Presunta corrupción de ex funcionarios ya se había exhibido
Tijuana, 6 de junio. El 31 de mayo pasado, durante la conferencia semanal de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, la secretaria de la Función Pública, Rosina del Villar Casas, y el consejero jurídico, Juan José Pon Méndez, dieron a conocer la presentación de ocho denuncias ante las fiscalías General del Estado y de la República por «diversas conductas criminales», contra ex funcionarios de la administración pasada.
Señalaron específicamente al anterior secretario de Salud, Alonso Óscar «N», así como Carlos «N», Miguel Ángel «N», Gerardo Abdiel «N» y Mikel Roberto «N» que desempeñaban funciones en esa área, por la compra de medicamentos a sobreprecio.
Al ex secretario lo investigan «por peculado, ejercicio ilícito del servicio público, así como uso ilícito de atribuciones y facultades, figurando como responsable de ocho adjudicaciones directas que presentaron graves fallas», se informó en mayo.
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Pon Méndez no descartó que haya más personas involucradas en actos de corrupción pues las investigaciones administrativas continúan; de hecho, ese mismo día informó que «se han iniciado 314 procedimientos de responsabilidad administrativa y se han puesto en marcha 129 sanciones impuestas, entre las cuales destacan nueve suspensiones y 12 inhabilitaciones».
En promedio durante la administración de Ávila Olmeda se han presentado «al menos 20 denuncias penales tanto en la Fiscalía General del Estado como en la Fiscalía General de la República por irregularidades en la compra de medicamentos con sobreprecio así como en la adquisición de lavamanos y uniformes, sucedidas en la administración estatal transcurrida entre 2019 y 2021».
Un antecedente de estos hechos es el reportaje de la periodista Isabel Mercado, publicado por Newsweek Baja California en agosto de 2021, que reproducimos a continuación:
Los millonarios de la pandemia: Proveedores irregulares y sin solvencia económica
Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Empresas aprovecharon la falta de reglas y de verificación del gobierno de Baja California para obtener grandes contratos. De 558 contratos otorgados por Isesalud, ninguno se licitó, adjudicaciones directas que al carecer de sustento podrían ser anuladas por la Secretaría de Honestidad y Función Pública
En 2020, la pandemia de covid-19 provocó que Isesalud de Baja California liberara centenares de contratos millonarios sin tener que someterlos a concurso para ser asignados al mejor postor.
Durante este proceso, proveedores inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y empresas que no comprobaron tener la experiencia suficiente para ser contratadas fueron algunos de los principales beneficiados.
De 558 contratos, 99.46% asignados en forma directa
Para esta investigación se analizaron más de 558 contratos y facturas emitidas por el organismo encargado del sistema de salud de Baja California durante el primer año de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.
De todos los contratos, 555 se asignaron en forma directa y solo tres se adjudicaron por invitación a cuando menos tres proveedores, según la información entregada vía transparencia. Además, de los más de 500 contratos, únicamente 49 se firmaron antes de que el proveedor otorgara el servicio o producto.
Tan solo en ese año de pandemia, Isesalud gastó más de 900 millones de pesos de recurso público en estos contratos, de acuerdo con los datos obtenidos.
Nulidad y delitos
La falta de verificaciones y una enorme laxitud en la entrega de contratos escudándose en la emergencia sanitaria de covid-19 podría traducirse en que, inicialmente, la Secretaría de la Honestidad y Función Pública (SHyFP) de la entidad busque la nulidad de los más de 500 contratos otorgados por Isesalud en 2020.
Y no solo eso, también podrían configurarse en delitos de daño patrimonial, desvío de recursos y posible fraude, advirtieron especialistas en la materia y una fuente de la SHyFP que pidieron omitir su nombre para no interferir en las investigaciones.
Una de las empresas con mayores ganancias fue Valet Personalizado en Custodia Empresarial VAPE, S.A. de C.V., compañía en la que Luis Javier Algorri Franco, secretario del Trabajo y Previsión Social en Baja California (cuando se publicó este reportaje), fue socio mayoritario hasta finales de 2017.
Para VAPE, 2020 fue uno de sus mejores años, ya que consiguió cuatro contratos con Isesalud, por los cuales cobró 42 millones de pesos, IVA incluido. Esta cifra es 28 millones más alta de lo que ganó en 2019 en contrataciones públicas, cuando era gobernador Francisco Vega de Lamadrid.
