Editorial La Jornada | INE: extravío y perspectivas

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el Instituto Nacional Electoral (INE) carece de atribuciones para posponer el proceso de revocación de mandato y que debe aplicar las medidas y realizar los ajustes presupuestales necesarios para continuar con dicho mecanismo de participación directa. El proyecto del magistrado Felipe Fuentes Barrera revoca el acuerdo con el que una mayoría de consejeros electorales pospuso el ejercicio, establece la obligación del organismo autónomo de llevarlo a cabo y recuerda que el INE únicamente puede interrumpir el proceso de revocación de mandato conforme a las hipótesis previstas en la propia normativa.

Con esta sentencia suman cuatro resoluciones judiciales contra la pretensión de sabotear el ejercicio plebiscitario. El primero de ellos fue emitido el pasado 14 de diciembre por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual rechazó la solicitud de suspensión con que el INE buscaba negarse a ajustar su presupuesto para llevar adelante el proceso. Pese a esa indicación legal, tres días después seis de los 11 consejeros aprobaron el acuerdo referido, y ello motivó que el día 22 la SCJN emitiera un nuevo fallo en el que no sólo ordena al INE que organice la consulta “hasta su conclusión, con el presupuesto aprobado de mil 503 millones de pesos, el cual constituye un indicador de viabilidad financiera”, sino que incluso lo amonesta por decretar por su cuenta lo que no obtuvo de la controversia presentada antes. El lunes 28, el máximo tribunal emitió una tercera sentencia en la que suspende el aplazamiento impuesto por el órgano electoral y establece que éste puso en riesgo el ejercicio oportuno de los derechos de la ciudadanía.

Más allá de esta sucesión de fallos, desde un inicio ha sido manifiesta la renuencia del consejero presidente, Lorenzo Córdova, de Ciro Murayama y otros de sus colegas a cumplir con su mandato constitucional. Además de hacer patente que no deseaban realizar la consulta, estos funcionarios dejaron en los ciudadanos la impresión de que efectúan un chantaje al exigir una ampliación de su presupuesto, cuando es bien sabido que el INE goza de asignaciones elevadísimas, y cuando hay un clamor popular por que la administración pública se conduzca con austeridad, sin frivolidad ni gastos superfluos. A estas alturas es difícil saber si la falta de dinero fue el pretexto elegido para negarse a realizar la consulta o si la consulta fue el pretexto para tratar de que se le adjudicara más dinero.

El hecho es que estos seis consejeros embarcaron al INE en una aventura que ha tenido un costo muy alto para el propio instituto, pues su desacato fue leído por la mayor parte de la sociedad como empecinamiento en mantener un tren de vida principesco a expensas de los contribuyentes, como desprecio por la democracia participativa y como un alineamiento con los partidos de oposición que se empeñan en desacreditar este ejercicio democrático, lo cual no hace ningún bien a un organismo cuya razón de ser reside en la imparcialidad.

Tal extravío sólo puede entenderse como fruto de una arrogancia tecnocrática, de un divorcio de la realidad y de una grave incomprensión del momento nacional: mientras el país está comprometido en una transformación de fondo, un grupo de funcionarios piensa que no ha cambiado nada y que puede arrogarse facultades legislativas, judiciales y ejecutivas sin consecuencia alguna. En suma, estos consejeros siguen comportándose como integrantes de un régimen oligárquico y antidemocrático del que el INE ha formado parte desde su origen en el Instituto Federal Electoral, y creyeron desafiar al Poder Ejecutivo cuando en realidad atentaban contra el ordenamiento legal y el sentir mayoritario del país y se confrontaron, en realidad, con los tres poderes de la unión. Esta conducta recuerda de nueva cuenta la urgencia de restructurar a fondo y dignificar los organismos electorales, emprender una reforma política del sistema de partidos –hacia los que existe una extendida desconfianza popular– y garantizar que unos y otros actúen con sentido democrático.