Donde cruzan las brujas | Desapariciones y delincuencia organizada

En Baja California la mayoría de las personas conocemos a alguien que fue o es víctima de secuestro, desaparición o tortura. No parece nuevo el entender que estos delitos son cometidos por la delincuencia organizada, lo sabemos, lo platicamos en voz baja y algunas pocas personas nos atrevemos a anunciarlo sin descanso a pesar de las consecuencias.

En una nota recuperada de La Jornada del día de ayer, compañeras periodistas hablan del informe final del Comité de Desaparición Forzada (CDF) de Naciones Unidas, donde nos dicen se sostiene que “la delincuencia organizada es el perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisiones de servidores públicos”. 

Como mencioné, nada nuevo para las y los bajacalifornianos, desgraciadamente; en nuestra región se conoce el modus operandi de los delitos que comete la delincuencia organizada y los que son cometidos por delincuentes de a pie, nada organizados, pero también, poco sancionados.

Las Naciones Unidas, expertos en el tema de la delincuencia organizada transnacional, periodistas y activistas tenemos años mencionando que es necesario “abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública”, castigar a las personas más pobres nunca ha sido la solución, torturar a las personas que caminamos por las calles, que trabajamos en la defensa de los derechos humanos no es ni será la forma de silenciar las voces que cada vez son más y más valientes.

El Comité lidereado por Carmen Rosa Villa, dentro de sus recomendaciones, exhorta al gobierno mexicano a erradicar las causas estructurales de la impunidad y, entre otras acciones, el deber de poner fin a las prácticas que obstaculizan el acceso a la justicia y perpetúan la desaparición. Mencionan, como prueba de impunidad, que solo hay 36 sentencias sobre desapariciones forzadas, la impunidad en la normalidad. 

Muchas personas esperamos que de alguna manera el cambio de administración pública federal redujera las desapariciones y los delitos de esta índole y se le diera justicia a las víctimas y atención a las familias, sin embargo, la creación de la Guardia Nacional ha implicado únicamente un cambio de nombre y una continuidad a las políticas gubernamentales que tienen como centro infundir miedo en la población.

Un tema tratado por el Comité en mención habla del aumento de la desaparición de hombres jóvenes y en edad laboral, es decir, entre 15 y 40 años; en el caso de la desaparición de mujeres jóvenes y niñas es sabido y probado que se da con el fin de llevarlas a la trata y explotación sexual laboral. Incluso el comité reiteró su preocupación por la situación generalizada de desapariciones en México donde, dicen, imperan la impunidad casi absoluta y la revictimización.

La revictimización, podemos suponer, que tendría que ver con la falta y reducción de presupuesto a la Comisión Nacional de Búsqueda, sin embargo, los hechos nos llevan a dilucidar una realidad aún peor.

En Tijuana, hace unos días, el colectivo de búsqueda de personas desaparecidas llamado “Todos somos Erick Carrillo” recibió una grave amenaza por parte de tres hombres armados que dispararon al aire mientras el colectivo encontraba restos humanos en un predio localizado en la zona Alamar. Eran aproximadamente 45 personas buscando, aunque sea restos humanos de quienes en algún momento abrazaron.

El colectivo declaró a La Jornada Baja California que los sujetos que dispararon al aire buscaban intimidarles pero que no es la primera vez que les sucede ya que operan sin apoyo institucional y que esto, no los va a detener; el colectivo llegó al predio por una llamada anónima que les anunciaba que en ese terreno podrían encontrar al cuerpo de una mujer como de 30 años, el colectivo acudió ya que buscan a Estela, desaparecida en Tijuana desde el 26 de marzo; en su exploración dieron con el cuerpo e hicieron una transmisión vía redes sociales.

“Todos somos Erick Carrillo” es un grupo de personas que se juntaron a buscar a sus familiares desaparecidos ya que el gobierno y las instancias supuestamente protectoras de víctimas y de derechos humanos en el Estado de Baja California no funcionan; la CEAV – Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas- es una instancia sin presupuesto, sin voz y desconocida para quienes más la necesitan, a su vez, la Comisión Estatal de Derechos Humanos sirve para “tomarse la foto”, abrir expedientes y decir que hace, aunque sus resultados sean casi nulos.

Así como la agrupación de búsqueda, las familias que buscan justicia para sus hijas asesinadas o sus jóvenes que les han desaparecido, las autoridades son omisas e indiferentes. Como abogada defensora de derechos humanos he presenciado cómo a las familias que buscan a sus desaparecidos, no solamente se les amedrenta con este tipo de acciones, sino, también se les desaparece.

El estrecho vínculo entre la mayoría de los delitos que atentan contra la vida de las personas en Baja California y la delincuencia organizada es innegable, sabemos que la permisividad de los gobiernos es cada vez más descarada e imparable. Entiendo que las políticas antimafia son parte de la solución ya que los gobiernos históricamente son corruptos y/o corruptibles. Mientras los gobiernos no dejen de vender la justicia a los tratantes, narcos y feminicidas las familias no van a descansar y seguirá la impunidad. Tal vez el único alivio entre estas palabras es sabernos cada vez más fuertes ante el abuso de poder, aunque sea con nuestros propios recursos, aunque sea con nuestra poca paciencia, pero imparables y con voces cada vez más contundentes y estridentes.