La justicia internacional da la espalda a la justicia mexicana

Hay decisiones que parecen asunto exclusivo de jueces y abogados, hasta que uno se detiene a pensar lo que significan. El 17 de octubre [de 2025], la Unión Internacional de Magistrados expulsó a la Confederación Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB), que agrupa a los presidentes de los poderes judiciales de las entidades federativas. La razón fue su postura frente a la reforma judicial mexicana. No se expulsó a México de un tribunal internacional ni se anuló nuestra reforma. Pero el mensaje merece atención.

La organización internacional consideró que la CONATRIB no defendió con suficiente firmeza la independencia judicial. En junio de 2024, su presidente, Rafael Guerra, había expresado públicamente su respaldo a la elección directa de ministros y a la renovación electoral de jueces y magistrados. Ante la organización, su defensa se apoyó en la necesidad de respetar la Constitución y privilegiar el diálogo. Es razonable dialogar. Lo discutible es confundir el cumplimiento de una reforma con su aprobación entusiasta.

¿Por qué una reacción internacional tan severa? ¿Nació solamente de sus principios o la impulsaron jueces mexicanos inconformes? Probablemente hay elementos de ambas cosas, pero conviene distinguir hechos de sospechas. Fue el Grupo Iberoamericano de la Unión el que solicitó revisar la actuación de la CONATRIB; después hubo informes, oportunidad de defensa y una votación de 53 a favor de expulsarla, 13 en contra y 4 abstenciones. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) celebró la resolución. Eso no demuestra que haya dirigido el procedimiento.

Tampoco habría nada censurable en que jueces mexicanos buscaran solidaridad internacional. Cuando alguien cree amenazada su independencia, tiene derecho a explicar su situación dentro y fuera del país. Lo importante es no atribuir intenciones sin pruebas.

Pero la expulsión es apenas la noticia. El problema de fondo está en el modelo que adoptamos para seleccionar a quienes impartirán justicia.

Durante décadas se construyó una carrera judicial. Muchos comenzaron como oficiales, actuarios o secretarios. Estudiaron por las noches, presentaron exámenes, participaron en concursos y acumularon experiencia antes de llegar a ser jueces o magistrados. No idealizo aquel sistema. Hubo nepotismo, favoritismos y decisiones que merecían sanción. Precisamente por eso había que corregirlo y hacerlo más exigente, no desplazar el mérito como camino de acceso a los cargos de mayor responsabilidad.

La carrera judicial no desapareció, pero quedó fuera de ella el acceso a los puestos de juez de Distrito y magistrado de Circuito, ahora sujetos a elección. En el caso de los ministros de la Suprema Corte, conviene aclarar que tampoco antes se exigía proceder de la carrera judicial. Su designación siempre tuvo un componente político. La pregunta es si trasladarla a las urnas resolvió ese problema o solamente cambió la manera de ejercer la influencia.

¿Desde cuándo obtener votos equivale a saber juzgar? Elegimos legisladores para representar ideas y gobernantes para ejecutar programas. Un juez, en cambio, debe resolver conforme al derecho y las pruebas, aun cuando su sentencia sea impopular. No está para agradecer apoyos ni para medir el aplauso que provoca una resolución.

Y hay un costo humano que apenas mencionamos. Según la información publicada por el Órgano de Administración Judicial [verificar denominación oficial], hasta agosto de 2026 se habían pagado indemnizaciones y prestaciones de retiro a 742 jueces y magistrados federales que salieron de sus cargos en el contexto de la reforma. No todos dejaron la función por idénticas razones, pero la dimensión del relevo es innegable. Detrás de cada expediente hay una trayectoria, una familia y, en muchos casos, veinte o treinta años de servicio.

A numerosos juzgadores no se les separó tras demostrar una falta o incapacidad individual. Cambiaron las reglas y con ellas terminó su encargo. Una compensación económica puede aliviar la salida, pero no repone la experiencia que pierde una institución. Y tampoco convierte en justo, por sí solo, todo lo que sea constitucionalmente posible.

La primera elección judicial tampoco despejó las dudas. En 2025 participó aproximadamente el 13 % del electorado. La misión de observación electoral de la OEA señaló problemas de información, boletas complejas y riesgos para la independencia judicial, y desaconsejó replicar el modelo mexicano. El Gobierno rechazó parte de esas observaciones por considerarlas una intromisión. Esa respuesta también forma parte de la discusión.

No sostengo que todo juez electo sea incapaz ni que todos los anteriores fueran ejemplares. Sería injusto. Lo que cuestiono es una reforma que, como vía de acceso a los cargos de juez y magistrado, sustituyó los concursos de oposición por una elección en la que también influyen la exposición pública y los apoyos para llegar a la boleta.

La segunda etapa electoral, inicialmente prevista para 2027, se trasladó a 2028. Tenemos tiempo para revisar lo que no funcionó. Ojalá aprovechemos ese tiempo para preguntar menos quién gana una elección judicial y más quién reúne las condiciones para juzgar bien.

La independencia de los jueces no se inventó para proteger sus empleos. Existe para proteger al ciudadano que reclama un salario, su patrimonio, su libertad o un derecho frente a la autoridad.

La justicia internacional no nos dictó una sentencia. Nos puso frente a un espejo. Y quizá lo más incómodo no sea la expulsión de la CONATRIB, sino lo que alcanzamos a ver en él.

¿Usted qué opina? ¡Se vale replicar!