Mexicali, 2 de febrero de 2022.-  La diputada Evelyn Sánchez Sánchez, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y Bienestar Social, presentó una iniciativa para adicionar diversos artículos a la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Baja California.

Esta iniciativa tiene como fin preponderar la importancia de la figura de las comunidades indígenas como principal base organizativa de los pueblos originarios, así como su existencia, presencia y validez como figuras jurídicas distinguidas por sus formas específicas de organización y posesión colectiva.

Propone agregar capítulos relativos a la Participación y Representación Política, Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas, Acceso y Administración de Justicia Estatal, Derechos Sociales, Desplazamiento Forzado y Desalojo forzoso, Obligaciones Específicas del Estado y Sanciones, con base en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual medularmente señala que el Estado Mexicano, es una nación pluricultural y plurilingüe, misma que tiene sustento en los pueblos originarios, de ahí la importancia de reconocer y respetar los usos y costumbres de los pueblos indígenas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el estado de Baja California hay aproximadamente 49,130 personas, mayores de 3 años de edad, que hablan alguna lengua indígena: Mixteco 21,239, Zapoteco 5,815, Náhuatl 5,287, Triqui 3,003, ello sin contar los dialectos autóctonos del estado Kiliwas, Kumiai, Pai Pai, Cucapá y Cochimí.   

Los pueblos indígenas y afromexicanos del país han preservado una historia de lucha, resistencia y reconstitución, manteniendo sus formas de gobierno y organización, han defendido sus tierras, territorios y recursos naturales, su patrimonio cultural, por lo que requieren un reconocimiento pleno en la Constitución, Leyes Federales y Locales.

En el documento explicó que “aún hay muchísimo por trabajar en beneficio de los pueblos originarios, pues en una gran cantidad de comunidades no hay servicios básicos como el agua potable, alcantarillado o electricidad, y sufren racismo o menosprecio a sus tradiciones. Existen diversos ordenamientos que han reconocido los derechos mencionados y argumentan que sin un pleno reconocimiento de autoadscripción y libre determinación, se transgredirían los derechos de los pueblos indígenas y sus miembros”. 

La legisladora morenista, también resaltó que “la realidad social y el simple transcurso del tiempo conlleva una adecuación al marco jurídico conforme a las problemáticas y necesidades que existen en las comunidades indígenas y nos obligan a nosotros como legisladores a tener una Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Baja California que en primer término establezca las disposiciones generales, señalando de manera clara y precisa a quien se le tienen que respetar los derechos plasmados en ella”.

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