Crisis generalizada de DH en el país, alerta la defensoría pública

En México no han disminuido las violaciones a los derechos humanos. Tenemos una crisis generalizada. Parece que no avanzamos. Es muy triste, pero esa es la realidad, consideró la directora del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), la magistrada Taissia Cruz Parcero.

En entrevista con La Jornada, la jurista egresada de la UNAM y con 30 años de carrera en el Poder Judicial de la Federación (PJF) aseguró que el órgano que hoy encabeza tiene el objetivo de garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural no puedan contratar los servicios de defensa legal privada para la protección de sus derechos.

Del primero de junio de 2022 al 15 de noviembre de 2023, el IFDP brindó representación legal en materia penal a 62 mil 10 personas imputadas: 56 mil 99 en el sistema de justicia acusatorio y 5 mil 911 en el tradicional, de las cuales, 5 mil 393 son mujeres y 56 mil 617 hombres.

Además, expuso, formalizó 9 mil 725 mecanismos alternativos de solución de controversias y terminación anticipada en los casos en que los usuarios optan por ello. La mayoría de los asuntos reportados correspondió a procedimiento abreviado, con un total de 8 mil 156, que representan 83.8 por ciento de los casos. Por otra parte, se reportaron mil 164 asuntos con suspensión condicional (12 por ciento), 350 con acuerdo reparatorio (3.6) y 55 resueltos con la figura de criterio de oportunidad a cargo del agente del Ministerio Público (0.6).

En ese periodo, la defensoría pública obtuvo 109 liberaciones mediante la Ley de Amnistía a escala federal, la mayoría en Sinaloa, con 45 reportes; Chiapas, 12; Guerrero, 10; Jalisco, ocho; Ciudad de México, siete; Chihuahua, cinco; Morelos, cuatro; Puebla, tres; Baja California, tres; Nayarit, dos; Durango, dos; estado de México, una; Michoacán, una; Querétaro, una; Quintana Roo, una, y Sonora, una. Todos los beneficiarios son de escasos recursos.

Tenemos una Secretaría Técnica de Combate a la Tortura. En la administración anterior se priorizó mucho la denuncia, y por eso hay aproximadamente 5 mil en todo el país; son casos que están en conocimiento de las fiscalías locales y General de la República, indicó la funcionaria.

Durante la charla admitió lo difícil que resulta judicializar casos de tortura. A la fecha, dijo, sólo se tienen cinco asuntos que están en manos de los tribunales.

El IFDP constituye el más grande despacho público de abogados en el país, con aproximadamente 900 defensores y 300 asesores jurídicos. Es la única institución donde hay control de calidad y los abogados son supervisados y evaluados constantemente, por ello, sostuvo Cruz Parcero, hay muchos bufetes privados que buscan contratarlos.

El trabajo de los defensores es muy bueno; se obtienen resoluciones favorables en aproximadamente 40 por ciento de los asuntos en materia penal. En asesoría jurídica es un poco más difícil, pero se tienen casos de éxito. Hay también muchos temas que se litigan en contra de instituciones bancarias por cargos no reconocidos y disposiciones de dinero no aceptadas.

–¿A cuántas personas representan los más de 900 defensores públicos?

–Atendemos aproximadamente 7 mil personas que se encuentran en prisión preventiva en el área de defensa penal, miles más que no están privadas de la libertad y muchas más que se hallan en proceso de ejecución de sentencias.

El tema penal es muy difícil, aunque tengamos una estrategia de defensa y ejecución bien diseñada, hay condiciones de internamiento que no son adecuadas ni dignas. Los defendidos enfrentan problemas de comida, espacios, dotación de agua y falta de acceso a medicinas y servicios médicos. Es un problema del tamaño del mundo, y eso lo padecen todos los días nuestros defensores, además viven problemas de inseguridad en algunos centros federales.

Cruz Parcero enfatizó que también atienden casos de mujeres encarceladas que fueron cooptadas por el crimen. Normalmente son mujeres privadas de la libertad o que están sentenciadas a 50 años, y eso es un tema que debería revisarse, porque fueron obligadas por algún integrante de la organización delictiva a dar alimento a las víctimas; se les asignó ese rol por ser la esposa, la hija o la hermana de alguno de los líderes de la banda.

La titular del IFDP defiende el trabajo de los defensores, ya que no tienen consignas ni reciben recomendaciones, tampoco se instruye a personas defensoras ni asesoras para actuar en tal o cual sentido, y eso es un cambio, una evolución natural de la institución, que consideramos relevante, afirma.

Lo cierto, subraya, es que los defensores y asesores “tienen conocimiento especializado para atender a integrantes de comunidades indígenas y de grupos vulnerables que son imputados por algún delito, como son personas de escasos recursos, con discapacidad, indígenas, migrantes, menores, afrodescendientes y adultos mayores.

Creo que hace falta una decidida política de Estado para reformar las defensorías locales y la justicia cotidiana, que es la que es más cercana al grueso de la población, y con ello la sociedad cuente con mejores condiciones de servicio, acceso y posibilidades de atención, advierte.

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