La DEA no es el problema, sino que Washington habla con una sola voz

Las declaraciones del director de la DEA, Terry Cole, no deberían leerse como un exabrupto ni como una frase lanzada al calor de un discurso. Lo preocupante no es únicamente que haya dicho que existe una “conexión mortal” entre los cárteles y el Gobierno de México. Lo realmente importante es el contexto en el que llega esa afirmación.

Hace meses que Washington viene endureciendo su posición frente a México. Primero fueron las investigaciones contra políticos mexicanos y la cancelación de visas. Después, la designación de los principales cárteles como organizaciones terroristas, las sanciones del Departamento del Tesoro, el reforzamiento de la política migratoria del Departamento de Seguridad Nacional y el incremento de la presión desde el Departamento de Justicia. Ahora la DEA eleva el tono y coloca al Gobierno mexicano dentro del mismo diagnóstico de seguridad.

Por separado, cada decisión puede parecer un episodio más de la compleja relación entre ambos países. Juntas, cuentan otra historia. La de un aparato de seguridad estadounidense que empieza a construir una narrativa común sobre México.

Ese es el verdadero desafío para el gobierno de Claudia Sheinbaum. No responderle a Terry Cole con un comunicado o exigir pruebas, algo que resulta legítimo. El reto consiste en evitar que esa percepción termine por consolidarse en todas las instancias del gobierno estadounidense y se traduzca en decisiones con efectos diplomáticos, económicos y de seguridad.

La confianza entre dos gobiernos no se pierde de un día para otro. Se desgasta declaración tras declaración, expediente tras expediente y decisión tras decisión.

Si Washington realmente empieza a hablar con una sola voz sobre México, el problema dejará de ser una diferencia diplomática. Se convertirá en el nuevo punto de partida de la relación bilateral.

PIEZAS SUELTAS

Trump perdió un juicio. La democracia estadounidense ganó una prueba.

Donald Trump finalmente pagó más de 5.6 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll, después de que un jurado federal lo declaró responsable en un juicio civil por abuso sexual y difamación y de que agotó, sin éxito, las instancias de apelación. 

Más allá de simpatías o rechazos hacia el presidente estadounidense, el caso deja una lección que vale la pena observar desde México. En Estados Unidos, un mandatario puede cuestionar una sentencia, defenderse y apelar hasta el último recurso legal. Lo que no puede hacer indefinidamente es colocarse por encima de una resolución judicial firme.

Trump sostuvo durante años que las acusaciones eran falsas y continúa impugnando otro fallo civil que lo condenó a pagar más de 83 millones de dólares por nuevas declaraciones difamatorias contra Carroll. Pero en este primer caso, la ruta judicial llegó a su fin y el pago tuvo que cumplirse. 

No se trata de presentar al sistema estadounidense como perfecto. Tiene fallas, contradicciones y fuertes disputas políticas. Sin embargo, cuando un litigio concluye, las instituciones esperan que incluso el personaje más poderoso del país acate las consecuencias.

En tiempos en los que la confianza en las instituciones se encuentra bajo presión en ambos lados de la frontera, ese quizá sea el dato más relevante. La fortaleza de un Estado de derecho no se mide cuando favorece al poder, sino cuando es capaz de imponer límites al poder.

Ese es el verdadero significado de este comentario. No son los 5.6 millones de dólares. Es el recordatorio de que, en una democracia constitucional, el cargo más alto del país tampoco debería estar por encima de una sentencia definitiva.