Declaran área de conservación el último tramo vivo del Arroyo Alamar de Tijuana
Tijuana, 8 de junio. Tijuana tiene una nueva área de conservación: el último tramo vivo del Arroyo Alamar que no ha sido encementado. Lo que fue un corredor ripario binacional se convirtió, en su paso por este municipio, en tiradero clandestino de desechos y descargas residuales. Pese a todo, aún alberga especies animales endémicas y migratorias, una zona arbolada que lo convierte en uno de los últimos pulmones de la ciudad, y un área de recarga de acuíferos.
El pasado 5 de junio, el gobierno estatal publicó en el Periódico Oficial del Estado la Declaratoria de Usos y Destinos para Parque de Conservación de Ecosistemas Riparios Frágiles en el Arroyo Alamar, un área de tres kilómetros de los 10.5 que recorre el cauce antes de unirse al Río Tijuana, con lo que avaló el acuerdo aprobado en primera instancia en febrero pasado por el Cabildo de la ciudad.
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La coalición Alamar Sustentable -surgida del contexto de la lucha para conservar el área- destacó la publicación de la declaratoria que protege 41.67 hectáreas de una zona que alberga «una importante biodiversidad de flora y fauna silvestres», que ha estado bajo custodia del gobierno estatal desde 2014, cuando firmó un convenio con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Durante más de década y media, organizaciones de justicia ambiental, aliados y la comunidad tijuanense pugnaron por conservar la zona y detener el avance de la canalización que se promovió en 2009 y se concretó en 2012 por el entonces gobernador José Guadalupe Osuna Millán, de Acción Nacional.
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El Alamar sigue acumulando basura, escombros y descargas clandestinas, y eso no cambia de un día para otro. Lo que sí cambia hoy es que facilita el marco legal e institucional para hacer posible la rehabilitación, por la salud ambiental de Tijuana», publicó la organización al resaltar que es resultado de años de trabajo en los que participaron vecinos, organizaciones de la sociedad civil, investigadores, academia y comunidades que viven junto al arroyo.
Área de protección y responsabilidades
El polígono protegido abarca 41.67 hectáreas a lo largo del arroyo -en las delegaciones Otay Centenario y La Presa-, dentro de las cuales se identifican zonas de núcleo de conservación, de uso condicionado y de restauración. La zona núcleo -la de mayor importancia ecológica- ocupa 19.29 hectáreas, equivalentes al 46.42 por ciento del total, y destaca por su biodiversidad de flora y fauna silvestres y por sus vínculos directos con los flujos de agua, de acuerdo con la declaratoria publicada.
La Declaratoria es un instrumento jurídico de carácter obligatorio para los sectores público, social y privado, advierte y plantea que todas las acciones e inversiones que se ejecuten dentro del área de aplicación deberán ajustarse a sus objetivos, políticas, estrategias y disposiciones normativas.
Según la normatividad, dentro del polígono quedan expresamente prohibidos:
El vertimiento, depósito o disposición final de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos.
Las descargas de aguas residuales sin autorización previa de la autoridad competente y sin cumplir la NOM-001-SEMARNAT-2021.
La tala, desmonte, remoción de vegetación y extracción de madera, salvo que medie justificación técnica, dictámenes favorables y autorización expresa de las autoridades competentes.
Cualquier construcción o uso del suelo incompatible con los fines de conservación establecidos en la Declaratoria.
El arroyo que Tijuana casi pierde
El arroyo Alamar nace en territorio estadunidense como Cottonwood Creek en el este del condado de San Diego, California, pasa por el municipio de Tecate y atraviesa Tijuana antes de unirse al Río Tijuana y regresar a Estados Unidos al Estuario, pero de los 10.5 kilómetros de cauce dentro de la ciudad, solo tres permanecen sin canalizar. El resto fue revestido con concreto entre 2011 y 2012.
Ese año, organizaciones ambientalistas interpusieron un amparo para detener las obras y aunque no lo obtuvieron, la falta de condicionantes relacionadas con el rescate y reubicación de fauna silvestre obligó a detener los trabajos, con lo que inició el proceso de lucha para encontrar una alternativa sustentable para el encauzamiento.
Una biodiversidad que sobrevive en el último reducto urbano
Lo que queda del arroyo no es un espacio degradado. Es, desde el punto de vista ecológico, un sistema ripario en condiciones relativamente saludables, aunque con presiones importantes.
En el área se han registrado 23 especies de aves, entre ellas la Sterna elegans (gallito marino), clasificada bajo protección especial por la NOM-059-SEMARNAT-2010, además del búho cornudo (Bubo virginianus), garzas, estorninos, zenzontles, la lechuza común (Tyto alba) y el gavilán de Cooper, entre otras aves migratorias. El arroyo funciona como corredor biológico y sitio de descanso en rutas migratorias.
La vegetación incluye especies como Platanus racemosa, Populus fremontii y Salix spp., que representan un banco vivo de germoplasma cuya cepa genética ya no se encuentra en otras zonas de Tijuana y podría utilizarse para la reforestación de corredores riparios. También se ha identificado Ambrosia monogyra, con estatus 2B en la California Native Plant Society.
Años de gestión ciudadana
La historia de esta Declaratoria comienza formalmente en 1998, cuando el entonces Instituto de Planeación Municipal —hoy Instituto Metropolitano de Planeación (Implan)— propuso un proyecto ecohidrológico para preservar las características naturales del arroyo. La propuesta no prosperó entonces, pero sentó un antecedente técnico que años después resultaría fundamental.
En 2016, el Colectivo Chilpancingo Pro-Justicia Ambiental (actualmente Colectivo Salud y Justicia Ambiental AC), con apoyo de la Coalición de Salud Ambiental y otras organizaciones de la Mesa Técnica del Arroyo Alamar (MTAA), inició las gestiones formales para elaborar el estudio técnico justificativo, primer paso para la Declaratoria.
Seis años después, ya en octubre de 2022, el Implan recibió instrucción del Cabildo para elaborar y someter a consulta pública el proyecto de Declaratoria. Se realizaron dos jornadas comunitarias de limpieza —en abril y octubre— en las que vecinos, organizaciones, academia y funcionarios retiraron más de 11 toneladas de residuos sólidos del cauce, dejando constancia del deterioro ambiental y del alto grado de inseguridad en el área.
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La publicación de la Declaratoria marca un punto de partida, no de llegada. Las autoridades municipales y estatales tendrán ahora la obligación legal de actuar sobre un espacio que acumula décadas de abandono: toneladas de residuos sólidos, escombros de construcción depositados de forma sistemática y descargas residuales domésticas y de construcción sin tratamiento que persisten pese a las prohibiciones que hoy establece el instrumento jurídico.
El reto no es menor. La rehabilitación del polígono requerirá coordinación entre dependencias municipales, estatales y federales, recursos presupuestales específicos y un Programa de Manejo que aún debe elaborarse. También implicará aplicar la ley frente a quienes sigan utilizando el cauce como vertedero, algo que hasta ahora ha ocurrido con escasa consecuencia.
Lo que cambia hoy, en palabras de quienes lucharon por este espacio durante más de quince años, es que ya existe el marco legal para exigirlo.
