En curso, investigación sobre audios contra ‘Alito’: INE
Ciudad de México, 6 de julio.- El Instituto Nacional Electoral (INE) dijo que la investigación sobre los audios que involucran al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, está en curso y llevará tiempo emitir una resolución.
Puntualizó que ha realizado 30 diligencias de este asunto.
“Por su propia naturaleza, se trata de procedimientos que toman tiempo e involucran a diversas instancias, entidades, dependencias públicas, actores políticos y ciudadanas y ciudadanos, al final de los cuales se determinará si hay elementos que constituyan una infracción”, dijo.El INE emitió esta noche un comunicado para responder a distintas críticas de medios y actores políticos sobre las resoluciones del árbitro electoral sobre el tema de Alito y de las indagatorias sobre los aspirantes presidenciales de Morena.
Precisamente Morena denunció que los consejeros actúan con parcialidad, en favor de la oposición, y no mostraban la misma celeridad para juzgar a este partido que al dirigente del PRI, este último denunciado por presunto financiamiento irregular de campañas proselitistas.
El INE explicó en su boletín que el asunto del priísta lo ve la Unidad Técnica de Fiscalización y, en otra vía, a través de la unidad técnica de lo contencioso, se llevan a cabo los procedimientos sancionadores por posibles actos anticipados de precampaña y campaña contra diversos funcionarios y actores políticos .
“Para evitar confusiones y esclarecer las acciones del INE al respecto”, el Órgano aseveró que da curso a todas las denuncias “realizando las indagatorias con equidad, eficacia y exhaustividad”.
El reporte oficial del INE indica:
A través de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), el INE realiza indagatorias en relación con diversos audios en los que presuntamente se encuentra implicado el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por posibles conductas ilícitas en materia de fiscalización, relacionadas con supuestas aportaciones a campañas electorales.
Las quejas fueron presentadas por el partido político Morena y la C. Layda Sansores San Román. En razón de ello, el Instituto y la Comisión de Fiscalización, a través de su área técnica, la UTF, ha efectuado más de 30 diligencias y continuará con la realización de las investigaciones conducentes para el esclarecimiento de los hechos.
Al respecto, se ha solicitado información al propio denunciado, a diversos actores políticos y medios de comunicación, así como a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y a la Unidad de Inteligencia Financiera.
Sin embargo, al ser una investigación en curso, que forma parte de un procedimiento administrativo sancionador, su difusión parcial o total se encuentra temporalmente reservada. Consecuentemente, el Instituto mantendrá la confidencialidad y reserva de las indagatorias, cuyos resultados se darán a conocer de manera oportuna, una vez finalizadas.
Las posibles medidas sancionadoras, de existir, serán tomadas por la Comisión de Fiscalización y votadas después en el Consejo General del INE. La determinación final del INE podrá ser recurrida ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como puede ocurrir con todas las decisiones que toma el Consejo.
Posibles actos anticipados de precampaña y campaña
En las últimas semanas la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) ha atendido diversas quejas presentadas por actores políticos por actos realizados en el Estado de México y Coahuila, que los denunciantes consideraban violatorios de la legislación electoral.
En el caso de la resolución emitida este martes 5 de julio, la denuncia por actos anticipados de precampaña y campaña fue presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y se refería al acto denominado “Unidad y Movilización”, celebrado por el partido político Morena el 26 de junio de 2022 en el municipio Francisco I. Madero, en Coahuila.
Esta denuncia fue atendida por la UTCE y el dictamen de esta unidad fue analizado y votado en la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.
La Comisión estimó procedente el dictado de medidas cautelares, tanto por la propaganda difundida en redes sociales, como en la vertiente de tutela preventiva, por considerar que existe un riesgo en que este tipo de actos, presumiblemente ilícitos en tanto evidencian una posible estrategia de proselitismo electoral adelantado, vuelvan a repetirse en el futuro inmediato.
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