Gobernantes de 4T piden a la SCJN observar «estrictamente» la Constitución en tema de PPO

Tijuana, 7 de septiembre. La mandataria de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, junto con 18 gobernadoras y gobernadores y la titular del Gobierno capitalino, publicaron una carta dirigida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a la opinión pública, en la que piden al máximo tribunal del país se abstenga de intervenir en cambios a la Constitución sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa, ya que no está en sus atribuciones.

«Hacemos un respetuoso llamado a las ministras y a los ministros de la SCJN a respetar la división de poderes, observar estrictamente el texto constitucional así como los procedimientos que la ley prevé para modificarla», señalaron en la carta firmada por «gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación».

También puede interesarte: SCJN determinará validez de la PPO el próximo jueves

En el documento, que reproducimos textual, también defienden los resultados en materia de seguridad, desde las estrategias aplicadas por el gobierno federal:

«Los gobiernos surgidos del movimiento de la cuarta transformación estamos comprometidos con garantizar a la sociedad una seguridad pública efectiva a corto, mediano y largo plazo. Por ello, estamos atendiendo las causas de la violencia que nos heredaron por más de tres décadas neoliberales, teniendo en cuenta que la desesperanza, la desarticulación familiar y la desesperación, son el «caldo de cultivo» en la comisión de los delitos en una sociedad en la que prevalecen las desigualdades sociales y económicas. Para atacar esta desigualdad, acordes con el Presidente de la República hemos implementado políticas de bienestar que vayan subsanando la descomposición social generada por aquellos años de políticas equivocadas de los gobiernos anteriores.

«Adicionalmente a lo anterior, se han fortalecido los cuerpos de seguridad, hemos contribuido a la implementación de operativos coordinados entre las policías estatales y las fuerzas federales de seguridad.

«Por otro lado, hemos tomado también acciones coordinadas para acabar con la impunidad que prevalecía en el sistema de justicia. Nuestra prioridad a la hora de que alguna persona comete un delito es proteger a la sociedad y a las víctimas. En el marco del debido proceso penal, reconocemos que se había venido abusando de «la puerta giratoria» en las instancias de justicia, por la que los delincuentes salen nuevamente a la calle a delinquir. Estamos seguros que, en los delitos graves, la sociedad, y en particular las víctimas de los delitos, desean que sus agresores no anden en libertad amenazando su integridad, sobre todo cuando reiteradamente esa persona sigue delinquiendo y amenaza a sus acusadores a fin de que no procedan las denuncias correspondientes ante los ministerios públicos y las fiscalías.

«En estos días, las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discuten en el Pleno el análisis de la prisión preventiva oficiosa.

«Ante ello, nuestros gobiernos queremos manifestar algunos argumentos fundamentales por los que consideramos debe mantenerse tal como lo establece la Constitución en su artículo 19.

«Primero. Reiteramos que la disminución de la incidencia delictiva en nuestro país, así como la nueva estrategia de seguridad que impulsa el gobierno federal, han resultado exitosas y efectivas, particularmente en el combate a la Impunidad donde la medida de prisión preventiva oficiosa ha sido fundamental para que los delincuentes no se den a la fuga ni prosigan en la comisión de más delitos.

«El dilema, remarcamos, no es el número de personas que se encuentran en prisión preventiva, sino cómo garantizamos la justicia a la víctima cuando el delincuente sigue afuera amenazándola o descaradamente delinquiendo.

También puede interesarte: Mayoría en SCJN, en contra de «inaplicar» Constitución para invalidar PPO

«Además, en el caso de los tipos penales señalados en el segundo párrafo del artículo 19 para imponer la prisión preventiva oficiosa, es el juez quien de oficio debe abrir el debate sobre la imposición de la medida, respetando ese carácter subsidiario, excepcional y proporcional de la medida. Es decir, no es de manera automática que el juez dicta la prisión preventiva, sino a través de la consideración previa del análisis y criterio que el juez hace en cada caso.

«Segundo. Quitar parte del texto constitucional o dejar sin efecto algunos párrafos de él, es decir, modificar dicho texto NO es atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se debe acatar lo que la misma Constitución marca para hacer cambios constitucionales y tal como lo reconocen algunos ministros integrantes de la Suprema Corte, NO TIENEN LA FACULTAD PARA REDACTAR O REFORMAR LA CONSTITUCIÓN, mucho menos cuando el artículo 19 en cuestión NO FUE IMPUGNADO POR LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS NI POR NADIE EN SU MOMENTO DE DECRETO NI EN LOS TIEMPOS QUE PREVÉ LA LEY PARA TAL EFECTO.

«Ante todas estas consideraciones, las gobernadoras, la jefa de Gobierno y los gobernadores que firmamos, estamos convencidos de que la figura de la prisión preventiva oficiosa debe prevalecer.

«Igualmente reiteramos nuestra convicción, respeto y compromiso con los derechos humanos de todas las personas, así como con los tratados y convenciones internacionales en la materia.

«Por ello mismo, hacemos un respetuoso llamado a las ministras y a los ministros de la SCJN A RESPETAR LA DIVISIÓN DE PODERES, OBSERVAR ESTRICTAMENTE EL TEXTO CONSTITUCIONAL ASÍ COMO LOS PROCEDIMIENTOS QUE LA LEY PREVÉ PARA MODIFICARLA.

«Hacemos votos para que tomen en cuenta estas consideraciones, y poder seguir garantizando a las y los mexicanos la paz y la tranquilidad a la que aspiran y tienen derecho.

Firmantes:

Marina del Pilar Ávila, Gobernadora de Baja California

Víctor Castro, gobernador de Baja California Sur

Layda Sansores, gobernadora de Campeche

Rutilio Escandón C., gobernador de Chiapas

Claudia Sheinbaum, jefa del Gobierno capitalino

Indira Vizcaíno Silva,  gobernadora de Colima

Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero

Julio Ramón Menchaca Salazar, gobernador de Hidalgo

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán

Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos

Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit

Miguel Barbosa, gobernador de Puebla

Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí

Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa

Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

Carlos Manuel Merino, gobernador de Tabasco

Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala

Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz

David Monreal, gobernador de Zacatecas