Ratifica Mario Osuna solicitud de juicio político contra ex diputados
Mexicali, 16 de marzo.- El Dirigente Estatal del Partido Acción Nacional ratificó la solicitud de juicio político en contra de 16 ex legisladores ante el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado.
Mario Osuna entregó el pasado martes ante Oficialía de Partes, la solicitud de juicio político en contra de los legisladores que aprobaron la contratación de una planta fotovoltaica al ex gobernador Jaime Bonilla Valdez.
La solicitud se realizó luego de que el Secretario de Hacienda de Baja California, Marco Moreno Mexía, informara que el acuerdo con la empresa Next Energy se encontraba viciado y podría causar un daño patrimonial cercano a los 12 mil millones de pesos.
Con este argumento presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de 7 ex funcionarios y 6 entes privados por delitos relacionados a la corrupción al firmar un contrato “leonino”.
Ante los señalamientos de corrupción dentro de la administración de Jaime Bonilla Valdez, el dirigente del PAN, Mario Osuna, señaló que presentaría un Juicio Político en contra de los ex legisladores que aprobaron el dictamen técnico, además de analizar la posibilidad de presentar cargos en contra de los diputados.
La ratificación
La tarde de este miércoles, Osuna se presentó ante Juan Manuel Molina con lo que queda ratificada la solicitud de juicio político.
Posteriormente, Molina fue entrevistado y señaló que el documento lo firmó Mario Osuna a título personal y no como dirigente político, en un intento por desacreditar el documento.
Indicó que se trata de un caso sui generis debido a que muchos de los legisladores involucrados en la solicitud fueron reelectos.
“Ninguna persona puede participar o juzgar en un asunto donde pudiera resultar implicado, esa parte está más que analizado en tema de procedimientos administrativos”, señaló al cuestionarlo si se excusara en el proceso.
De igual manera, el presidente de la Coparmex, Octavio Sandoval López, señaló que los legisladores violaron la ley de Deuda Pública de Baja California al aprobar el proyecto sin la viabilidad jurídica, técnica, financiera y sin los permisos y autorizaciones correspondientes.
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