Liquidación judicial de CIBanco: ordenan embargos y exigen cuentas
Ciudad de México, 9 de julio. El Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México declaró procedente la liquidación judicial de CIBanco, tras concluir formalmente que sus activos resultan insuficientes para cubrir la totalidad de sus pasivos. Paralelamente, la minoría accionaria de la sociedad Tenedora CI exigió por escrito una rendición de cuentas ante presuntas irregularidades en el remate de activos por cientos de millones de pesos, proceso operado por la firma Álvarez & Marsal México y bajo la supervisión directa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
La resolución del tribunal civil fijó como fecha de retroacción el 29 de septiembre de 2024 con la finalidad de revisar minuciosamente las operaciones previas de la institución de crédito. Este escenario legal se suma a la orden del Poder Judicial capitalino que decretó un embargo por 500 millones de pesos contra los exdirectivos Jorge Rangel de Alba Brunel, Salvador Arroyo Rodríguez y Roberto Pérez Estrada, quienes encabezaban el mando de un banco que el Tesoro de Estados Unidos identificó en junio de 2025 como una preocupación principal en lavado de dinero.
El requerimiento entregado por la minoría de los accionistas señala de forma específica dos transacciones multimillonarias realizadas el 2 de septiembre de 2025 sin haber notificado o consultado a la Asamblea de Accionistas. La primera de ellas corresponde a una escisión de CIBanco que traspasó activos, pasivos y derechos a otra sociedad por un valor de 638 millones de pesos. La segunda operación consiste en una cesión a otra entidad financiera de derechos de cobro de créditos vigentes, vencidos y litigiosos por un monto de 767 millones de pesos, existiendo señalamientos de que al menos una cartera se transfirió con un descuento fuera de mercado superior al 20 por ciento.
En contraste, reportes de cierre de 2025 indicaron un avance del 84 por ciento en el pago de depósitos cubiertos a 13 mil 890 ahorradores, lo que significó la entrega de 3 mil 400 millones de pesos mediante la subasta de 55 sucursales, venta de carteras y un recorte del 33.6 por ciento de la plantilla laboral. No obstante, expertos advierten que la rapidez de la enajenación no asegura el mejor precio de los activos, dejando abierta la responsabilidad de los exdirectivos y de Álvarez & Marsal ante los criterios de valuación aplicados bajo legislaciones mexicanas y estadounidenses.
