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Baja California

Negocia gobierno derechos de vía con colonos para construir viaducto en Tijuana

Por: Jorge Ley

Tijuana, 6 de diciembre.- El gobierno federal arrancará durante el 2023 la obra del “Viaducto Elevado” en Tijuana, que representará una inversión cercana a los 10 mil millones de pesos, toda vez que su retraso obedece a las negociaciones con particulares por los derechos de vía de la obra, informó Arturo Espinoza Jaramillo.

El secretario de Infraestructura, Desarrollo y Reordenamiento Territorial Urbano (Sidurt) del gobierno del estado, sostuvo que actualmente entablan pláticas con un estimado de 50 propietarios por donde conectará el proyecto cuya vialidad recorrerá desde el Aeropuerto de Tijuana hasta el Cañón del Matadero en un tramo de 11 kilómetros.

Indicó que existen un total de 200 particulares con los que tienen que negociar, sin embargo, para el arranque de acuerdo al proyecto ejecutivo esperan saldar la primera fase al corto tiempo, a través de avalúos para cerrar tratos entre los involucrados.

Espinoza Jaramillo remarcó que el “Viaducto Elevado” cuenta con un techo financiero de hasta 10 mil millones de pesos, el cual será ejecutado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), tal y como la anunció en su momento Andrés Manuel López Obrador, presidente de México durante una gira de trabajo por Baja California en octubre de 2021.

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Detalló que otros de los temas que están revisando para el arranque de la obra, tiene que ver con las opiniones técnicas que vierta la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt), referente a las afectaciones y modificaciones que se realizarán a la infraestructura del servicios de agua, drenaje y electricidad por donde atravesará la vialidad, entre otras cosas.

Dicho proyecto pretendió ejecutarse desde la administración del ex gobernador del estado, Francisco Vega de Lamadrid, a través del esquema de Asociación Público Privada (APP) por medio de la empresa española Cointer Concesiones México, S.A. de C.V., con una contraprestación mensual de 23.7 millones de pesos durante 27 años, de la cual señalaron como accionista al panista Víctor Hermosillo.

Durante la gestión de Jaime Bonilla Valdez, el proyecto fue retomado y licitado a favor de la empresa Cabbs Consultores bajo el esquema de APP con una inversión de 5 mil 500 millones de pesos, así como un pago por peaje de entre 25 y 30 pesos, con un tiempo de recorrido de siete minutos.

El primer gobierno morenista de la entidad justificó que el proyecto contribuiría a mejorar la movilidad en la zona, sin embargo, durante el arranque de la gestión de Marina del Pilar Ávila Olmeda fue cancelado y anunciado como una obra gratuita del gobierno federal en voz de Andrés Manuel López Obrador.

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