ejército, la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) guardaron el más profundo silencio. Un silencio que duele, lastima, ofende.

¿Cómo entender que en el gobierno anterior, y lo que va de éste, se haya ocultado información sobre las actuaciones de las fuerzas armadas del país en un hecho por demás trágico y lamentable ocurrido en Guerrero?

¿Cómo comprender el deslinde en estos hechos, del actual secretario de Marina colocando en su lugar, desde el pulpito presidencial, la misma narrativa de siempre: son ideas de nuestros adversarios? ¿Cómo entender que el actual Presidente de la República no responsabilice a un ex presidente nacional si, como mando supremo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, tuvo que tener conocimiento sobre los hechos acontecidos la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre y por los que probablemente tomó una serie de decisiones en torno a esos mismos actos? ¿Qué lógica hay en todo esto? ¿Qué explicación merecen los padres de familia, quienes, por más de siete años, han emprendido una lucha incansable por conocer el paradero de sus hijos? ¿Habría la mínima posibilidad de brindar un poco de respeto a la inteligencia humana?

Desde la aparición del GIEI en nuestro país, aquellos secretos a voces expresados cual murmullos entre vecinos cobraron mayor fuerza y sentido pues, como se sabe, las investigaciones de actores apuntaban a la intervención de las fuerzas policiales y militares en la desaparición de los normalistas. Hoy «otra verdad» se asoma; una verdad que siempre ha estado ahí, a la vista de todos, pero que no ha sido dada a conocer porque los pactos con las fuerzas castrenses que mantienen el statu quo conocido, difícilmente abrirán la caja de Pandora plagada de corrupción y engaños, rasgo distintivo de la justicia en nuestro país.

¿Un hecho tan atroz como este no es motivo suficiente para conocer la verdad? ¿Un hecho tan atroz como este no es motivo suficiente para enjuiciar y encarcelar a los probables responsables de un delito independientemente del lugar en el que sirvan a la nación? ¿Pueden más los acuerdos cupulares sin menoscabo del sufrimiento de padres, madres, hermanos, esposas e hijos de estos estudiantes? ¿Qué necesita suceder en México para que justicia y legalidad sean una realidad y no un discurso?

Noventa meses han transcurrido de aquella trágica noche en Iguala, Guerrero. Los actores políticos y castrenses han cambiado, pero un hecho se mantiene: la desaparición forzada de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos».

Infortunadamente los avances en esta materia los hemos llegado a conocer a través de un grupo de expertos independientes. ¿No tendría que ser la propia FGR, como organismo público autónomo, la encargada de tales pesquisas y de mostrar tales avances? Si lo es, ¿por qué no lo hace? Vaya, ¿por qué se tendría que ocultar información si, como desde el inicio de este gobierno se dijo, se conocería toda la verdad entorno a esos hechos?

Hoy se sabe que la Marina manipuló la escena del basurero de Cocula; que el acta del río San Juan es, por así decir, falsa; que el Ejército controlaba el C4; que militares estuvieron en las barandillas del Ministerio Público el 26 de septiembre de 2014; que había militares infiltrados entre los estudiantes, entre otras cuestiones.

Y con todos estos elementos, ¿aún se duda que fue el Estado? ¿A quién se continúa protegiendo? ¿Por qué tanta mentira?

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

* Docente de la Escuela Normal Primaria Profesora Leonarda Gómez Blanco