Contra reloj: La armonización de la Ley de Ciencias en las entidades federativas

En el plano nacional, el cambio institucional o nueva institucionalidad que significa la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LHCTI), que cobró vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 8 de mayo del presente 2023, ha sido insistentemente obstaculizado por grupos de interés que durante las administraciones federales que encabezaron Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se establecieron fuertemente en los cargos directivos del sector Ciencia y Tecnología, especialmente en el organismo federal que administra los fondos federales para desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), pero que además crearon institucionalidad a modo -Ley de Ciencia y Tecnología de 2002- para disponer con alto grado de discrecionalidad de los recursos públicos en beneficio propio y de allegados, los datos sobre estos estos manejos han sido hechos de conocimiento público de manera amplia y reiterada por autoridades actuales del ahora Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Conahcyt). La LHCTI es un instrumento legal, con sólida elaboración, discutido y enriquecido ampliamente por años, desde 2019, y en numerosos foros y consultas, que incorpora a las Humanidades en los criterios para desarrollar CTI, que busca cerrar la puerta a la discrecionalidad que les permitió, a esos grupos, desviar decenas de miles de millones de pesos de la hacienda pública a entidades privadas, para beneficiar a cercanos con financiamientos abultados sin transparencia, rigor y atención prioritaria a la solución de problemas sociales.

En la etapa subsecuente de aplicación de la nueva Ley, en el plano estatal, el transitorio “Octavo”, prescribe que “En el plazo de un año… a partir de la entrada en vigor… los poderes legislativos de las entidades federativas… deberán emitir las disposiciones legales para armonizar su marco jurídico y regular las atribuciones de las autoridades locales…”, y advierte “En caso de que, agotado el plazo señalado, no se hubieran emitido las disposiciones correspondientes, se aplicará la presente Ley de manera directa a las autoridades y Centros locales de Investigación”. A la fecha, la armonización de la institucionalidad de las entidades federativas acusa un rezago que solo puede explicarse por el desentendimiento de quienes tienen la responsabilidad política de procesar la actualización: legisladoras/es locales y gobernadoras/es, quienes tienen atribuciones para iniciativas legislativas, este desentendimiento que ha obstaculizado el proceso de armonización puede tener origen en la incompetencia, pero también en la simulación deliberada de estos actores políticos, lo cual puede advertir un interés distinto a los propósitos buscados por la LHCTI, la agravante a este desentendimiento es en las/os gobernadoras/es y diputadas/os locales que fueron elegidos por la vía misma del partido en el poder, actualmente en 23 de las 32 entidades del país.

Hay una realidad clara, la indispensable, ingente, armonización de las leyes estatales en función de la LHCTI no ha tenido ningún avance, en ninguna entidad de la república, este estado de cosas afecta gravemente la aplicación de la Ley, les da tiempo a quienes se oponen a su vigencia y que la combaten con recursos jurídicos interpuestos ante instancias judiciales afines. El establecimiento de una nueva institucionalidad en el país en materia de HCTI requiere de una enérgica intervención desde los más altos mandos políticos del ejecutivo y legislativos federales para que los gobiernos y representantes políticos en los estados dejen de simular y procedan a alinear las legislaciones locales. La viabilidad de la LHCTI está contra reloj.