La ruinosa aventura gallega de Calderón y Peña

Madrid. Petróleos Mexicanos (Pemex), a través de su ya desaparecida filial en el paraíso fiscal de las Antillas Holandesas PMI Holdign BV, realizó una de las operaciones más ruinosas de su historia: en el sector de los astilleros de Galicia, donde la paraestatal mexicana tenía un plan de inversión de más de mil millones de euros, que finalmente no prosperó hasta el final. 

Pero en su estela de derroche y corrupción dejó un altísimo costo para el erario mexicano, que se enderezó hace algo menos de dos años, cuando se puso fin a esta aventura gallega que se inició durante el sexenio de Felipe Calderón y que se prolongó hasta los últimos días de gobierno de Enrique Peña Nieto.

Para entender por qué Pemex, una petrolera pública de América Latina, decidió convertir Galicia en uno de sus puntos estratégicos, tanto operativos como de construcción de sus propios buques y embarcaciones, hay que remontarse a los primeros años de gobierno del panista Felipe Calderón, que guiado por los intereses de su entonces mano derecha y secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, puso sobre el radar del ex presidente mexicano la tierra de sus orígenes, donde su padre es todavía uno de los empresarios más acaudalados de Vigo, la cuna de los astilleros en la región.

Ese fue el primer punto de contacto, pero incluso después del fallecimiento de Mouriño en un accidente de avión, en 2008, los nexos con el sector naval gallego y el gobierno de México continuaron.

Hasta llegar a un encuentro que terminó por desencadenar el resto de las operaciones, que a la postre resultaron muy lucrativas para los intereses gallegos y ruinosas para los intereses mexicanos. 

Fue en abril de 2011, cuando el entonces presidente español Mariano Rajoy viajó a la Ciudad de México con un selecto grupo de empresarios. En ese encuentro en Los Pinos se trazó el que fue después el plan maestro, que tenía previsto unas inversiones de más mil millones de euros por parte de Pemex y un compromiso de permanencia de hasta 35 años en el sector.

De hecho, sólo un mes después de ese encuentro de alto nivel, el entonces director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, viajó a Santiago de Compostela, capital de Galicia, para firmar lo que denominaron “un documento base” en el que se fijaron las etapas, los rubros y los fondos que destinaría Pemex en Galicia, en lo que definieron como una “nueva alianza estratégica”.

Y el primero de esos acuerdos fue la contratación por parte de Pemex de los astilleros Navantia e Hijos de J. Barreras para construir dos floteles por 380 millones de dólares.

Pero también se comprometió la paraestatal mexicana a asentarse de forma permanente en el puerto de Langosteira, en La Coruña, a través de un centro de almacenamiento y distribución para concentrar sus negocios en Europa. El compromiso era quedarse 35 años, para lo que incluso se realizaron trabajos técnicos para construir oficinas y bodegas, con un costo que superaba los 70 millones de dólares.

Pero había más en ese “plan maestro”: en una tercera fase del acuerdo, se estableció el compromiso por parte de Pemex de la contratación de otros cinco astilleros gallegos para la fabricación de 14 remolcadores, de los cuales siete se harían íntegramente en Galicia y los otros siete de manera conjunta con empresas mexicanas. El costo de esta operación superaba 100 millones de dólares. 

Además se acordó negociar con los astilleros gallegos para la renovación de la flota menor de Pemex, que suponía la construcción de más de 150 embarcaciones y un contrato que superaba 350 millones de dólares.

La operación sirvió de balón de oxígeno al sector naval gallego, que gracias a la intervención del gobierno mexicano no sólo aseguraba su subsistencia para las siguientes décadas, sino que además garantizaba trabajo para más de 3 mil personas.

De hecho, cuando estaba a punto de finalizar el sexenio de Calderón y Peña Nieto estaba inmerso en el traspaso de poderes, el entonces presidente electo refrendó el acuerdo de la supuesta “alianza estratégica” y recibió en su oficina de campaña a una delegación de directivos de los siete astilleros gallegos que estaban involucrados en los acuerdos cerrados por Calderón y Suárez Coppel, es decir Navantia, los Hijos de J. Barreras, Freire, Valiña, Cardama, Vulcano y Metalships.

Incluso uno de ellos, el director de Valiña, Fernando Alcalde, a su regre so a Galicia informó a sus socios que durante el viaje a México se había llegado a un acuerdo verbal para que la Secretaría de Marina encargara la construcción de “varios tipos de buques, además de remolcadores, gabarras, barcazas y abastecedores”.

Un extremo que fue desmentido en su día por la Secretaría de Marina, pero que desde los astilleros gallegos se confirmó, al menos en lo que aseguraron fue un compromiso verbal.

Después de asumir el cargo, el ex presidente Peña Nieto no sólo no dio marcha atrás en ese plan inversor, sino que fue más allá, y decidió comprar 51.1 por ciento de las acciones de uno de los astilleros, Hijos de J. Barreras, que adquirió Pemex en 2013 y bajo el mandato de Emilio Lozoya, aunque la operación fue realizada por José Manuel Carrera Panizzo, ex director corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios de Pemex, y que controlaba la filial de la paraestatal en las Antillas Holandesas, PMI Holding. Hoy ambos están siendo procesados por varios delitos de corrupción.

Pemex pagó el costo de dos floteles, uno a Hijos de J. Barreras y otro a Navantia. Lo más grave fue que ambas compras fueron de nuevo ruinosas para el erario mexicano, ya que al poco tiempo de recibir el encargo por parte de Navantia, en 2017, Pemex ni siquiera utilizó el flotel y decidió ponerlo a la venta sin éxito y hasta la fecha la oferta más atractiva que ha recibido es de 44 millones de euros. El otro flotel, el construido por Barreras, está amarrado y sin uso en Campeche.

El final de la aventura gallega de Pemex se precipitó con el actual gobierno, cuando, en el tercer trimestre de 2020, después de disolver la filial de Pemex en las Antillas Holandesas, PMI, también decidieron cerrar la venta de sus acciones en el astillero vigués a la empresa de turismo Ritz-Carlton, que pagó una cifra similar a la que costó a Pemex.

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