El T-MEC dejó de ser un tratado comercial; ahora es una prueba política para México
Durante tres décadas, el libre comercio entre México y Estados Unidos siguió una lógica relativamente clara: los desacuerdos comerciales se resolvían en la mesa comercial. Las declaraciones del representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, muestran que esa etapa terminó.
Al comparecer ante el Senado, Greer afirmó que el presidente Donald Trump difícilmente aceptará la renovación, e incluso el avance de la revisión del T-MEC, si México no coopera en asuntos como la seguridad fronteriza y el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944. El mensaje es contundente: Washington ya no separa comercio, seguridad, migración y política exterior.
La narrativa comenzó a reforzarse casi de inmediato. Trump aseguró que “todos se están yendo de Canadá, se están yendo de México”, al presumir que Toyota trasladará parte de la producción de la Tacoma de Tijuana a Texas. Aunque la propia empresa y la Secretaría de Economía precisaron que el cambio será gradual hasta 2030 y que las plantas de Tijuana y Guanajuato continuarán operando, el dato económico quedó en segundo plano. Lo que la Casa Blanca busca instalar es otra idea: que las empresas están regresando a Estados Unidos porque la presión comercial está dando resultados.
El cambio es profundo. La discusión ya no gira únicamente en torno a reglas de origen, industria automotriz o cadenas de suministro. Ahora incorpora el combate al crimen organizado, el control fronterizo, el agua, la migración y el objetivo estratégico de reducir la dependencia industrial frente a China.
Durante años se creyó que el T-MEC blindaba la relación económica de las disputas políticas. Hoy sucede exactamente lo contrario: Washington utiliza el tratado para rediseñar toda la relación bilateral. Esa, más que cualquier ajuste técnico, será la verdadera negociación de los próximos meses.
PIEZAS SUELTAS
La justicia entró al debate; la política intentó quedarse con el veredicto
La Comisión Permanente dejó claro que algunos expedientes ya no se litigan sólo en los juzgados, sino también desde la tribuna. Morena, a través del senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, defendió que el proceso contra el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel debe resolverse ante los tribunales y no en el Congreso. La respuesta llegó del senador panista José Máximo García López, quien acusó un uso selectivo de la justicia y preguntó por qué casos como los señalamientos que pesan sobre la gobernadora Marina del Pilar Ávila no reciben el mismo trato.
En el mismo debate apareció la reciente condena de Ismael “El Mayo” Zambada, utilizada por la oposición para advertir que el caso apenas abre un nuevo capítulo en la relación entre el crimen organizado, la política y la cooperación con Estados Unidos.
Al final, la discusión dejó una pregunta que seguirá acompañando al gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿La justicia está llegando por igual a todos o el ritmo de las investigaciones depende del peso político de cada personaje? Morena sostiene que nadie debe estar por encima de la ley; la oposición responde que la ley tampoco puede estar al servicio de la política. Ésa será una de las disputas que marcarán el camino hacia 2027.