Contrato con empresa inhabilitada
Otro ejemplo de las irregularidades que se detectaron en las contrataciones fue que el gobierno bajacaliforniano pasó por alto la prohibición de la SFP de contratar a Aplicaciones Médicas Integrales, S.A. de C.V., empresa inhabilitada por año y medio por la Función Pública y que, a pesar de ello, firmó un convenio de ampliación de contrato que le dio a ganar más de 20 millones de pesos durante la pandemia.
Además, casi una tercera parte de los contratos (161), se asignaron a personas físicas, y no en todos los casos lograron comprobar la experiencia ni la solvencia necesaria para obtener las adjudicaciones directas por montos millonarios.
Un claro ejemplo es Cristian Genaro Domínguez Cabriales, quien facturó 3.2 millones de pesos por la proveeduría de insumos de lavandería, negocio que ubicó en domicilios donde únicamente hay viviendas abandonadas, de acuerdo con un recorrido realizado para este reportaje.
O el caso de Virginia González Andrade, quien sin mostrar documentos que comprobaran su experiencia en el sector, logró colarse en la lista de proveedores pagados con recursos destinados al sistema de salud de Baja California y tan solo en 2020 cobró más de 50 millones de pesos. Y, a pesar de que su contrato se encuentra bajo investigación de la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHyFP), las autoridades le adjudicaron en 2021 un nuevo contrato por un monto de 11 millones de pesos.
VAPE aumentó monto de facturas en gobierno de Bonilla
El 1 de noviembre de 2019, el mismo día que su ex accionista Luis Javier Algorri Franco tomó protesta como subsecretario en el gabinete de Jaime Bonilla, la empresa Valet Personalizado en Custodia Empresarial VAPE, S.A. de C.V. suscribió contratos de adjudicación directa con el gobierno morenista con el objetivo de otorgar el servicio de vigilancia en varias dependencias, incluyendo las unidades de Isesalud.
Este fue uno de los contratos que se extendieron durante el periodo de pandemia por coronavirus.
Antes de llegar a Baja California, Luis Algorri se desempeñó como subprocurador Regional de Justicia en la Zona Sur de Sinaloa y como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de ese estado.
Ya en Tijuana ocupó el puesto de secretario de Seguridad Pública durante la administración de Jorge Hank Rhon. Sus áreas de trabajo siempre estuvieron relacionadas con el tema de seguridad, por lo que fue casi natural su incursión en 2008 como director general en Grupo Vanguardia-Valet Personalizado en Custodia Empresarial, de acuerdo con la información de su currículo.
VAPE fue constituida originalmente por Julio Alcántar Robles y Jorge Martínez Pérez el 25 de agosto de 2008 en Naucalpan de Juárez, Estado de México, con el objetivo de prestar servicios privados de seguridad, protección personal, vigilancia, así como investigaciones encaminadas a proporcionar informes sobre los antecedentes, actividades, solvencia, y localización de personas; traslado de valores y aplicación de análisis poligráficos, entre otros.
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Pero el 3 de octubre de 2011, Algorri entró como socio mayoritario de la firma con 50 acciones, de acuerdo con la información del Registro Público del Comercio.
Desde su ingreso, Algorri incrementó su capital cada año, hasta tener 650 acciones en mayo de 2017, convirtiéndose en el administrador de la firma en octubre de ese mismo año, cargo en el que fue reemplazado al mes siguiente por Saida Elena Félix Ontiveros, actual apoderada de la empresa.
En diciembre de 2017, seis meses después aumentar por última vez su participación social, Javier Algorri dejó de ser socio de VAPE y le transmitió sus acciones a Miguel Ángel Martínez Pérez, quien junto con Julio Alcántar Robles e Ismael Arturo Osuna Rivera se mantienen como socios de la empresa, de acuerdo con una búsqueda en el Registro Público del Comercio.
Nuevo contrato
La salida de Javier Algorri de VAPE, S.A. de C.V. representó la entrada de la compañía como proveedora del gobierno bajacaliforniano, ya que su primer contrato lo consiguió en enero de 2018, año en el que Isesalud asignó a la firma un contrato anual, vía licitación pública, por 4.6 millones de pesos, monto mucho menor al que VAPE cobró durante la pandemia por ese mismo servicio.
