Murillo presenta reforma a Ley Orgánica de la defensoría pública de BC
Mexicali, 19 de septiembre.– La diputada Dunnia Monserrat Murillo López dio a conocer la importancia de la defensoría pública en Baja California, menciono que: “si no existe una defensoría pública de calidad, autónoma y transparente, la dignidad y la calidad de vida y los derechos humanos de los ciudadanos que se enfrentan a un procedimiento judicial, están en riesgo, por lo que deben ser protegidos y garantizados”.
Murillo López expresó lo anterior al presentar una iniciativa de reforma en donde se adiciona el capítulo noveno de la capacitación, artículo 40, y artículo 41 así como sus fracciones l, ll y lll, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública de Baja California.
Resaltó que la misión de la Defensoría Pública, debe garantizar el derecho humano de acceso a la justicia a los sectores sociales que así lo requieran; priorizando la atención a las personas de escasos recursos, y en situación de vulnerabilidad, a través de los servicios jurídicos de asesorías y defensa adecuada, realizando sus funciones con sensibilidad humana, ética y compromiso con la sociedad.
Lo anterior, a fin de consolidar el sistema de justicia, la democracia, y el ejercicio pleno de la libertad, en un ambiente de equidad y respeto absoluto a los derechos humanos, añadió.
Así mismo, mencionó que uno de los elementos fundamentales para la eficiente prestación de los servicios que otorga una Defensoría Pública, está representado por cursos de capacitación constante al personal, fortaleciendo así sus aptitudes a través de programas, periódicamente permanentes que deben incluir una variedad de temas selectos en las materias de relevancia jurídica.
Esto con el objetivo de que el personal de la defensoría pública, conserve y adquiera los conocimientos y habilidades necesarias, para llevar a cabo una adecuada función añadió la legisladora Montse Murillo.
Tales cursos de capacitación -subrayó- se deberán establecer bajo directrices claras y homogéneas, en la inducción y formación en defensa y asesoría jurídica; así como en otros ámbitos de la administración pública, que fortalezcan las competencias del personal en la prestación de sus servicios.
Puntualizó que la capacitación de los defensores es un elemento central de una defensoría pública de calidad, en razón del cambio dinámico al que están sometidos de manera permanente, el ordenamiento jurídico y las instituciones de la justicia; y solamente así, puede mantenerse el nivel que requiere una defensa profesional adecuada.
