Acatamiento y priorización del mandato electoral: las cinco de septiembre

El consenso social, la consulta pública, de mayor alcance, es/son las elecciones generales que tuvimos el 2 de junio pasado. Cualquier otro mecanismo de socialización, como el parlamento abierto, encuestas, debate entre sectores y “expertos”, participación de “todos los involucrados” etc., etc., son ejercicios profundamente acotados, cerrados, comparados con las votaciones generales. Prácticamente 36 millones de electores emitieron un mandato, obligado, vinculante, riguroso, que se sintetiza en la expresión obradorista “Plan C”, quienes fueron elegidas/os para aplicarlo no pueden evadirse, ni intentar posponerlo, ni hacer maniobra alguna que signifique desentendimiento o sesgo grave… “mandato electoral mata encuesta y parlamento abierto”.

El presidente, advirtiendo el natural pasmo de arranque de nuevos responsables de gobierno y representación legislativa, y conociendo el alto riesgo de deslealtades tanto de propios militantes de la 4T como de toda esa cauda de rémoras partidistas ajenas, asume un porfiado posicionamiento de fin de mandato para obligar a aprobar en septiembre, último mes de su sexenio, reformas constitucionales comprometidas en la elección, cinco iniciativas acordó impulsar con la inminente presidenta Sheinbaum: elección abierta a la población de ministros, magistrados y jueces; restauración del principio constitucional de no reelección; becas universales en educación preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas del país; apoyos económicos para mujeres de 60-64 años; y la restauración de la Ley de ISSSTE a condiciones previas a la reforma calderonista de 2007, se restablecerán las pensiones. De estas iniciativas, las cuatro ulteriores son priorización de Claudia Sheinbaum.

Las filas judiciales se volcaron nerviosas ante el enérgico mandato popular de las elecciones, jueces, magistrados, ministros de la Corte han publicado comunicados intensos de su disposición para proponer, participar, debatir y hasta reconocer lo “perfectible” del poder público que ejercen. Antes de los resultados electorales su posicionamiento era su severo rechazo a cualquier intento de tocar su presunta autonomía con la que se ha construido un poder judicial que, a ojos de todos, se ha prostituido profusamente y sin ningún escrúpulo, que se ha puesto al servicio de acaudalados y recurrentemente contra el interés general. Protagonistas de la 4T y anti4T han hecho comunicados públicos de apertura de debates, de consultas, de levantamiento de encuestas, de parlamentos abiertos, con propósitos de “socializar” la socializada e inminente reforma constitucional. 

Vendrá una intensidad en la discusión pública que puede llevar a cambios en la redacción final del texto institucional, esto es determinante para el fin masivamente mandatado, pues sí es necesario corregir aquella redacción “anzuelo” que el presidente Obrador dispuso en la iniciativa del 5 de febrero pasado, con la intención de conseguir la voluntad de legisladores anti4T la iniciativa de reforma entregaba un tercio de las postulaciones a ministros de la Corte a las mismas pandillas de la Corte, otro tercio a las pandillas de las cámaras legislativas y conservaba para el ejecutivo el tercio restante, esta táctica de “enamoramiento” debe eliminarse de la redacción de la reforma, pues representa un despropósito para lograr autentificar el compromiso social de los ministros (y de los magistrados y jueces) pues no cambia en nada el origen de quienes pueden llegar a esos cargos: las camarillas encumbradas y enquistadas en los cargos públicos y acaudalados personajes. 

La vía de postulación es determinante para corregir al Poder Judicial, ahí está el verdadero origen de la infección, de nada sirve votar solo por las opciones que nos impongan, la postulación debe ser abierta a cualquier profesionista del derecho que quiera participar, los filtros técnicos y éticos y los procedimientos precisos para verificarlos deberán ser parte de los requisitos en la ley, solo así tiene auténtico sentido la “irreductible” condición de elección popular de juzgadores que las votaciones pasadas han ordenado.

Asignatura de trascendencia social superior es la restauración de la Ley del ISSSTE que impulsa Sheinbaum, se trata de enmendar el infame saqueo que Calderón aprobó en 2007 en perjuicio de millones de trabajadoras/es condenándolas/os a recibir miserables pensiones con la modalidad de cuentas individuales, después vino la puntilla para quienes se sostuvieron en el régimen pensionario de bolsa solidaria con imponer la referencia de Unidades de Medida y Actualización (UMA) en sustitución de los Salarios Mínimos.

El acatamiento al mandato de restauración del principio constitucional de no reelección es un acierto de la mayor escala, aplicable para el 2030, se acabarán las bacanales reeleccionistas que generan anquilosamiento de codiciosos intereses en los organismos públicos. Las becas universales en escuelas públicas para niñas/os, estudiantes, de preescolar, primaria y secundaria, impulsarán sustancialmente la movilidad social y mejorará visiblemente las condiciones de desventaja en segmentos demográficos marginados. En el mismo sentido de reducir desventajas sociales, los apoyos a mujeres de 60-64 años de edad resultan imprescindibles. Si septiembre se logra, será un arranque sexenal realmente de trascendencia histórica, de cambio de época.

Profesor Investigador*
El Colegio de la Frontera Norte, Unidad Mexicali