Corrigiendo la plana: iniciativas electorales del obradorismo

El anexo 11 de las iniciativas de reformas que el presidente entregó a la Cámara de Diputados el 5 de febrero pasado contiene el proyecto de decreto para reformas constitucionales en materia electoral. El documento, con una extensión de 120 páginas, está organizado en siete apartados que delimitan temáticamente las propuestas, más otro adicional con una serie de transitorios. El primer apartado se refiere al financiamiento de los partidos políticos; el segundo al acceso de los partidos a radio y televisión; un tercero en torno a unificación de autoridades electorales y extinción de organismos electorales locales, tanto los Organismos Públicos Locales (OPL) como los tribunales electorales estatales; el cuarto en relación a la integración y conformación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INECC), en sustitución del actual INE, así como la integración y conformación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); el apartado número V propone reducción del número de diputadas/os y senadoras/es, así como su elección por el principio de mayoría relativa; el sexto desarrolla lo relativo al voto electrónico; el séptimo busca reducir el tamaño de los congresos estatales y ayuntamientos/alcaldías; los transitorios del octavo apartado señalan disposiciones en torno a fechas y condiciones en el relevo de consejeros del INE y de magistrados del TEPJF, para la extinción de los órganos electorales locales, y el plazo de 180 días para expedir la legislación única en materia electoral que estas reformas constitucionales significan.

Abundante e intensa ha sido, y seguirá siendo, la controversia sobre estos asuntos que, por su carácter público, nos conciernen a todas/os, los efectos de esta institucionalidad en la generalidad de la población son directos, tangibles, este breve texto es solo un primer asomo a algunos detalles en la redacción de las propuestas que deberían ser corregidos:

Reducir a la mitad los 11 mil millones de pesos que a estas fechas se les entregan a los partidos sigue dejando en proporciones indolentes el volumen de dinero destinado para éstos, en rigor, los partidos deben financiarse con las aportaciones de sus partidarios a través de cuotas estrictamente personales y mínimas establecidas, como en los sindicatos. Esto aplica también para los casi 5,300 millones que suman los recursos entregados en el orden estatal.

El argumento de uso de dinero público en el financiamiento de los partidos para evitar la introducción de dinero de dudosa procedencia es, de plano, un completo mito, no lo ha impedido, este mecanismo es completamente inútil. El rigor en la vigilancia y sanción por infracciones a la ley debe ser oportuna y aleccionadora, con multas ejemplares y cancelación de candidaturas y registros partidarios con toda oportunidad, esto es, en el mismo transcurso del proceso electoral.

Es un grave error que en la propuesta para la elección de consejeros del INECC como de magistrados del Tribunal Electoral se considere que quienes pueden ser candidatos sean propuestos solo por los tres poderes públicos, diez personas el Poder Legislativo, diez el Judicial y diez el Ejecutivo, eso deja intacta la lógica de pandilla, la lógica de poder en un cenáculo, impide la libertad, el derecho, de cualquier ciudadano con perfil profesional y ético de ser elegido para esos cargos. Los grupos de poder, de adentro y afuera, que determinan las decisiones en estos organismos institucionales seguirían manteniendo la arrogante prerrogativa de designar a conveniencia las postulaciones. Las candidaturas a consejeros y magistrados deben también ser abiertas a la población, depuradas por criterios técnicos y éticos y, desde luego, elegidos por votación general de la ciudadanía, esto contribuirá al combate a corrupción y conveniencias de grupo en el desempeño de consejeros y magistrados. Estas anotaciones aplican, literalmente, para la elección de los ministros de la denominada, aún, Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es un acierto suprimir la vía plurinominal para llegar a las cámaras legislativas, vieja demanda, pero la necesaria proporcionalidad de cada una de ellas debe considerar que es indispensable incorporar la representación de fuerzas políticas que, aun obteniendo un número significativo de votos, no consiguen los cargos, tienen una representación legítima que debe ser parte de las cámaras, incorporar los mejores perdedores es una solución honesta, a las/os 300 ganadoras/es en los distritos bien se pueden sumar las/os 50 mejores perdedoras/es con el criterio de acercar su representación a las proporciones de votos conseguidas; en el caso del senado ya se incorpora a las/os 32 mejores perdedoras/es, solo falta suprimir los 32 escaños plurinominales.

A la propuesta para la reducción del tamaño de ayuntamientos o alcaldías es absolutamente necesario establecer la elección separada de síndicos y regidores/concejales, la elección por planilla, es decir, por montón, enmascara la representación, evade responsabilidades, crea dependencia y conveniencia con grupos políticos o partidarios a los que pertenecen, los desconecta de su compromiso con la población. Deben legitimar su cargo con la obtención directa de votos.

Por supuesto: No reelección, vía no partidista viable para candidaturas, plenas iniciativas ciudadanas para reformas en leyes, aplicación consuetudinaria de amplias consultas públicas en procesos generales de elección.

En continuación…

*Investigador, El Colegio de la Frontera Norte, Unidad Mexicali
jza61@colef.mx