Difunden agenda legislativa en materia indígena para BC

Tijuana, 26 de mayo.- Luego de que algunos partidos políticos postularan a candidatos como indígenas para un cargo de elección popular en Baja California sin serlo, la Agenda Ciudadana por el Desarrollo y la Corresponsabilidad Social difundió un proyecto para todos los participantes en el proceso electoral con el objetivo de reconocer y salvaguardar los derechos políticos de las comunidades y pueblos originarios del estado.  

A continuación, te presentamos el documento integro que tiene como fin de armonizar el marco jurídico estatal con la legislación nacional y los tratados internacionales en la materia:

El proyecto “Por la representación política de mujeres indígenas en los ayuntamientos y en las diputaciones en Baja California”, que ejecuta Agenda Ciudadana por el Desarrollo y la Corresponsabilidad Social A.C., le comparte a los integrantes de la próxima legislatura, en especial a las y los diputados que se autoadscribieron como indígenas que existe una Agenda Legislativa mínima en materia de reconocimientos y salvaguarda de los derechos de las personas, comunidades y pueblos indígenas que se ha venido postergando durante varias legislaturas.  

La agenda legislativa en materia indígena propuesta y aquí enlistada, es una serie de reconocimientos mínimos que busca que todas las y los diputados que integrarán la XXIV legislatura del Congreso del Estado de Baja California estén conscientes de la necesidad y obligación que tienen de armonizar el marco jurídico estatal con la legislación nacional y los tratados internacionales en la materia.  

Si bien es cierto que tal obligación de aprobar una reforma indígena de “gran calado” recae en toda la legislatura, debemos hacer énfasis en que existe un compromiso ético de las y los diputados que se vieron beneficiados con la Autoadscripción Indígena Calificada y que son ellos los que tienen la obligación de tender los puentes entre el poder legislativo y los pueblos y organizaciones indígenas del estado; asimismo será fundamental la labor de sensibilización que hagan con sus colegas legisladores y su capacidad de cabildeo para posicionar la agenda indígena ante los órganos de gobierno como la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva, con el objetivo de que las iniciativas presentadas en materia indígena sean pronta y debidamente turnadas a las comisiones correspondientes, dictaminadas, votadas en el pleno y eventualmente promulgadas por el ejecutivo estatal.  

Estos contenidos tienen como propósito fortalecer la dignidad de las comunidades indígenas, pero, sobre todo, plantean en el fondo que estos derechos promuevan y fortalezcan la libredeterminación y autonomía de los pueblos indígenas en Baja California.

Esta agenda legislativa indígena contribuirá a generar cambios en tres dimensiones: políticas públicas, reconfiguración de las instituciones y de reconocimiento de capacidades jurídicas. Sobre todo, son cambios que reconocerán los derechos colectivos de los pueblos indígenas, promoviendo una menor discriminación y racismo, por lo que existirá una mayor inclusión y se comenzará a resarcir la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con los pueblos originarios.  

AGENDA LEGISLATIVA INDÍGENA

1. Reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público.
2. Salvaguarda de la libredeterminación y autonomía en sus diversos ámbitos.
3. Derechos de las mujeres indígenas.
4. Derechos de las niñas, niños y adolescentes indígenas.
5. Protección de la biodiversidad y medio ambiente en las comunidades indígenas bajo su propia visión.
6. Reconocimiento de los territorios indígenas y salvaguarda de los lugares sagrados y ancestrales.
7. Reconocimiento de la justicia indígena su derecho indígena y sus sistemas normativos.
8. Acceso a la jurisdicción del estado desde una perspectiva intercultural.
9. Regular la creación de la Red de traductores e intérpretes indígenas.  
10. Establecer la jurisdicción indígena.
11. Reconocimiento de los derechos políticos indígenas comunitarios y sus formas de elección.
12. Establecimiento constitucional de cuotas de participación y representación indígena en el Congreso estatal y en los ayuntamientos.
13. Proponer la ley de consulta indígena con consentimiento, libre, previa e informada.
14. Protección a los conocimientos tradicionales y la propiedad intelectual comunitaria indígena.
15. Garantizar la educación indígena, comunitaria e intercultural a nivel básico, medio y superior.
16. Proteger la salud indígena y su medicina tradicional.
17. Incidir en la regulación para que las comunidades indígenas tengan acceso a sus propios medios de telecomunicación.
18. Proponer una ley de desarrollo indígena que sea acorde a la visión y perspectiva de la comunidad indígena.
19. Establecer propuestas para salvaguardar la migración indígena, a fin de que no se vulnere su dignidad humana.
20. Proponer mejores garantías de derechos para la contratación de los jornaleros agrícolas y población indígena.
21. Garantizar los derechos de los y las trabajadoras del hogar.
22. Impulsar la creación del Sindicato de Trabajadoras del Hogar en la entidad.
23. Proponer la creación de la Secretaría Estatal de las Comunidades y Pueblos Indígenas.
24. Promover la creación del Instituto Estatal de Lenguas Indígenas.  
25. Establecer cambios en la administración pública estatal para que crear las unidades responsables de atención a los pueblos indígena en todas las dependencias.
26. Establecer el Ramo Presupuestal de desarrollo indígena para que incluya la transparencia de los recursos asignados y se desagreguen todos los programas de atención de acuerdo con su respectiva dependencia.

Se requieren que las y los diputados que conformarán la XXIV legislatura del Congreso de Baja California asuman, defiendan, promuevan, armonicen y legislen a favor de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. La omisión de la presente y las anteriores legislaturas ha escalado el nivel de petición de las comunidades y pueblos indígenas de Baja California, quienes han tenido que recurrir a las comisiones estatal y nacional de derechos humanos, así como a los tribunales, llegando incluso a tal nivel que el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California ha decretado un Incidente de Inejecución de Sentencia, es decir, que el Poder Legislativo de Baja California “incurrió en un cumplimiento defectuoso” de la sentencia dictada por dicho tribunal electoral mediante la cual mandata a las y los diputados a aprobar las reformas indígenas pendientes.

El artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el carácter pluricultural de la nación mexicana y es obligación de las legislaturas de las entidades aprobar legislaciones que incorporen los más amplios derechos a las comunidades y pueblos indígenas. El no hacerlo implica que las relaciones de tipo colonialistas que actualmente existen entre el Estado Mexicano y los indígenas seguirán reproduciéndose al negárseles a estos la capacidad jurídica de ser titulares de derechos individuales, pero, fundamentalmente, de derechos colectivos.