El derecho internacional frente a la guerra en Gaza

Los sucesores de Nelson Mandela del histórico Congreso Nacional Africano, que actualmente gobierna Sudáfrica, el país más poderoso y próspero del continente africano, llevaron a Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el delito de genocidio. El pasado 15 de diciembre, Sudáfrica acusó formalmente a Israel de cometer y correr el riesgo de continuar realizando actos de genocidio contra el pueblo palestino en Gaza, principalmente desde el 7 de octubre de 2023. Sudáfrica solicitó a la Corte Internacional que tome medidas para proteger al pueblo palestino en la Franja de Gaza.

La Franja de Gaza, con poco más de 1.5 millones de habitantes y un territorio del tamaño del municipio de Tijuana, terminó el pasado mes de febrero con 30,000 muertos y 70,000 heridos, en su mayoría niños, mujeres y personas mayores. El desastre social y humano es enorme y, para empeorar las cosas, la franja está completamente sitiada, sin agua, energía, comida ni medicinas. Israel rechaza cualquier tipo de tregua para permitir el paso de la ayuda humanitaria que ha estado estacionada durante meses en Rafah, el punto de entrada a Gaza por la frontera con Egipto.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el órgano judicial de las Naciones Unidas establecido en 1946 para resolver controversias entre Estados que han consentido su jurisdicción, comenzó a analizar por primera vez una queja de un Estado contra Israel. Quince jueces internacionales, a los que se unieron otros dos de Sudáfrica e Israel, dictaron medidas de protección el 26 de enero pasado mientras se estudia la cuestión de fondo sobre la acusación de genocidio. Este fallo histórico advierte a Israel y sus aliados de la necesidad de acciones inmediatas para prevenir el genocidio y nuevas atrocidades contra la población de Gaza. Entre otras cosas, insta a Israel a prevenir la destrucción y garantizar la preservación de pruebas, presentar un informe sobre todas las medidas que ha adoptado para ejecutar la orden en el plazo de un mes y, sobre todo, tomar medidas para garantizar el paso de la ayuda humanitaria a la población en Gaza. Con este fallo provisional, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se reservó el tema del genocidio para su estudio y posterior pronunciamiento. Al mismo tiempo, la corte inició en diciembre pasado un procedimiento consultivo solicitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas israelíes en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental. Las audiencias comenzaron en febrero pasado, donde se escucharon testimonios de más de 50 países en relación con la ocupación israelí y su impacto en la población palestina.

Esta intensa actividad en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) es respaldada por quejas en la Corte Penal Internacional, que se especializa en juzgar a personas responsables, no a los Estados, a diferencia de la primera corte. En este sentido, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de países presentaron denuncias por crímenes de guerra y contra la humanidad. El fiscal general de la corte anunció su intención de tomar en consideración todos los hechos ocurridos en Gaza provocados por todos los beligerantes. Sin embargo, este tipo de investigaciones lleva tiempo, un lujo que los palestinos bajo asedio y bombardeo no pueden permitirse.

El mes pasado, otra iniciativa que recurrió al derecho internacional provino de Argelia, recién admitida como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Argelia presentó un texto solicitando un alto el fuego inmediato, acceso a ayuda humanitaria y rechazo al desplazamiento forzado de palestinos. Estados Unidos vetó la iniciativa, que fue aprobada por todos los miembros del Consejo de Seguridad, con la única abstención de Gran Bretaña. De hecho, este es el tercer veto consecutivo que Estados Unidos promueve para evitar que el Consejo de Seguridad dicte cualquier iniciativa de cese al fuego. Las críticas no dejaron de cair de todas las partes a un Estados Unidos asumido en aumentar el sufrimiento de una población deshumanizada por meses de guerra feroz. Varios países, como Brasil, denunciaron también la parálisis total del Consejo debido al único veto de Estados Unidos y se declararon decididos a buscar soluciones que permitan a este órgano eminente de las Naciones Unidas cumplir plenamente con sus responsabilidades.

Con esta nueva guerra en Gaza, todo parece indicar que la letargia del derecho internacional en el conflicto de Oriente Medio entra en una nueva fase de efervescencia. Esto alimenta las esperanzas de aquellos que desean volver a creer en su poder resolutivo y despierta los temores de aquellos que apostaron por un eterno status quo.

*Profesor-Investigador

Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente

El Colegio de la Frontera Norte