En 2019, Isesalud extendió un nuevo contrato por la cantidad de 10.3 millones de pesos para que la firma siguiera otorgando el servicio de vigilancia hasta el término de la administración de Francisco Vega de Lamadrid, el 31 de octubre de 2019.
Tan solo en el último tercio de la administración de Vega de Lamadrid, VAPE recibió 31.1 millones de pesos por el servicio de vigilancia en cuatro dependencias, lo que incluyó las unidades de salud.
Ya como gobernador, Jaime Bonilla Valdez ha otorgado al menos nueve contratos a VAPE, dos terceras partes sin licitar. Tan solo en el primer año de su administración extendió contratos a la ex empresa de su actual secretario del trabajo, Javier Algorri, por un monto total de 40.9 millones de pesos, de los cuales 32.8 millones de pesos correspondieron a los contratos de Isesalud.
En entrevista, Luis Javier Algorri aseguró ya no tener relación alguna con la empresa que tan solo en los últimos tres años ha facturado alrededor de 72.1 millones de pesos a diferentes dependencias del gobierno del estado.
Salida de Algorri, ¿simulación?
Aunque Luis Javier Algorri Franco dejó de ser accionista de Valet Personalizado en Custodia Empresarial VAPE, S.A. de C.V. a finales de 2017, el simple hecho de que haya sido socio de la firma en forma tan reciente y después obtuvieron esos contratos, sí constituye un conflicto de intereses, explica el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías.
En una primera búsqueda en el Registro Público del Comercio, el nombre de Algorri sí aparece en los documentos oficiales que describen a los accionistas de la empresa. Incluso, el último aumento de su participación social en VAPE fue registrado en 2020, pero al entrevistarlo, el funcionario explicó que él estaba fuera de la compañía desde 2017 y que al parecer había un retraso en la actualización de los documentos por parte del área jurídica de la compañía.
El especialista en derecho financiero y tributario indicó que resulta muy extraño que una empresa con esa naturaleza de negocio y que opera formalmente registre cinco años después la adquisición de acciones de un socio que vendió a un tercero su participación social en la empresa.
“Las firmas con disciplina administrativa nunca dejan un acta de asamblea sin registrar por tanto tiempo, ya que las reglas del gobierno corporativo les prohíbe cometer esas omisiones”, asegura Solís Farías.
También se consultó a diferentes notarios públicos para comprobar qué tan común es que una empresa tenga documentos sin actualizar en los registros oficiales y afirman que las actas de asamblea siempre se registran a más tardar a los 60 días de su celebración y, por lo general, solo varían de un año a otro cuando las actas de asamblea se levantan en noviembre o diciembre y no les alcanzó el tiempo para protocolizar y lo hacen en los primeros meses del siguiente año.
“Es poco creíble, lo que se está haciendo es ocultar alguna acción, para aparentar, esconder o disimular algo. Le puedo decir en toda mi experiencia que es un acta elaborada recientemente y que le pusieron fecha de 2017 para ocultar una verdad”, dice Adolfo Solís.
Contratos y facturas de VAPE no cuadran
Las unidades de Isesalud fueron incluidas en el contrato para el servicio de vigilancia 455/2019 otorgado el 1 de noviembre de 2019 a Valet Personalizado en Custodia Empresarial VAPE, S.A. de C.V. Y ya en 2020, con la pandemia de covid-19, el organismo le amplió ese primer contrato asignado en forma directa y otorgó, por la misma vía, tres contratos más para cubrir el servicio de vigilancia en las diferentes unidades médicas hasta el 31 de agosto de 2020.
Con excepción del último, todos los contratos con VAPE tuvieron que establecerse como retroactivos, al firmarse en fechas posteriores a su vigencia o al inicio de esta.
El primero se firmó el 17 de marzo de 2020, pero su vigencia se hizo retroactiva a partir del 1 de enero al 29 de febrero, y se estableció por un monto de 8.2 millones de pesos. El segundo está fechado tan solo un mes después, el 17 de abril, por 4 millones 163 mil pesos y el tercero se suscribió el 19 de mayo por la cantidad de 8 millones 163 mil pesos.
El mayor monto que recibió VAPE fue en el último contrato, el cual se adjudicó por 12 millones 312 mil pesos.
Aunque la suma de los cuatro contratos da un total de 32.8 millones de pesos, IVA incluido, al cierre de 2020 VAPE S.A de C.V., le facturó a Isesalud 42 millones de pesos, de acuerdo con las facturas obtenidas vía transparencia.
