Adopción en la SCJN: Los hijos no son provisionales
Hay asuntos que llegan a la Suprema Corte sin hacer demasiado ruido. No enfrentan al gobierno con la oposición ni incendian las redes. Pero tocan algo bastante más serio: la vida de una niña o un niño.
Este jueves ocurrió uno de ellos.
Por ocho votos contra uno, el Pleno de la Suprema Corte ordenó al Congreso de Jalisco terminar de eliminar de sus leyes la figura de la adopción simple y ajustarse al modelo de adopción plena e irrevocable.
El proyecto fue presentado por el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García y parte de una idea difícil de discutir: un hijo adoptado no puede ser un hijo provisional.
La adopción simple permitía algo que, visto fuera del lenguaje jurídico, resulta brutal. El menor no quedaba plenamente integrado a toda la familia adoptante y el vínculo podía incluso revocarse por causas como la llamada “ingratitud”.
Es decir, había hijos con certezas distintas.
Y eso es justamente lo que la Corte consideró discriminatorio.
Desde 2019, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce un solo modelo: adopción plena e irrevocable. Jalisco eliminó la figura de su Código Civil, pero dejó referencias pendientes en su legislación procesal. Siete años después, la Corte tuvo que ordenar al Congreso estatal terminar el trabajo.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa defendió además que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes pudiera promover el amparo frente a esa omisión. María Estela Ríos González fue la única integrante del Pleno que votó contra el estudio de fondo, al considerar que las reformas procesales corresponden al Congreso de la Unión.
Bajo la presidencia de Hugo Aguilar Ortiz, la nueva Corte deja así una resolución que vale la pena reconocer.
Porque adoptar no significa darle un hijo a quien quiere ser padre.
Significa darle una familia a quien tiene derecho a tenerla.
Y una familia no puede venir con cláusula de devolución.
PIEZAS SUELTAS
Consulados: de proteger a migrantes a tener ser uno de ellos…
Durante años atendieron mexicanos desde el otro lado de una ventanilla consular. Tramitaron pasaportes, matrículas, actas de nacimiento, credenciales. Escucharon historias de miedo, deportaciones y familias partidas.
Ahora algunos enfrentan su propia incertidumbre migratoria.
Alrededor de 400 trabajadores de los 53 consulados mexicanos en Estados Unidos están en riesgo de perder sus empleos conforme venzan sus visas A-2. Si después permanecen en ese país sin conseguir otro estatus legal, podrían terminar como indocumentados.
La paradoja pega duro.
México presume una de las redes consulares más grandes del mundo y, en plena ofensiva migratoria de Donald Trump, parte del personal que ayuda a nuestros paisanos enfrenta la posibilidad de quedarse sin trabajo y después sin visa.
Pero tampoco vale cargarle toda la factura a Trump.
El problema viene de 2016, cuando el gobierno de Barack Obama modificó las condiciones para estos trabajadores. Desde entonces México hizo lo que tantas veces hacemos: negociar prórrogas, ganar tiempo y patear el problema.
Pasaron Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum. La solución definitiva nunca llegó.
El canciller Roberto Velasco reconoce que la situación es compleja y que la SRE continúa negociando con Washington. En Los Ángeles, el cónsul Carlos González Gutiérrez enfrenta ya el caso de Rosa Elvira, una trabajadora que después de cuatro décadas de servicio deberá dejar su puesto el 21 de agosto.
Cuatro décadas. No cuatro meses.
Hay personas que formaron familias, tuvieron hijos y construyeron prácticamente toda su vida allá.
Por eso esto dejó de ser solamente un asunto de visas.
También es una deuda laboral y humana del Estado mexicano con quienes durante años sostuvieron buena parte del trabajo cotidiano de sus consulados.
Y la pregunta resulta inevitable:
si quienes protegen a nuestros migrantes quedan desprotegidos, ¿quién los protege a ellos?
