Vivir en la ilegalidad y el olvido, realidad de pacientes de cannabis en BC

Tijuana, 20 de abril.- Aunque desde el 2017 se reformó la Ley General de Salud y el Código Penal Federal para regular el uso de la cannabis en México, para quienes requieren su uso médico y activistas en favor de la despenalización y legalización de la marihuana, la legislación no solo está incompleta, también en peligro de ser pateada hasta el próximo sexenio.

En toda la frontera norte, pero en especial en Tijuana, cientos de personas hacen uso del cannabis para el tratamiento de diversas enfermedades, que van del cáncer a la epilepsia. Es el caso de Arantza Ortiz Arreola, una niña de diez años que utiliza tratamientos a base de cannabis para su epilepsia severa generalizada, la cual sin el tratamiento, le causaría hasta 120 convulsiones por día.

Arantza y su madre son obligadas a vivir en la ilegalidad; para atender su padecimiento gastan entre 400 y 800 dólares cada tres meses y tienen que conseguir el medicamento en los Estados Unidos, mientras en Tijuana se vuelven cada vez más populares las «smoke shops» o tiendas de venta de parafernalia para el consumo de cannabis.

Actualmente existen más de 30 de estos establecimientos, que están pensados para funcionar como dispensarios en cuanto la legislación lo permita, mientras que productos que utilizan CBD (uno de los cannabinoides para los cuales si existen permisos y algunas regulaciones) se pueden comprar hasta en la farmacia de la esquina, incluyendo ungüentos para el dolor muscular, cremas hidratantes y bebidas energéticas.

Promesas de regulación

En su última visita a Tijuana en mayo de 2023, Ricardo Monreal, quien aún era el coordinador de la bancada morenista en el Senado de la República, aseguró que el tema de la legalización de la cannabis «es una de las prioridades que tiene el grupo para el periodo ordinario, aún tenemos dos periodos ordinarios en esta legislatura».

Pero además de que hasta el momento la legislación está parada en comisiones, para César Hank Inzunza, activista cannábico y dirigente del PES Baja California, la reglamentación que ya existe es deficiente y separada de la realidad.

«Jamás pensé que no nada más no estaban bien las modificaciones, si que también no iban a progresar (…) es un desacato legislativo a la Suprema Corte de Justicia, es un desacato a la declaratoria de inconstitucionalidad», recordó Hank Inzunza, recalcando que el reglamento sanitario y la legislación que ya se ha aprobado se contradicen.

«Me queda claro que en este periodo (legislativo) ya no pasó, tan no pasó que ya casi se acaba ahorita ya no hay manera (…) nos queda esperar que en el próximo periodo sea mejor, pueda haber viabilidad, esperamos tener mayor apertura en los tres órdenes de gobierno, empezando con la Presidencia de la República» aseveró el dirigente partidista.

Por vía de mientras en Baja California

En 2020, el Sexto Tribunal Colegiado del XV Circuito Judicial, con sede en Mexicali, ordenó a la Secretaría de Salud de Baja California proporcionar a Arantza Ortiz Arreola y a otros pacientes, tratamientos a base de cannabis o, en el caso de no contar con ellos, importarlos, algo que no se cumplió durante el gobierno de Jaime Bonilla Valdez.

En la actual gestión de Marina del Pilar Ávila Olmeda, la Secretaría de Salud del estado, a través de su titular, José Medina Amarillas, manifestó después de una primera cita con los solicitantes, que no se puede recetar cannabis medicinal, ya que no se encuentra en el cuadro básico, aunque ese argumento fuera desestimado por el Poder Judicial de la Federación.

A estos últimos se les invitó en este 2024 a una segunda valoración médica por parte de la Secretaría de Salud de Baja California; no obstante, se han mantenido al margen.

«Se ha tomado la decisión de no asistir hasta en tanto la Secretaría de Salud nos garantice que tienen el conocimiento o que se cuenta con la experiencia necesaria para poder prescribir estos tratamientos y posteriormente coordinarse con la Federación y poder dar el acceso al tratamiento, como ordena la sentencia desde 2020», detalló el representante legal de los pacientes, Emmanuel Farías Camarero.

Para Juan Carlos Guerrero, activista cannabico, parte esencial de la regularización de la marihuana está en la «certeza jurídica en un mercado existente. En México y en Tijuana el trasiego de cannabis siempre ha existido, es un mercado que existe, la certeza jurídica a ese mercado es justicia social».

A su consideración, el aspecto económico también juega un papel, pues «podrían darle un gran impulso al país, si se regula de manera correcta, de manera conciente y responsable, esos impuestos pueden ser etiquetados para combatir los problemas de salud que pueda llegar a generar un mercado regulado y los problemas que ha generado este combate a las drogas y que ha afectado a tantas familias, que ha diezmado tantos núcleos familiares y dejado tantos huérfanos».

Este 20 de abril se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Cannabis, por lo que la organización civil Comunidad Cannabica de Baja California organizó para el sábado 4 de mayo una marcha con el slogan «Sin mota no hay voto», para exigir que los candidatos a los diversos puestos públicos que están en juego este 2 de junio se posicionen sobre el tema.