Pretender que el rector de UABC comparezca ante el Congreso tiene una intención perversa: abogado
Tijuana, 24 de noviembre.- Pretender que el rector de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) comparezca ante el Congreso del estado tiene una “intención perversa” que atenta contra la autonomía universitaria. Nunca un rector ha comparecido, ni lo hará; “ya veo al rector de la UNAM compareciendo ante el Congreso, ¡imagínate ese escenario!”, señaló el abogado general de la UABC, David Álvarez García.
¿Está obligado el rector a comparecer ante el Congreso?, se le cuestionó.
-La universidad como centro de conocimiento, espacio de investigación científica no debe tener injerencia externa, esa es una discusión que se dio a principios del siglo pasado en el mundo y en México. Ahí nació el reconocimiento a la autonomía de las universidades del país. Está en el artículo tercero fracción séptima.
La Constitución del país les da a las universidades la facultad y responsabilidad de gobernarse; hay una legislación secundaria que establece nuestra normatividad y ahí no dice que el rector deba comparecer ante el Congreso y él, en calidad de funcionario público, solo puede hacer aquello que la ley le permite. Mira, la autonomía universitaria tuvo como origen separar la creación de conocimiento de ideología, religión o política partidista.
Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya resolvió que cualquier injerencia en las universidades “es perniciosa, dañina”, el blindaje nace de tener confianza en la autorregulación de las instituciones educativas.
-Entonces, ¿a qué se deben los citatorios del Congreso de Baja California? A la confusión que tienen algunos legisladores. La manera como se usa el presupuesto de la universidad siempre está a disposición de los órganos de fiscalización del estado y la federación. La Ley Orgánica y el Estatuto General regulan las formas. El patronato universitario formula el presupuesto de ingresos y egresos, después es aprobado por el Consejo Universitario, quien se lo envía al Ejecutivo y al Congreso.
No solo nos audita el órgano de fiscalización estatal, también la Federación porque este año, por ejemplo, recibimos mil 800 millones de pesos; del estado mil 750 y la universidad genera sus propios recursos (de sorteos, lo recaudado por la fundación, las aportaciones de los estudiantes o cuotas), unos mil millones anualmente y todo está sujeto a la revisión en las cuentas públicas.
En Baja California y en el país un rector nunca ha comparecido ante el Congreso; ya veo al rector de la UNAM compareciendo ante el Congreso, ¡imagínate ese escenario! Es una violación a la autonomía universitaria pretender que comparezca. En Baja California se ha respetado la autonomía universitaria históricamente, independientemente de los colores partidistas.
-Sigo sin entender, el sentido de los citatorios entonces.
-Él es abogado (el diputado Juan Manuel Molina, que lo ha promovido), no dudo de sus conocimientos, pero está malinterpretando la ley y con su confusión confunde al resto de los legisladores… no podemos olvidar que el Congreso ha tenido sus pifias, como la Ley Bonilla, cuando pretendió que el ex gobernador podía ampliar su mandato a cinco años. La Suprema Corte le dijo que era una violación a la Constitución y creo que tuvo que ver con una mala asesoría jurídica.
El rector se rige por la Ley Orgánica y el Estatuto General, los cuales le señalan que está obligado -artículos 48 y 78 del Estatuto-, a rendir un informe anual ante el Consejo, Junta de Gobierno, y el Patronato, sobre las actividades de la institución, pero nunca le ordena ir ante el Congreso.
La Auditoría Superior del Estado (órgano que depende del Congreso) es la que revisa las cuentas de la Universidad y así se ha venido haciendo. La deuda “histórica” que pagó el gobernador Jaime Bonilla entró en la cuenta pública del año en que se pagó (2020 y 2021) y están sujetos a auditoría y a observaciones y nadie nos ha dicho que tengan algún problema. Las observaciones, incluso las federales, ya fueron solventadas.
Hay una intención perversa, que va en contra de la norma universitaria. La institución recibe un presupuesto y hay una legislación que nos regula. De manera equivocada o por mala fe se quiere hacer una interpretación. El rector no puede ir al Congreso porque está obligado, por ley, a preservar la autonomía universitaria.