Conaza, Firco, desmantelamiento continuo de la institucionalidad rural
La extinción de la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza) está programada para octubre de 2025, el próximo mes. Después de más de 50 años de actividad, serán despedidos los últimos trabajadores. Es el final de un proceso que tiene, al menos, los últimos cinco sexenios federales, pero que en los hechos comenzó con Miguel de la Madrid en 1982. En 2018, aún con Peña Nieto, se le canceló el 90% de su presupuesto.
La Conaza, organismo gubernamental descentralizado de la, hoy, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), fue creada en 1970 para atender las zonas áridas y semiáridas, que son cerca del 60% del territorio mexicano, desaparece totalmente; de hecho, hace un par de meses pusieron en marcha la liquidación del personal de las 16 delegaciones regionales. Conaza operaba en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, estados con gigantescas superficies áridas y semiáridas, construía obras de retención y almacenamiento de agua, caminos y accesos rurales, generaba empleo contratando a lugareños a la vez que fortalecía significativamente capacidades de producción en los predios agrestes.
El Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco), que operaba desde 1981, apenas subsiste presupuestalmente, sigue existiendo como entidad paraestatal, pero su presupuesto para 2025 se redujo a unos cuantos cientos de miles de pesos, apenas para gastos mínimos de operación. El Firco fue creado para entregar recursos bajo esquemas de riesgo compartido que “minimizaran el riesgo que implica el emprender inversiones para el fortalecimiento de cadenas y la diversificación productiva», el fideicomiso había evolucionado hacia una agencia promotora de agronegocios que facilitaba el acceso de productores rurales al capital de riesgo y al crédito requerido para proyectos productivos.
Su extinción práctica socava gravemente el ya vacío institucional enorme en el financiamiento rural, su campo de trabajo en el financiamiento no tradicional lo hacía un reducto relevante, y esto sucede, contradictoriamente, en tiempos en que el discurso gubernamental, público, oficial, sobre autosuficiencia y soberanía alimentaria es insistente, profuso. Se elimina uno de los pocos instrumentos que había demostrado cierta capacidad para articular la producción primaria con los mercados y dar valor agregado a los productos rurales.
El Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA Rural), está por terminar su proceso de liquidación. Estos casos, y otros, los hemos señalado en artículos anteriores (https://jornadabc.com.mx/tijuana/9-5-2025/desaparicion-del-inca-rural-los-anti4t-de-la-4t/), (https://jornadabc.com.mx/opinion/no-a-conversion-administrativa-de-institutos-de-tecnologia-del-agua-de-pesca-y-de-ecologia-y-cambio-climatico/).
Estamos siendo testigos de un proceso deliberado, por décadas, de defenestración de las capacidades gubernamentales, especializadas, técnicas y operativas, para el impulso al desarrollo del sector agropecuario y rural del país, sobre todo de aquellas que se sostenían en estructuras de apoyo a los segmentos productivos y comunitarios más desmerecidos del medio rural.
Este desmantelamiento de estructuras institucionales del sector agropecuario encuentra explicación, sobre todo, en la presencia de burócratas de alto nivel que han transitado cómodamente entre administraciones de diferente signo partidista, reciclándose en los cargos directivos. Son los mismos personajes que durante el foxismo pretendieron desaparecer al INIFAP, al Colegio de Postgraduados, a la propia Conaza. Su modus operandi: ningún diálogo con trabajadores, notificaciones unilaterales, débiles argumentos jurídicos, presupuestales y técnicos. La estrategia incluye la amenaza y prohibición al personal para opinar o involucrarse.
Estamos ante un proceso de desertificación institucional severo. La eliminación de organismos especializados como Conaza, Firco e INCA Rural no obedece a criterios de eficiencia o modernización administrativa, sino a una visión que considera prescindibles las capacidades técnicas diferenciadas y la especialización institucional.
Se privilegia la homogeneización burocrática sobre la diversidad de instrumentos de política pública, la complejidad del desarrollo agrícola y rural exige talento, diversificación, regionalización, no un criterio inoperante, incompetente, desde escritorios centralizados sin capacidad operativa real. El impacto de estas decisiones será duradero: pérdida de conocimiento acumulado, disolución de redes técnicas consolidadas, abandono de comunidades que dependían de estos organismos, retroceso en la construcción de capacidades locales.
Claudia Sheinbaum debe evaluar si este desmantelamiento responde realmente a los objetivos de transformación social por los que se votó masivamente en 2018 y en 2024, o si consiente ser rehén de las inercias burocráticas de quienes han hecho carrera política y profesional eliminando instituciones y estructuras operativas en lugar de fortalecerlas.
Profesor Investigador
El Colegio de la Frontera Norte, Unidad Mexicali
jza61@colef.mx