Amplían contrato de firma inhabilitada
El 9 de enero de 2020, las autoridades de Salud de Baja California ampliaron por tres meses más la vigencia del contrato asignado a Aplicaciones Médicas Integrales, S.A. de C.V.
Este acuerdo, de 23.7 millones de pesos, había vencido el 31 de diciembre de 2019. El documento está firmado por Miguel Ángel Marín Cardone, jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de Isesalud, quien solicitó la elaboración del convenio modificatorio “a fin de establecer la ampliación de la vigencia del contrato primigenio”.
El problema no es la ampliación del convenio, sino que el organismo ignoró una resolución emitida por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y publicada en el Periódico Oficial de la Federación (POF) a mediados de agosto de 2019, en la que prohibía a las dependencias federales y locales celebrar contratos con la empresa Aplicaciones Médicas Integrales durante 18 meses.
Solo hasta después del plazo de inhabilitación establecido, el cual venció hasta mediados de febrero de 2021, y previo pago de la multa impuesta por resolución de mérito, la firma podría volver a participar en acuerdos y licitaciones de la administración pública.
“Las dependencias federativas y los municipios interesados deberán cumplir con lo señalado en esta circular cuando las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la obra pública que contraten, se realicen con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal”, se indicó en el documento. En el contrato Isesalud dispuso de recursos federales como el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).
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Durante el periodo de sanción solo se podrían respetar los contratos vigentes, no los vencidos y tampoco se podrían asignar nuevos acuerdos ni ampliar convenios como lo hizo el gobierno de Bonilla, lo cual resulta una irregularidad administrativa, explica el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías.
Aplicaciones Médicas Integrales, S.A. de C.V. es propiedad de Francisco Piña Ruiz y Gerson Rivelino Mares Gutiérrez. Se constituyó el 28 de febrero de 2017 en Naucalpan, Estado de México, para fabricar, ensamblar, procesar, comprar, vender, rentar material médico y de laboratorio, como productos fotográficos y todo tipo de hardware, software y equipos de cómputo en general, elaboración y transformación de productos alimenticios, explotación de bienes muebles e inmuebles.
De acuerdo con el convenio modificatorio 001/2020, la firma estaría encargada de suministrar material de osteosíntesis y comodato de equipo e instrumental para cirugías de traumatología y ortopedia de las unidades hospitalarias de salud.
Préstamo de equipo a cambio de contratos millonarios
El 2020 fue el año en el que varias empresas aprovecharon el decreto publicado el 27 de marzo en el Diario Oficial de la Federación por el titular del Poder Ejecutivo Federal, derivado de la contingencia de covid-19 y con el cual se autorizaron compras sin ningún tipo de licitación previa. Grupo Comercial e Integral ONR de México SAPI de C.V. fue una de ellas.
En menos de un mes y en pleno inicio de la pandemia por coronavirus, esta firma propiedad de Rosendo Rodríguez Martínez y Édgar Rodríguez Márquez logró que el gobierno de Jaime Bonilla le otorgara cuatro contratos mediante adjudicación directa, por los cuales facturó un monto conjunto de 28 millones de pesos.
Los dos primeros contratos se suscribieron en comodato de 983 bombas de infusión, este término significa que el equipo se entrega en calidad de préstamo, sin requerir una compensación a cambio.
Pero este no fue el caso, ya que en los mismos contratos de préstamo se condiciona la adjudicación directa para el suministro de consumibles para los hospitales generales de Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito, Materno Infantil de Mexicali y UNEME Oncología.
El primer contrato se firmó el 18 de marzo de 2020 y fue por un monto máximo de 3 millones 826 mil pesos, IVA incluido. Las bombas entregadas en comodato se tenían que devolver en un lapso no mayor de una semana después de concluida la vigencia del contrato, la cual se estableció en forma retroactiva del 15 de febrero al 15 de abril de 2020.
El 3 de abril de ese año, Grupo Comercial e Integral ONR de México recibió un segundo contrato, con las mismas condiciones del primero, pero por una cantidad muy superior: 23 millones 624 mil pesos por las mismas 983 bombas de infusión en préstamo, de acuerdo con la revisión de los contratos entregados vía transparencia.
