En Veracruz existen más de 50 casos de abuso de autoridad
Ciudad de México, 14 de enero.- El senador Dante Delgado, señaló que existen irregularidades en la detención, “arbitraria”, del diputado federal electo Rogelio Franco Castán, quien lleva preso 10 meses en Veracruz.
Dante Delgado es el presidente de la Comisión Especial para determinar la existencia de abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en el estado de Veracruz.
En conferencia de prensa, el senador destacó que, hasta este momento, se han registrado más de 50 casos de abuso de autoridad en dicha entidad.
El senador informó en un comunicado que el diputado federal electo del PRD, estaba amparado frente a la denuncia de violencia familiar, sin embargo, a pesar de mostrar el amparo al momento de su detención, el argumento jurídico que utilizan para llevárselo al penal es el delito de ultraje a la autoridad.
Luis Enrique González Lira, titular de la defensa aseguró que lo que se está haciendo en contra de Rogelio Franco Castán, es un acto arbitrario, injustificado y desapegado del Estado de Derecho.
Precisó que actualmente se encuentra vinculado a tres procesos, por el delito de ultrajes a la autoridad; extorsión, abuso de autoridad y contra la administración de justicia, en el distrito de Jalapa, Veracruz; y por el delito de peculado equiparado.
Sufre la medida cautelar privativa de libertad, a pesar de que no hay ningún elemento jurídico que acredite riesgo cautelar como para que se encuentre actualmente tras las rejas.
Aseveró que no existe evidencia o material probatorio para que Rogelio Franco Castán se encuentre en una prisión preventiva; “y lo único que lo tiene ahí son absolutamente meras instrucciones”.
Delgado expresó que no se va a tratar de agraviar ni de lastimar a ninguna institución, pero sí de impedir que haya violaciones al Estado de Derecho.
En su oportunidad, el senador del Grupo Parlamentario del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa dijo que la Suprema Corte declaró inconstitucional el delito de ultraje a la autoridad, porque puede ser considerado como un “insulto”.
Advirtió que este tipo de elementos permiten hacer acusaciones a modo y que no tiene ningún viso de seguridad jurídica, por lo que cada una de las entidades debe atenderlo.
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