“No hay ningún tinte político”: gobernadora habla de juicio contra Bonilla
Playas de Rosarito, 24 de marzo. El exgobernador Jaime Bonilla Valdez fue vinculado a proceso por su participación en la fallida construcción de la planta fotovoltaica de Mexicali, proyecto a cargo de Next Energy. Sobre el caso, la mandataria estatal, Marina del Pilar Avila Olmeda, enfatizó que el proceso responde a irregularidades financieras y no a una agenda política.
El consejero jurídico, Juan José Pon Méndez, confirmó que un juez de control encontró elementos suficientes para procesar al exmandatario por los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, y abuso de autoridad.
Como parte de las medidas cautelares, se le impuso una garantía económica de 100 mil pesos y se otorgó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, el cual vencerá el próximo 25 de septiembre.
El proyecto, adjudicado a la empresa Next Energy, se presentó en 2021 como una solución para abastecer de energía al acueducto Río Colorado–Tijuana.
Sin embargo, nunca se obtuvo el permiso federal para el proyecto y Avila Olmeda canceló el contrato al sostener que comprometía recursos públicos del estado sin garantías legales.
“En su momento, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, le envió un oficio al exgobernador en el que claramente le determina que los estados no eran competentes para llevar a cabo ese tipo de licitación, que la única autoridad competente era la Secretaría de Energía, no obstante, se procedió a llevar a cabo ese contrato de adjudicación”, recordó Pon Méndez.
Como parte del esquema de financiamiento se constituyó un fideicomiso en el que Banca Afirme retuvo recursos estatales por 123 millones de pesos, situación que obligó al gobierno a emprender procesos legales para recuperar el recurso hasta que se le repusieron 172 millones, correspondiente a lo retenido más los rendimientos.
Además, se han presentado cargos contra 13 exfuncionarios por su presunta participación en este caso, de los que ya han sido vinculados a proceso 10, entre ellos Bonilla Valdez, quien, en diciembre de 2025, fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por los siguientes tres años.
Este martes, al salir del Juzgado 6 del Centro de Justicia Alternativa de Baja California, Bonilla Valdez dijo que no le sorprendió su vinculación a proceso penal, pues ha sido el mismo desenlace para sus antiguos colaboradores.
“No veo sorpresas, sabíamos que nos iban a vincular, nada más para que aprendan y no se anden peleando con la gobernadora” expresó.
“Este proceso inició desde el inicio de la administración. No hay ningún tinte político, al contrario, hay nueve (sic) personas vinculadas. Él no es el único”, aseveró Avila Olmeda.
Aseguró que lo único que busca su gobierno es proteger los recursos públicos del estado de un contrato que arriesgaba el patrimonio de los bajacalifornianos.
“Estamos hablando de miles de millones de pesos. Él podrá decir lo que él considere para su defensa, es un proceso. Si hubiera tintes políticos, hubiéramos actuado de otra manera. No lo hemos hecho”, insistió.
