Baja California

Piden que INM comparta datos de extranjeros que ingresan rumbo a BC

Por: Mireya Cuéllar

Tijuana, 12 de agosto.- En los dos últimos meses se detuvo en Baja California a 22 ciudadanos ucranianos, 25 venezolanos y 17 colombianos, entre otros extranjeros -149 en total-, todos por diversos delitos. Ante ello, la Fiscalía del estado le solicitó formalmente al Instituto Nacional de Migración (INM) la entrega mensual al Centro Estatal de Inteligencia de un reporte de todos los extranjeros que ingresan a México vía aérea y cuyo destino sea esta entidad.

El fiscal general del estado, Guillermo Ruiz Hernández, hizo la entrega formal de la solicitud en una reunión con el delegado de la institución federal, Alfonso Marín Salazar, durante la cual señaló que las autoridades locales necesitan saber dónde y por cuánto tiempo estarán los extranjeros que llegan a la ciudad porque hay muchos rusos, por ejemplo, que están llegado a Mexicali.

Vinculados con delincuencia organizada

Esta frontera es, por su colindancia con Estados Unidos, receptora de migrantes. Sin embargo, explicó el funcionario, están llegando a la entidad extranjeros con una condición totalmente distinta a la de los centroamericanos o haitianos que huyen de la pobreza. De los 149 detenidos, 28 están identificados con temas de “generación de violencia”, es decir, delincuencia organizada.

Los delitos contra la salud son la principal causa por la que han detenido a los extranjeros en BC. Foto: Cortesía

El 45 por ciento de los extranjeros detenidos cometieron delitos contra la salud; el 24, homicidio; el 13, robo y delitos sexuales y el 9 ciento por violaciones a la Ley General de Población. El Instituto Nacional de Migración y la Fiscalía del estado pretenden, a largo plazo, que la entidad pueda tener más información sobre las miles de personas que llegan.

Interrogados sobre la posibilidad de que las autoridades pudieran hacer un censo de las decenas de migrantes que acampan en El Chaparral, los funcionarios dijeron que por el momento eso no será posible dado que tendría que revisarse el marco jurídico para no tropezar con los derechos humanos de quienes ahí se ubican. Sin embargo, reconocieron también que hay denuncias por narcomenudeo en esa zona –incluso se abrió una carpeta de investigación- pero la movilidad de quienes habitan en el campamento complica la situación.

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