El 8 de abril de 2020 las autoridades de Isesalud adjudicaron a la firma un tercer contrato por adjudicación directa por excepción, esta vez por 787 mil 500 pesos para la proveeduría de 175 colchones neumáticos. La justificación para no licitar fue la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por el Ejecutivo Federal a finales de marzo de ese año.
Menos de una semana después, el 15 de abril le fue asignado un cuarto contrato por adjudicación directa para el suministro de consumibles para monitores del Hospital Materno Infantil de Mexicali (HMI), por un monto de 42 mil 693 pesos para la adquisición de 2 mil 247 piezas de electrodo neonatal.
Grupo comercial e Integral ONR de México SAPI de C.V. se constituyó el 3 de julio de 2019 en la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, y tiene más de 70 objetos sociales de todo tipo, desde asesoría fiscal hasta representación artística, entre otros.
Contratos con personas físicas sin experiencia ni solvencia
Empresas inexistentes, o personas físicas sin experiencia ni solvencia económica para ser contratadas, lograron obtener durante el periodo de pandemia de 2020 adjudicaciones por montos millonarios y sin necesidad de participar en una licitación pública.
Tal es el caso del empresario transportista Cristian Genaro Domínguez Cabriales, quien sin tener antecedentes en la proveeduría de insumos de lavandería obtuvo el 29 de mayo de 2020 un contrato por adjudicación directa por excepción con el gobierno de Jaime Bonilla. Por el contrato ISESALUD-SUMINISTRO-INSUMOS-LAVANDERÍA-362/2020, con vigencia del 1 de junio al 31 de diciembre de 2020, Cabriales facturó 3.2 millones de pesos.
De acuerdo con el Registro Público del Comercio (RPC), Domínguez Cabriales es socio de Domacos Trucking, S. de R.L. de C.V., empresa de transporte ubicada en Mexicali, Baja California.
En el convenio firmado con Isesalud, se registró el RFC: DOCC881219619, el cual corresponde a Cabriales, quien en el acuerdo suscribió contar con “la infraestructura, experiencia, capacidad técnica y elementos humanos necesarios para prestar el servicio que se requiere”, pero estableció como domicilio fiscal Calle Valle de las Banderas, número exterior 10611, número interior 2263, C.P. 21379, en Mexicali.
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El número 10611 no fue localizado, pero se ubicó un domicilio que sí coincidió con el número interior, en el cual únicamente se ubica una vivienda.
Apenas el 11 de febrero de 2021 Isesalud asignó a Domínguez Cabriales un nuevo contrato por un monto máximo a ejercer por la cantidad de 3.4 millones de pesos y con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
En este contrato Cabriales proporcionó como domicilio legal el asentado en Avenida Valle de Mezquital, no. 2052, fraccionamiento Villa Bonita, C.P. 21379, Mexicali, el cual corresponde a una casa deshabitada y en renta.
Sin mediar modificación de contrato, algunos de los cobros facturados por los particulares superaron el monto máximo establecido en los contratos. Ejemplo de ello es Clean&Dry, empresa que sin registro público ni RFC facturó del 1 de abril al 31 de diciembre de 2020, 14.7 millones de pesos, IVA incluido, por la proveeduría de artículos de limpieza para las unidades hospitalarias y administrativas de Isesalud, de acuerdo con las facturas obtenidas vía transparencia.
Esta empresa, ubicada en Mexicali, Baja California, obtuvo el contrato NO. ISESALUD-ADQ-INSUMOS-ARTÍCULOS-LIMPIEZA-254/2020, en el que se estableció como monto máximo de pago 13.2 millones de pesos con impuesto incluido, lo que significa que cobró 1.5 millones de pesos más de lo convenido.
Clean&Dry aparece como propiedad de José Alfredo Carballo Carrillo, cuyo RFC, CACX860513AJ7, es el que se asentó tanto en el contrato como en las facturas.
Otro ejemplo de estas anomalías es el contrato ISESALUD-SERVICIO-LIMPIEZA-314/2020 entregado sin licitar a Virginia González Andrade, con domicilio fiscal en avenida La Campiña, Manzana 4, Lote 11 de la colonia Granjas Familiares, en Tijuana. Esta dirección corresponde a una oficina ubicada arriba de una tienda de abarrotes y no reúne las características de un negocio que obtuvo un contrato de 55.2 millones de pesos.
