La Presidenta evita involucrarse en la disputa entre Marina del Pilar y Bonilla
Tijuana, 30 de marzo. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó involucrarse en el conflicto entre la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda y su antecesor, Jaime Bonilla Valdez, por el conflicto jurídico derivado de la fallida construcción de una planta fotovoltaica, que derivó en la vinculación a proceso contra el también exsenador, a quien señalan de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades.
Cuestionada durante su «conferencia del pueblo» de este lunes, sobre el tema, la mandataria se limitó a contestar: «Yo se lo dejo a las instituciones de justicia, que ellos determinen si hubo una falta, si no hubo una falta. Y sobre eso nos vamos».
El exgobernador quedó vinculado a proceso el pasado 24 de marzo, luego de 24 horas de audiencia en seguimiento al proceso promovido por la administración de Avila Olmeda por haber comprometido participaciones federales como la garantía para la construcción de una planta fotovoltaica por parte de la empresa Next Energy, pese a no contar con facultades ni la autorización federal para un proyecto de esa naturaleza.
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Bonilla Valdez ha asegurado que nunca se habló de construir una planta y si se colocó la primera piedra fue por parte de la empresa y al concluir la audiencia de vinculación, en el Centro de Justicia Alternativa de Baja California, afirmó que no le sorprendió el resultado.
«Sabíamos que iban a ‘empapelarnos’ porque ese ha sido el proceso de mis colaboradores, ¿por qué sería diferente conmigo?», dijo y afirmó que «nada más para que aprendan y no se anden peleando con la gobernadora»; el juez Gerardo Anguiano que lleva su proceso, le fijó una fianza de 100 mil pesos como medida cautelar.
Por su cuenta, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda negó cualquier trasfondo político y recordó que el proceso por la planta comenzó desde que inició su administración.
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«Si hubiera tintes políticos, hubiéramos actuado de otra manera, no lo hemos hecho aquí. Lo único que estamos haciendo es proteger los recursos públicos del estado de un contrato que arriesgaba el patrimonio de los bajacalifornianos; son 10 personas las que están vinculada», dijo la mandataria en su conferencia semanal del pasado 23 de marzo.
