Red de huachicol operada por Ruffo «es la más grande» detectada: FGR
Tijuana, 16 de julio. La red de «huachicol fiscal» operada por el ex gobernador Ernesto Ruffo Appel es la más grande y colosal detectada hasta el momento, la cual generó pérdidas al fisco por 106 millones 800 mil 821 pesos, al dejar de declarar los volúmenes reales que introducían al país, señaló la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, al informar detalles de la operación que llevó a la detención del ex mandatario de Baja California.
En un mensaje a la nación, la fiscal explicó que Ruffo Appel, socio de la empresa Ingemar, SA de CV, y otras 25 personas relacionadas con la investigación -de quienes cuatro ya están detenidas-, trabajaban a través de un esquema de contrabando de hidrocarburo, mediante el cual solo declaraban 10 por ciento de lo que introducían al país.
Señaló que las indagatorias también revelaron que la estructura dependía financieramente de recursos provenientes de una empresa que posteriormente los canalizaba hacia empresas extranjeras mediante transferencias internacionales. «Estos movimientos configuran un esquema financiero con indicios de triangulación de recursos», señaló.
Los resultados obtenidos derivan de una investigación integral basada en el análisis y cruce sistemático, de información aduanera, fiscal, financiera, ferroviaria y corporativa, lo que permitió reconstruir la operación logística y financiera utilizada para introducir, distribuir y comercializar hidrocarburos de manera irregular en territorio nacional.
De esta manera, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada «logró identificar la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento, la cual utilizaba carros tanque de ferrocarril para desarrollar sus operaciones».
La estructura comenzó a operar a través de una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos fundada por el ex mandatario detenido la tarde de este jueves en Ensenada, por elementos del Gabinete de Seguridad.
Según la fiscal general, las empresas relacionadas con esta red se dedicaban formalmente a la importación de productos derivados del petróleo, pero al momento de introducir la mercancía a México desde refinerías Texas, Estados Unidos, declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos diferentes a los que efectivamente estaban transportando.
El producto era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas, y una vez en territorio nacional, la mercancía era internada sin que se realizaran las revisiones aduaneras correspondientes. Ingresaba sin revisión aduanera y era descargado en vías de conexión llamadas espuelas ferroviarias para su distribución ilegal.
Se descargaba en pipas o camiones de siete empresas diferentes que después se encargaban de distribuir el combustible en diferentes puntos del país. Ernestina Godoy informó que la reconstrucción de esta ruta logística se hizo mediante el análisis coordinado de información ferroviaria, aduanera, fiscal, financiera y comercial.
La red declaraba solo 10 por ciento de la capacidad real de cada carrotanque de ferrocarril: reportaban alrededor de 10 mil litros cuando en realidad estaban transportando hasta 110 mil.
Primera acción, al iniciar investigaciones
Según la fiscal, como resultado de una primera acción operativa se generó una afectación económica estimada en 32 millones, 808 mil pesos para la organización investigada, además, se desarticuló uno de sus principales centros de operación y se localizaron decenas de carrotanque de ferrocarril en Saltillo, Nuevo Laredo y en San Luis Potosí.
Las investigaciones revelaron además un perjuicio millonario al fisco derivado de la declaración irregular de hidrocarburos y de la omisión del pago de impuestos, ya que a partir del análisis de los cargamentos investigados se determinó que aproximadamente 15 millones 299 mil 830 litros de combustibles no fueron declarados ante las autoridades.
Se identificó que la organización habría utilizado 162 carrotanques de ferrocarril para omitir el pago de contribuciones federales; tan solo por concepto del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), la evasión estimada asciende a 88 millones 511 mil 516 pesos, sumado a 18 millones 289 mil 304 pesos correspondientes al impuesto al valor agregado. En conjunto, el posible daño causado a la Hacienda Pública por estos impuestos asciende a 106 millones 800 mil 821 pesos.