González Andrade fue señalada por carecer de recursos para proveer el servicio de limpieza a hospitales de Isesalud, por lo que Vicenta Espinosa, titular de la SHyFP , abrió una investigación en enero de 2021 en la que logró corroborar la falta de solvencia económica y capacidad técnica de Virginia González Andrade para prestar el servicio de limpieza en hospitales del sector salud.
“Le denominamos el contrato de los 50 millones por el servicio de limpieza, convenio millonario que no cumple con ninguno de los requisitos”, asentó Vicenta Espinosa.
Sin importar que el contrato con Virginia se encuentra bajo la lupa de las autoridades por las irregularidades detectadas, a solicitud de Miguel Ángel Marín Cardone, el 24 de febrero de 2021, Isesalud adjudicó un contrato abierto a González Andrade por la cantidad de 11 millones 49 mil pesos, el cual se firmó con vigencia retroactiva del 1 de enero al 28 de febrero de 2021.
Decreto no justifica adjudicaciones directas
El artículo segundo del Decreto presidencial publicado el 27 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación abre la posibilidad de adquirir todo tipo de bienes y servicios a nivel nacional o internacional, entre los que se encuentran equipo médico, de curación y productos higiénicos, entre otros, sin necesidad de llevar a cabo el procedimiento de licitación pública.
“Pero el decreto no da la salvedad para no licitar, si el gobierno pretende sacar todos los contratos al amparo de este decreto, evitando la licitación, está en tela de duda, porque da margen para que se pueda excluir la licitación, pero no para que se haga una regla general”, explica Iván Curiel Villaseñor, experto en Derecho Administrativo y catedrático de la Universidad Iberoamericana, campus Tijuana.
Sin embargo, el experto en derecho también señala que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, a la cual se tiene que ceñir el gobierno del estado, en sus artículos 37 y 38, fracción segunda, dice que, si se está en caso de peligro en materia de salubridad, efectivamente se puede omitir la licitación.
En este contexto, la única razón por la que Isesalud pudo adjudicar en forma directa casi todos los contratos es conforme a estos artículos de la Ley de Adquisiciones arrendamientos, “nada más”, indica Iván Curiel. Pero en los más de 500 contratos de 2020 que fueron revisados no se invocan de forma directa estos apartados de la ley.
En las oficinas de la Secretaría de Honestidad y la Función Pública del estado también detectaron que Baja California fue el único estado que justificó la mayor parte de los contratos de asignación directa con el decreto de covid-19.
De acuerdo con el decreto, solo aquellos productos y/o servicios que tuvieron que ser contratados en forma extraordinaria a raíz de la pandemia por coronavirus podían justificar su asignación directa a través del decreto presidencial, no así las compras ordinarias.
“Los contratos debieron asignarse como marca la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, particularmente en los convenios pagados con Fondos de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), recursos destinados para favorecer a la población más vulnerable”, asegura una fuente de la SHyFP.
Adjudicación directa, la constante en contratos de Isesalud
En medio de la pandemia, las adjudicaciones directas se volvieron la práctica más común en el tema de contrataciones públicas. Tanto el gobierno federal como algunos estatales hicieron de la excepción una norma, lo que hace cuestionable el actuar del Órgano de Control Interno y del Órgano de Fiscalización del poder legislativo, asegura Vicente Sánchez Munguía, investigador del Departamento de Estudios de administración pública de El Colegio de la Frontera Norte (Colef).
Las instancias fiscalizadoras se limitan simplemente a contener daños, “en la legislatura no hay contrapesos que cuestionen este tipo de procedimientos de la administración”, dice el académico.
De los 558 contratos registrados por Isesalud en 2020, solo en tres se abrió invitación para la participación de más de un proveedor, mientras que en los 555 restantes la asignación se efectuó mediante el procedimiento de adjudicación directa. Ninguno se licitó.
La opacidad, falta de transparencia y corrupción son las constantes en las adjudicaciones directas; un conjunto de malas prácticas que se han acentuado en Baja California, en particular durante los últimos años, asegura Adolfo Solís.
“Antes eran 4 de cada 10 las adjudicaciones directas y hoy tenemos que 9 de cada 10 contratos se asignan vía adjudicación directa, de ese tamaño es el daño patrimonial, esto provoca abuso, excesos, corrupción y, en particular, operaciones fachada”, afirma.
