Llama Norma Piña a hacer valer el interés público en juicios ligados al agua
La ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del Poder Judicial de la Federación (PJF), llamó a los jueces a hacer “valer el interés público implícito en el uso sustentable, la conservación y la restauración de los recursos hídricos por encima de intereses privados o de cualquier otro interés contrario al bien mayor de los derechos colectivos y de la naturaleza, que dependen del agua segura y suficiente, con un enfoque de justicia intergeneracional”.
Al clausurar la Conferencia del Agua de Naciones Unidas 2023, que se realizó en línea, convocó a “juzgar con perspectiva de justicia hídrica” y que ello “se convierta en función innata a nuestros procesos de adjudicación”. Calificó este acto de “punto de partida para detener la crisis global en la materia”.
Piña Hernández aseveró que aún son insuficientes los esfuerzos para enfrentar la emergencia planetaria y el cambio climático, por lo que es necesario que “las sentencias constituyan una fuerza disuasoria mediante un enfoque de responsabilidad ambiental objetiva estricta”.
Propuso ocho puntos para revertir, en cada decisión judicial, la crisis hídrica mundial, entre ellos la inclusión de comunidades indígenas y tribales “que tengan las herramientas necesarias para proteger sus territorios, medios de vida y derechos fundamentales a una vida digna, en armonía con la naturaleza”.
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien además participó en esta conferencia como miembro de la junta del Instituto Judicial Mundial Ambiental, destacó que desde 2012 la Constitución mexicana protege en su artículo cuarto el derecho humano al agua como bien jurídico y “obliga a los órganos del Estado a revertir nuestras relaciones de explotación, de consumo y de mercado con el agua, con el fin de atender los problemas estructurales de contaminación, sobrexplotación y desperdicio”.
La Conferencia del Agua de la ONU 2023 reunió a ministros de las cortes supremas, tribunales constitucionales y órganos de vigilancia judicial de distintas partes del mundo, con el fin de movilizar a todos los sectores, actores y países y crear el impulso político necesario para combatir los desafíos globales del agua.
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