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Baja California

Piden detener reforma anticorrupción; minimiza participación ciudadana, dicen

Por: José Manuel Yepiz

Mexicali, 16 de agosto.- Organizaciones civiles piden que la reforma sobre el Sistema Anticorrupción de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales no se aprueben porque hay un desequilibrio entre ciudadanos y funcionarios.

Francisco Martínez, integrante de la Red Anticorrupción Nacional y Tierra Colectiva Ciudadana, dijo que piden a los diputados locales un parlamento abierto para que se discuta el tema.

«No estamos de acuerdo que en el Consejo se incluyan a los síndicos municipales, están quitando el peso de los ciudadanos», refirió.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Daylín García Ruvalcaba, dijo que el dictámen ya fue aprobado en comisión y se pretende bajar al pleno en los próximos días.

«No tomaron en cuenta nuestra propuesta, la iniciativa deriva de lo que envió el Ejecutivo junto con otras de diputados», refirió.

Piden detener la aprobación tanto que no se agote un proceso de Parlamento Abierto, con especial énfasis en cantidad e idoneidad de integrantes del CPC; integración del Comité Coordinador donde se busque el equilibrio entre gobierno y ciudadanía, sin tomar en cuenta a las Sindicaturas municipales.

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Lo anterior con el objetivo de lograr una reforma que no vulnere la participación ciudadana y se logre la reactivación del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California. 

La legisladora dijo que el Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California (SEA BC) fue creado a partir de la publicación de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California en agosto de 2017, después de un proceso de consulta y exigencia ciudadana. 

Sin embargo, mencionó, desde su creación ha sido público y conocido que han existido una serie de omisiones y vacíos que han derivado en un funcionamiento poco transparente y limitado para operar efectivamente.

Después de una parálisis de más de dos años por una falta de reforma de acuerdo a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Acción de Inconstitucionalidad 119/2017, el avance de la Política Estatal Anticorrupción ha sido nulo. 

Durante este tiempo el Congreso del Estado tampoco atendió al llamado de sociedad civil de un Parlamento Abierto. 

El término Parlamento abierto se utiliza para referirse a las acciones que se realizan desde el Legislativo, orientadas a habilitar espacios para escuchar a la ciudadanía respecto a ciertas decisiones que deben ser tomadas por el congreso. 

Este ejercicio implica transparentar la información y la rendición de cuentas, así como crear mecanismos para una efectiva participación ciudadana. Se promueve para fomentar la apertura de los poderes legislativos y garantizar la participación ciudadana, la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas. 

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