Fiscales contra la justicia
La gobernadora electa de Morelos, Margarita González Saravia, exhortó al Congreso del estado a emprender los procesos correspondientes para remover de su cargo al fiscal general, Uriel Carmona Gándara. Ante medios de comunicación, la política morenista explicó que durante los recorridos que efectuó en toda la entidad en el contexto de su campaña electoral, recibió una queja constante acerca de la falta de resultados en la procuración de justicia, así como el desgaste que pesa sobre Carmona Gándara por los múltiples señalamientos en su contra y la imposibilidad de que las autoridades entrantes de la Secretaría de Seguridad Pública se coordinen con él.
Carmona Gándara, como Carlos Zamarripa Aguirre en Guanajuato y el hoy preso Jorge Winckler Ortiz en Veracruz, pertenece a una generación de fiscales transexenales que fueron nombrados con el pretexto de garantizar la autonomía de las fiscalías ante el poder político, pero que en los hechos han demostrado lealtad absoluta a las camarillas que los impusieron, manifiestos conflictos de intereses tanto en su designación como en el ejercicio de sus cargos, incompetencia o falta de interés en abordar la problemática de la inseguridad y, al menos en los casos de Carmona Gándara y Winckler Ortiz, fuertes indicios de complicidad con grupos criminales.
Fiscales que fueron nombrados con el pretexto de garantizar la autonomía de las fiscalías ante el poder político, en los hechos han demostrado lealtad absoluta a las camarillas que los impusieron.
El fiscal morelense tiene en su historial la agraviante parálisis de las indagatorias en torno al homicidio del activista Samir Flores; el intento de encubrir al feminicida de Ariadna Fernanda López Díaz, haciendo pasar el asesinato como una muerte accidental por culpa de la víctima; la revictimización de jóvenes masacrados cuando asistían a un funeral, y el abuso de autoridad al ordenar la golpiza de dos personas por rebasar con su automóvil al convoy en que se desplazaba, entre otras faltas que por sí mismas ameritan su remoción inmediata.
Winckler Ortiz se encuentra detenido por cargos de tortura y también se le abrieron procesos por desaparición forzada y secuestro, pero, al igual que Carmona, ha disfrutado de la obsecuencia de jueces que no sienten escrúpulo alguno en proteger a criminales. Sobre el ex fiscal veracruzano basta decir que, tras su cese, el estado ha registrado una reducción de 90 por ciento en la incidencia de secuestros y de 50 por ciento en homicidios. Por su parte, Zamarripa Aguirre suma ya 15 años al frente de la fiscalía (antes procuraduría) guanajuatense, periodo en el cual la entidad alcanzó el primer lugar nacional en homicidios dolosos, con un incremento de 994 por ciento sólo de 2009 a 2020. De ese año a la fecha, ha encabezado también los reportes por narcomenudeo y hasta inicios de 2023 sólo había logrado 360 sentencias en las 158 mil carpetas de investigación abiertas.
Con semejantes antecedentes, queda claro que Carmona Gándara y Zamarripa Aguirre carecen de la capacidad para estar al frente de los aparatos de procuración de justicia en entidades donde la violencia se encuentra desbordada, los grupos delictivos operan a la vista de todos y los ciudadanos padecen una constante amenaza a su integridad física y patrimonial. Si a lo anterior se añaden las transgresiones éticas y los marcados indicios de conductas ilícitas de Carmona Gándara, está claro que el Congreso morelense debe atender el llamado de la mandataria electa y escuchar el clamor popular que exige la destitución de un funcionario que ha causado enorme daño a los morelenses. La continuidad de un individuo manifiestamente inepto y salpicado por serios escándalos supone sabotear la construcción de la paz, los arduos avances en materia de seguridad alcanzados por el gobierno federal y el combate a la impunidad que exige la población.
