Centralismo gubernamental: incapacitante institucional

El 17 de agosto pasado, productores de trigo del Valle de Mexicali tomaron la delegación local de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) federal. No exigían un programa nuevo; exigían que se cumpliera lo ya comprometido: la dispersión de un recurso estatal para productores de trigo cristalino golpeados por bajos rendimientos y costos altísimos, y el acceso al precio oficial de 7050 pesos por tonelada de trigo panificable. Las manifestaciones se repiten cada ciclo agrícola porque la delegación local carece de facultad real para resolver: administra formularios, no decisiones. Ese vacío no es accidental. Es el resultado previsible de un marco institucional que concentra en la Federación las atribuciones y el presupuesto de manera determinante, y que deja a los gobiernos estatal y municipal sin margen real de decisión ni de operación. De las 185 mil hectáreas históricamente cultivables del Valle de Mexicali, hoy solo se trabajan alrededor de 100 mil. Las cifras, cultivo por cultivo, documentan ese colapso.

El trigo —cultivo históricamente dominante del valle— llegó a sembrar 105 mil hectáreas hace poco más de una década. Para el ciclo otoño-invierno 2025-2026, la superficie programada apenas alcanzó 21 mil 954 hectáreas: una contracción del 80 %. No es un dato aislado: en el ciclo anterior se sembraron 29 mil 247 hectáreas. El deterioro no obedece solo a que la autoridad agropecuaria llegue tarde o no llegue; obedece a una incapacidad institucional de fondo: a la falta de atribuciones y de presupuesto propio del gobierno del estado para decidir política agrícola —crédito, precios de garantía, subsidios diferenciados—, todo ello definido desde una institucionalidad que reserva para la Federación la proporción determinante del gasto público y deja a estados y municipios sujetos a lo que esa disposición central decide transferirles.

El algodón, que sostuvo buena parte de la economía del valle durante décadas, ilustra el fondo del problema con precisión. La cosecha 2026 cerró en 5 mil 974 hectáreas —56,5 % menos en volumen que en 2022—, y la proyección para 2027 es de apenas 3 mil hectáreas frente a las 9 mil 571 programadas. La causa no es climática: el costo de producción ronda los 48 mil pesos por hectárea, frente a un ingreso de 34 mil; sembrar algodón, hoy, es perder dinero. Los productores solicitaron a las autoridades estatales un apoyo de 7 mil pesos por hectárea; la petición sigue estancada. La superficie se concentra en la alfalfa, que ronda ya las 40 mil hectáreas —más que trigo y algodón juntos—, aunque tampoco ofrece garantía plena: los productores denuncian que los intermediarios les compran la paca a poco más de la mitad de su precio de reventa, y que el cierre sanitario a la exportación de ganado hacia Estados Unidos debilitó la demanda regional. La superficie con alfalfa no es una recuperación: es una migración defensiva hacia lo que todavía puede sembrarse sin depender tanto de organismos institucionales que dejaron de funcionar.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Baja California no está en mejor posición para llenar ese vacío. Su presupuesto para 2026 es de 335,6 millones de pesos, apenas el 0,36 % del gasto estatal. Pero el problema no es solo el monto; es que su alcance operativo se reduce a programas de muy limitado impacto y a trámites administrativos, con escaso o nulo efecto en las condiciones estructurales en que se hace agricultura en el estado —financiamiento, precios de garantía, subvenciones a la producción de básicos, infraestructura de riego, investigación aplicada—, todas ellas materias decididas desde la Federación. La Secretaría existe; su capacidad de incidir en el destino del campo bajacaliforniano es, en los hechos, marginal.

Estas notas de diagnóstico no son un llamado al desánimo, sino una agenda pendiente que vale la pena poner sobre la mesa justo cuando arranca el proceso de renovación de autoridades que en 2027 habrá de definir a quienes ocupen la gubernatura, el Congreso local y los siete ayuntamientos de Baja California. Quien aspire a gobernar el estado tiene ahí una oportunidad concreta, no solo una crítica: impulsar ante la Federación un fortalecimiento fiscal y presupuestal real del gobierno estatal y de los municipios —mayores recursos propios, reglas de coordinación fiscal menos desventajosas, capacidad de decisión efectiva sobre desarrollo agropecuario— y exigir, al mismo tiempo, la reconstitución de las representaciones federales en el estado, con atribuciones para tramitar y resolver localmente lo que hoy solo se resuelve en la Ciudad de México. No se trata de refundar el federalismo desde la confrontación, sino de reconocer que un campo bajacaliforniano que ya perdió, en veinte años, buena parte de su superficie cultivada necesita instituciones estatales y locales con presupuesto, personal y decisión propios. Esa es la fórmula: menos centralismo y más capacidad real de respuesta donde el problema ocurre.

*Profesor investigador, El Colegio de la Frontera Norte, Unidad Mexicali
jza61@colef.mx