Para Solís Farías el problema no está en las leyes ni en la estructura normativa sino en el nivel de impunidad que se vive en el país, el uso de las instituciones para tapar las inconsistencias, el control sobre otros poderes para que no sean juzgados o sentenciados los funcionarios, y la deficiencia en la investigación de omisiones por parte de la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación.
Pérez Rico espera resolución de la SHyFP para actuar
Alonso Pérez Rico, director general del Instituto de Servicios de Salud Pública (Isesalud) de Baja California, no supo explicar por qué el organismo a su cargo extendió nuevos contratos a empresas bajo investigación, como el caso de Virginia González, acuerdo que manifestó ignorar.
Además, su argumento para no dar de baja a los funcionarios involucrados en la asignación de los contratos bajo investigación es que va a esperar la investigación de la Función Pública, “en cuanto ellos emitan la resolución de si hubo un funcionario que tuvo una omisión o falla, actuaremos”. En tanto, todos continúan activos en sus cargos.
A finales de marzo de 2021, Pérez Rico aseguró que Isesalud llevaba una investigación interna, pero en su última declaración indicó que el análisis de los contratos señalados como irregulares está solo en manos de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública.
Contratos de Isesalud en riesgo
Adquisición de medicamentos de baja demanda a punto de caducar, contratos con proveedores incumplidos y adjudicaciones directas sin real sustento, forman parte de las múltiples irregularidades por las que los más de 500 contratos asignados por Isesalud en 2020 podrían declararse nulos, revela una fuente de la SHyFP.
En la investigación de la secretaría se localizaron varios contratos asignados por Isesalud a personas físicas con actividad empresarial que no tienen capacidad, personal ni tuvieron el registro ante el SAT a tiempo, “primero contratan y luego hacen todos sus trámites que debieron tener antes de adjudicar”, indicó la fuente de la SHyFP consultada.
Otra irregularidad detectada en la indagatoria es el hecho de que, en plena pandemia, con grandes cantidades de medicamento caducado en los almacenes, las autoridades de Isesalud de Baja California adquirieron fármacos de baja demanda con fecha de caducidad limitada, mientras restringen la adquisición de tratamientos contra el cáncer.
Esto fue revelado por los médicos responsables de los almacenes, quienes presentaron quejas y advirtieron que no firmarán la recepción de ningún medicamento que esté a punto de vencerse, sobre todo cuando existen en el almacén cantidades muy grandes de los mismos fármacos ya caducados.
En el suministro de medicamentos detectados con caducidad menor a 18 meses están implicados nueve proveedores, entre los que se encuentran empresas como Impulsora de Cadenas Productivas y Comerciales, S. de R.L. de C.V., Grupo Pharma de Baja California S.A. de C.V., Carsalab, S.a. de C.V., Prosefa S.A. de C.V., Arsalab S.A. de C.V. Jorge Luis soto Solano, Infarind S.A. de C., Productos Lúdica, S.A. de C.V e Insumos Médicos de Mexicali S. de R.L. de C.V.
Estas nueve firmas obtuvieron contratos de adjudicación directa por una suma conjunta de 162.2 millones de pesos para proveer a Isesalud medicamentos y material de curación, de acuerdo con los contratos obtenidos vía transparencia
Ante el desaseo en la asignación de contratos por Isesalud, su revisión ha sido complicada, por lo que la SHyFP decidió integrar los más de 500 contratos adjudicados en 2020 en una sola carpeta, la cual, de acuerdo al avance de la investigación, en un mes se estaría turnando al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) de Baja California.
A estas inconsistencias se le suma el hecho de que Vicenta Espinosa le solicitó, sin éxito, al titular de Isesalud, Alonso Pérez Rico, retirar de sus cargos por pérdida de confianza a los funcionarios que asignaron los contratos que se encuentran bajo investigación por irregularidades en su adjudicación. “Es quien puede hacerlo, por ser el titular, mientras que la SHyFP solo podrá darlos de baja cuando se tenga un resultado de la investigación y una resolución por parte del tribunal”, explica.
A pesar de esta serie de irregularidades, Pérez Rico ha optado por mantenerlos en sus cargos y Carlos Gómez Valdez y Miguel Ángel Marín Cardone, representante legal y jefe del Departamento de Recursos materiales y Servicios Generales de Isesalud, respectivamente, continúan firmando contratos con las mismas empresas que están bajo la lupa de la Función Pública.
