San Quintín, a 7 años del levantamiento jornalero pocos cambios y mismas demandas 

Tijuana, 18 de marzo.- «Las cosas no han cambiado del todo en San Quintín» a siete años del levantamiento de que miles de trabajadores del campo dijeron «basta» a las condiciones de explotación y acoso y lograron que el mundo volteara a verlos, afirman representantes del Sindicato Independiente Nacional de Jornaleros Agrícolas (Sindja).

A través de un manifiesto en video expusieron el sentir de agremiados al sindicato; enumeraron los puntos del pliego petitorio que se hicieron en 2015 ante las autoridades de los tres niveles de gobierno, y que hoy se mantienen como una deuda pendiente para aquella población que en el trayecto de siete años se convirtió en municipio.

Pese a los acuerdos que suscribieron con autoridades federales y estatales (que encabezaba el panista Francisco Vega de Lamadrid), la explotación en San Quintín no se ha erradicado; muchos trabajan sin seguro social, continúan los abusos y en algunos casos no hay pago de horas extras ni de días festivos, además de que las jornadas son excesivas sin salario justo.

Una joven, de las cinco personas que sostienen una manta del sindicato -que surgió precisamente de aquella movilización del 17 de marzo de 2015, denuncia que aún les hacen firmar contratos colectivos con gremios que no los defienden, además de que hay empresarios que aún les pagan jornadas de hasta 80 pesos diarios.

Aun cuando aceptan que de los liderazgos del movimiento de 2015 «muchos quedaron en el camino» y otros tomaron caminos distintos, sostienen que la lucha ha dado resultados y convocan a seguir enfrentando juntos la explotación laboral en San Quintín, el sexto municipio de Baja California que hace siete años tenía una población de 90 mil jornaleros, casi 18 por ciento del total de habitantes.

De los surcos a barricadas en la carretera

La madrugada del 17 de marzo de 2015 cambió la fisonomía del valle; en lugar de las largas filas de jornaleros esperando y abordando camiones de transporte para acudir a los campos agrícolas se les observaba detrás de columnas de humo de llantas quemadas con las que la carretera Transpeninsular en cinco puntos, único acceso terrestre entre Baja California y Baja California Sur.

Fue el preámbulo para una movilización que se prolongó durante meses y que tuvo momentos álgidos como el mismo 17 de marzo; la zona se convirtió en escenario de reclamos que evidenciaban el hartazgo por las malas condiciones laborales, pero también de vandalismo y saqueos en los negocios de San Quintín, que dejó como saldo más de una docena de detenidos que estuvieron presos durante medio año, así como daños y pérdidas comerciales.

Los jornaleros, que formaban parte de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social y las autoridades atribuyeron los desmanes a personas ajenas al movimiento y no se desviaron de sus demandas; reclamaban un salario de 300 pesos diarios, de aguinaldo y horas extra; pago de 30 pesos por caja de fresa piscada; fin al acoso sexual contra las jornaleras y seguridad social entre muchas otras como derecho de antigüedad laboral y libre afiliación sindical.

La política se mezcló, algunos los vieron como botín y hubo golpes bajos, pero siguieron con la cara levantada

En paro permanente señalaban principalmente a empresas como Los Pinos, propiedad de la familia Rodríguez ligada al PAN; Compañías Valladolid y Aragonés, de la misma familia (en particular del entonces secretario de Planeación y Finanzas Antonio Valladolid, y el titular de la Secretaría de Fomento Agropecuario, Manuel Valladolid Seamanduras), y Berry-Mex, entre otras.

En mesas de trabajo el Consejo Agrícola -integrado por empresarios del ramo y funcionarios- acordó y depositó en la Junta de Conciliación y Arbitraje un convenio en el que se determinó un aumento salarial de 15 por ciento y pago de caja de fresa piscada en 12 pesos y salario de 120 pesos, lo que no fue aceptado por los jornaleros.

Con la intervención de empresarios y funcionarios se mezcló la política con el movimiento social: hubo divisiones y golpes bajos cuando algunos los vieron como un botín… pero ahí siguieron, con la cara levantada.

Más tensión, nuevos levantamientos

Los trabajadores de campo continuaron con el paro laboral y ajustaron sus demandas a un salario de 200 pesos diarios y 20 pesos por caja de fresa y se llevaron a cabo más reuniones con la intervención de representantes de los tres niveles de gobierno, sin llegar a acuerdos.
Mientras empresarios amenazaban a los jornaleros en paro -a quienes llamaban «mugrosos»- con cerrar las plantas o traer de Guerrero a gente que sí quisiera hacer el trabajo, el 24 de abril acudió el entonces subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, quien se comprometió a regresar en dos semanas para responder a las demandas.

Sin embargo, poco antes de que se cumpliera el plazo el funcionario federal anunció que no podría acudir a San Quintín porque no tenía transporte para llegar -según reportaron los jornaleros-, lo que enfureció a los trabajadores agrícolas y para el 9 de mayo se registró otro levantamiento.

En su momento la entonces Secretaría de Seguridad informó que un empresario reportó la presencia de «personas no autorizadas» en el Rancho Seco, por lo que elementos de la Policía Estatal Preventiva acudieron en un vehículo blindado conocido como «Rino» o «Tiburón» con el que entraron a la colonia triqui Lomas de San Ramón, donde se registró un enfrentamiento.

Residentes de la colonia denunciaron que los policías estatales estaban allanando viviendas y respondieron con piedras y palos contra la tanqueta hasta que rompieron los vidrios blindados y detuvieron la unidad lanzando una roca que rompió el depósito de aceite.
El vehículo se quedó varios días como un símbolo de fuerza para la comunidad, según dijeron los colonos, mientras el gobernador Vega de Lamadrid negó que hubieran incurrido en abusos o allanamientos.

Desconocieron acuerdos y deshicieron alianzas

Para octubre, luego de múltiples reuniones y desgaste para los jornaleros, la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social había firmado un convenio en que aceptaban un salario integrado, lo que agrupaciones de jornaleros desconocieron.

Lucila Hernández, una de las ex voceras de la alianza, acusó que no se consultó a la comunidad y las bases del movimiento y deploró que hubo quien tomó la lucha de los jornaleros como bandera con fines personales, y para noviembre se formó el Sindicato Independiente Nacional de Jornaleros Agrícolas.

A siete años del levantamiento jornalero más grande de la historia actual de Baja California y pese a las demanda de mejoras laborales, el Sindja denunció que todavía hay empresas que pagan 120, 100 y hasta 80 pesos diarios y no otorgan Seguro Social.