«Que nos demanden cien veces» delegado federal en BC a ambientalistas
Tijuana, 21 de septiembre.- «Que nos demanden cien veces, cien veces les demostraremos que aquí se protege a la vaquita marina«, respondió Alejandro Ruiz Uribe a cuestionamientos sobre una demanda contra el gobierno de México interpuesta ante un mecanismo del T-MEC para la protección del medio ambiente por grupos ambientalistas.
La demanda fue interpuesta por defensores del medio ambiente ante la Comisión para la Cooperación Ambiental, un organismo creado con el Tratado de Libre Comercio de América para asegurarse que los tres países cumplieran con regulaciones en la protección ambiental que se agregaron al tratado comercial.
En ella argumentan que el gobierno de México es «negligente» con la protección de la Vaquita Marina, el cetáceo endémico del Golfo de California que ha estado al centro de múltiples conflictos económicos, sociales y políticos.
Alejandro Ruiz Uribe, actual delegado de programas federales en Baja California, aseguró en conferencia de prensa que «los esfuerzos de este gobierno para salvar a la vaquita marina han sido mayúsculos».
Recalcó las reuniones que se realizan mensualmente entre autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, entro otras, con autoridades estatales y municipales para atender los temas del golfo de California.
«Estamos viendo el tema de la protección de la vaquita marina, pero también estamos viendo el tema de los pescadores que ya no pueden usar sus artes de pesca por la protección de la vaquita«, enfatizó el delegado federal.
Problemáticas en la zona por la pesca ilegal
La pesca en la zona y los pescadores ilegales en búsqueda de la totoaba, un pescado cuya vejiga respiratoria es considerada afrodisíaca en partes de Asia, por lo que se vende mucho en el mercado negro, forman parte de las problemáticas que se han presentado en la zona.
Gobiernos pasados han intentado contener la situación con polígonos dónde la pesca es ilegal, el despliegue de la Marina y el dejar que ambientalistas extranjeros realicen patrullajes en la zona, pero de poco ha servido.
Los estudios más recientes estiman que solo quedan 10 ejemplares del cetáceo vivos, por lo que su extinción parece inevitable.
Además de estás quejas, ambientalistas de Baja California han criticado la decisión de las autoridades federales de cerrar las oficinas de PROFEPA en Tijuana y Ensenada.
A esta crítica, Ruiz Uribe recuerda que los recursos de las dos oficinas serán transferidos a Mexicali, donde seguirán con sus tareas regulares y argumenta que «confiamos más en los ciudadanos que en inspectores», por lo que incluso espera un aumento en las denuncias.
Sin embargo, el número telefónico que está registrado en la página oficial del Gobierno de México para la oficina PROFEPA en Mexicali, el único al que se puede llamar ahora para denunciar un crimen ambiental en Tijuana, Ensenada y la capital del estado no existe.
Al llamar al número listado (686) 568-9266 una contestadora responde, informando al posible denunciante que el número no existe.
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