Aguilar Morales: retiro sin gloria

El ministro Luis María Aguilar Morales participó ayer en su última sesión como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) antes de pasar a retiro. Sus colegas le organizaron una despedida en la cual la mayoría conservadora que hasta ahora domina el máximo tribunal ensalzó su legado de manera hiperbólica, hasta el punto de calificarlo de un servidor cuyo nombre quedará inscrito como un baluarte incansable de la independencia judicial y como un exponente de los principios que deben guiar el quehacer público.

El ministro encargado de transmitirle el mensaje del pleno y el propio Aguilar hicieron del evento una nueva exhibición del luto que viven por el fin de sus arbitrariedades, privilegios y poderes inconstitucionales que llegará con la inminente democratización de la judicatura el año entrante.

Aguilar Morales partió con el mismo cinismo con que trabajó en la SCJN y con que la presidió de 2015 a 2018. En su discurso del adiós, lamentó que con la elección por voto popular de los juzgadores los poderes fácticos podrán acechar la labor de quienes imparten justicia y dijo que los togados cargan el peso de una reforma que, no cabe la menor duda, atenta contra todos los esfuerzos que se han hecho por lograr una judicatura independiente e imparcial y de calidad. No desaprovechó la ocasión para hablar de la independencia judicial como un código de ética por el cual al juez le está éticamente vedado participar de cualquier manera en actividades políticas partidarias, sin reparar en que su correligionario del bloque de derecha Juan Luis González Alcántara Carrancá usó su mansión para organizar conciliábulos con líderes partidistas, a los que también acudió la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández.

Nominado a la Suprema Corte por Felipe Calderón, Aguilar Morales es ejemplo de los jueces del neoliberalismo, quienes conciben su labor como una trinchera de los intereses oligárquicos frente a la democracia, la voluntad popular y la misma ley. No puede olvidarse que fue el autor del proyecto que invalidó la tipificación del fraude fiscal y de la conspiración para emitir facturas falsas como modalidades del crimen organizado, con lo que extendió una patente de corso a los delincuentes de cuello blanco que son responsables de la penuria de millones de mexicanos al estafar al fisco montos que habrían podido destinarse a educación, salud, vivienda, pensiones y otras fuentes de bienestar.

Asimismo, se sumó a la facción que operó a favor de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática a fin de echar abajo –mediante argumentos impresentables– las reformas político-electorales ideadas para racionalizar el gasto del Instituto Nacional Electoral (INE) y acotar las facultades abusivas que sucesivas modificaciones jurídicas fueron entregando a ese y otros organismos. También sacó a relucir sus simpatías ideológicas cuando requirió apenas 48 horas para conceder al gobierno panista de Chihuahua un amparo que privó de libros de texto gratuitos a todos los estudiantes de educación básica de la entidad. Días después otorgó una suspensión similar al gobierno priísta de Coahuila; ambas fueron desechadas por el pleno de la SCJN debido a su flagrante ilegalidad, pues pretendió dar a autoridades estatales competencias exclusivas de la Federación.

El colmo de su afiliación facciosa llegó el 23 de agosto de 2023, cuando presentó un proyecto para destituir al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador por un asunto administrativo. La moción, retirada por el propio Aguilar antes de que llegara a discutirse, constituyó una reacción vengativa y visceral a los cuestionamientos planteados por el ex mandatario, quien informó a la sociedad acerca del doble rasero aplicado por el ministro al procesar los asuntos que llegan a sus manos.

Pese a la gravedad de estos ataques a la democracia y a la nación, el caso por el que Luis María Aguilar Morales pasará al registro de la infamia es el de la atracción del expediente de una empresa que adeuda más de 25 mil millones de pesos al fisco. Además de violar la jurisprudencia al tomar en sus manos un asunto que debían resolver tribunales colegiados, el ministro mantuvo el expediente paralizado, con lo que permitió a la compañía privada burlar sus obligaciones y privó al pueblo de México de recursos esenciales.