Baja California

Propone diputado reconocer en BC el embarazo infantil como violencia sexual

Por: Redacción

Mexicali, 14 de julio. El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Valle Ballesteros, propuso incorporar, definir y tipificar la figura y delito de embarazo intantil en el marco jurídico estatal.

Planteó que en la actualidad persisten fenómenos que lesionan gravemente la dignidad humana y comprometen el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de la niñez como el embarazo infantil, por lo que presentó una iniciativa que modifica diversos artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal, ambos de Baja California.

En un comunicado de prensa del Congreso del Estado, expuso que la iniciativa reconoce expresamente el embarazo infantil como una manifestación de violencia sexual, por lo que se plantea fortalecer los mecanismos de protección integral de las víctimas y se establecen consecuencias jurídicas proporcionales a la gravedad de los daños ocasionados.

Al resaltar que esta propuesta se ha impulsado desde el Congreso de la Unión por la diputada Tania Nanette Larios Pérez, mencionó que con esta enmienda el legislador reafirma el compromiso de «construir un Baja California más justo, más seguro y más humano, donde ninguna niña vea truncado su proyecto de vida como consecuencia de la violencia, desigualdad o la falta de protección institucional».

En atención a lo anterior, propone modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para la incorporación del concepto de embarazo infantil, como tipo de violencia y tiene por objeto reconocerlo como expresión directa de violencia sexual estructural.

También permite su atención dentro del sistema estatal de prevención y erradicación de violencia contra las mujeres y activar protocolos de atención especializada en salud, justicia y protección social.

La reforma establece, además, agravantes cuando el delito ocurre contra menores de 14 años o personas con discapacidad; incremento de sanción cuando derive en embarazo infantil y, medidas de protección familiar, incluida la posible pérdida de patria potestad.

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