Agroindustria, ¿a qué costo?
El valor de las exportaciones agroalimentarias de México se ha más que duplicado en la última década, al pasar de 22 mil 500 millones de dólares en 2012 a 49 mil 500 millones en 2022. Con este salto de 120 por ciento, el país se convirtió en una potencia agroexportadora y entró al top 10 mundial del sector. El crecimiento estuvo impulsado por los productos de alto valor en el mercado extranjero, como el aguacate, las denominadas berries (fresa, zarzamora, frambuesa, arándano), el jitomate y la cerveza: el fruto verde pasó de reportar ingresos anuales por 877 a 3 mil 321 millones de dólares; mientras la derrama económica de las berries se disparó de 400 a 2 mil 950 millones de dólares (incrementos de 280 y 600 por ciento, respectivamente)
A primera vista, este auge exportador parece una gran noticia para la economía nacional, pero es necesario poner los datos en contexto.
Por una parte, debe matizarse la idea de que México es el beneficiario de las ganancias extraordinarias: las dos trasnacionales que controlan casi la totalidad de la producción y venta de cerveza fueron vendidas a capitales extranjeros en 2010 y 2013, por lo que en la actualidad las divisas generadas por la bebida alcohólica son repatriadas a sus matrices y repartidas entre sus accionistas. En un caso semejante se encuentran los frutos rojos y el tequila (segundo producto agroalimentario nacional con mayores ventas), cuya cadena de valor es controlada casi por completo por empresas foráneas. El aguacate podría considerarse una salvedad en este escenario, pero es bien conocida la penetración del crimen organizado en el cultivo y comercialización del “oro verde”, por lo que también resulta dudoso el provecho que pueda reportar a la sociedad.
Por otro lado, el boom agrícola ha venido aparejado por un aumento exponencial de la superficie destinada a producir estos bienes. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Recursos Naturales de Michoacán –entidad de donde proviene 84 por ciento del aguacate nacional–, cada año se pierden entre mil 200 y mil 500 hectáreas de bosque para ampliar los cultivos del fruto. Los altos precios que alcanza en el mercado internacional son un incentivo perverso para la destrucción del ecosistema michoacano, donde año con año se provocan incendios a fin de abrir nuevas fronteras a la producción aguacatera: sólo en 2020, 18 mil hectáreas forestales fueron arrasadas por el fuego, y además se sabe que los pequeños productores recurren a talar o secar secciones reducidas de bosques. Además del incuantificable daño ambiental, la ampliación del área ocupada por las especies vegetales “de alto valor” desplaza a los cultivos básicos de la dieta mexicana, que ahora deben ser adquiridos en el exterior, con todo lo que ello implica en términos de soberanía y seguridad alimentarias. Los peligros de depender de importaciones para cubrir los requerimientos alimentarios quedaron plenamente probados desde el inicio de la pandemia de covid-19 y la guerra en Ucrania.
Por último, no puede soslayarse que las extraordinarias ganancias obtenidas por las trasnacionales agrícolas provienen en buena medida de las pésimas condiciones laborales en que mantienen a sus trabajadores, como se ha denunciado y documentado de manera exhaustiva en el caso de las compañías que medran con la fertilidad del valle de San Quintín, Baja California.
En suma, en la misma medida en que se valora el papel de la agroindustria en la economía nacional y en la generación de empleos, es vital tener una clara conciencia de que, como cualquier otra empresa, las de este sector diseñan sus procesos para lucrar, no para resolver problemas; en este caso, la alimentación. Por ello, se hace patente la necesidad de regular y vigilar sus actividades para que sus potenciales perjuicios no excedan su utilidad social.
